jueves, 13 de diciembre de 2012

Consulta Indígena y Convenio 169 en Chile: el uso y el desuso




Consulta Indígena y Convenio 169 en Chile: el uso y el desuso

 (parte I)

 Solo se le tiran piedras al árbol que da frutos
Proverbio Indú


Al menos cuatro posturas fuertes circulan en torno a la aplicación en Chile del Convenio 169 de la OIT. Todas con matices, por cierto,  todas con impulsores y detractores. Siempre con debilidades y críticas. La mayor incertidumbre frente a su implementación, es quizás, que ya han pasado cuatro años sin que ningún proceso de Consulta Indígena sea validado por los pueblos en Chile. Desde el 15/09/08  en que fue ratificado el Convenio 169 y el 15/09/2009 que entró en vigencia se han intentado realizar Consultas Indígenas: el INE y el Censo Indígena; la CONAF y el D701 de Fomento Forestal; la Reforma Constitucional y procesos migratorios a Isla de Pascua; el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; La Consulta sobre la Consulta, como principales.

Aquí presentamos una breve reseña de las posturas más fuertes sobre la forma en que debiera avanzarse en la implementación del Convenio 169:

La primera postura señala que es necesario crear un reglamento que de cuenta de los mecanismos, procedimientos y metodología de aplicación de los procesos de Consulta Indígena. Que según señalan los expertos es el corazón del Convenio 169. Encabezando la lista  de esta posición se encuentra nada menos que el relator James Anaya, quien en sus últimos comentarios (19nov2012) a la Propuesta General de Consulta (1)  o “Decreto  125”, como la denominan los pueblos indígenas, señaló: “El Relator Especial considera, como punto de partida, que la Propuesta de Nueva Normativa de Consulta representa un importante paso hacia la necesaria regulación interna del deber de consulta” (énfasis nuestro). (2)


Una segunda vía de posibilidad de implementación sostiene que es dable aplicar el Convenio 169 de la OIT de forma pura y simple. Es decir, sin ningún tipo de reglamentación que restrinja de alguna manera los derechos contenidos en este Tratado Internacional sobre Derechos Humanos.  Así y tal  como está expresado en sus 44 artículos, y, muy en particular, en los ocho en que habla de Consulta Indígena no debiera someterse a ninguna condicionante que cercene de alguna manera su fuerza normativa. A pesar que muchas organizaciones indígenas participan del proceso de elaboración de un Reglamento Especial, a poco andar del proceso, han optado por “mientras se discutan las nuevas propuestas de consulta, exigimos que se aplique de forma directa el Convenio 169 de la OIT a través de las recomendaciones del relator…siempre que se invoque dicho proceso” (3) Una subtendencia de esta posición, pero que juzgamos mayoritaria en el Estado, señala los expresado por el Tribunal Constitucional en Sentencia Nº Rol 309  (4) que sólo estableció como autoejecutable en materia de Consulta Indígena para Chile el artículo 6 en su numeral 1 letra a) y numeral 2; y además de la última línea del Artículo 7. Esto condicionaría a los demás articulados al considerarlos como programáticos o progresivos, que se conseguirán con el pasar del tiempo



Añadamos a esta revisión sumaria, como tercera corriente aquellas posiciones que aún creen que no debe aplicarse el Convenio 169 en Chile. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Lorenzo Constans, en la clausura de la ENADE 2012, señaló que dar cumplimiento al Convenio 169 “surge como una dificultad adicional" (5). Otros plantean su preocupación por “el lento avance en la creación de criterios comunes para la aplicación del convenio OIT 169, relacionado con los pueblos originarios” indicó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien además añadió: “Los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos” (6) Hay que recordar  que también existen algunos que no quisieran que existiera ningún tipo de regulación  ni derecho que se interponga a la actividad productiva empresarial; ni el Convenio 169, ni la Consulta Indígena, ni la participación ciudadana, ni royalties ni impuestos, ni mucho menos DD.HH. ni Tratados Internacionales sobre derechos de todo tipo. En fin nada entre la riqueza y quien busca apropiarla. Lastimosamente quienes así piensan no son muchos pero si muy poderosos. Capaces de permear todo tipo de vectores de opinión, medios de comunicación, instituciones, academia y muchos otros planos.

Por último, la cuarta posición que describimos promueve la idea de generar una Ley de la República que regule lo más detallado posible los procesos de Consulta Previa Indígena. El autor de esta columna suscribe desde hace un tiempo esta tesis, como lo saben varios actores con los que nos ha tocado discutir y compartir estas posiciones. No es muy generalizada pero estas posturas han ido ganando terreno en América Latina, en varios países de movimiento indígenas fuerte se ha optado por esta posibilidad, la generar una norma legislativa, en Perú, México, Ecuador y Bolivia transitan este camino. En Perú se ha llamado Ley de Consulta Previa aprobada en 2011 de la cual la propia OIT declaró que “era un paso significativo” y resaltó que la norma aprobada “recoge lo estipulado en el Convenio 169”(7).

En Bolivia el Gobierno del Presidente Evo Morales optó por promulgar en febrero de 2012 la Ley de Consulta a Los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro SéCure – Tipnis y convocar a consulta previa. La ley buscó establecer el contenido de ese proceso de consulta, sus alcances y sus procedimientos (8); aunque en el presente año comenzó la discusión de una Ley Marco de Consulta Previa en Bolivia, con impulsores y detractores. Algo similar ocurrió en México con el Anteproyecto Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, que se encuentra aún en tramitación. En Ecuador, la FENOCIN, entregó una propuesta de Ley de Consulta Prelegislativa, que aseguran permitirá “la implementación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas afroecuatorianos y montubios en disposición a la nueva constitución del Ecuador”. La propuesta considera principios como la consulta indígena, los procedimientos, mecanismos,  actores y las etapas claves para asegurar una consulta prelegislativa, que “respete la autonomía organizativa y asegure la incorporación de los consensos de la consulta realizada” (9).


Es probable que en Chile, en la siguiente administración gubernamental y teniendo en cuenta las dificultades de implementación de un proceso por al vía de la creación de un reglamento, se abra la posibilidad de discutir una Ley de Consulta Previa a los Pueblos indígenas que establezca de la mejor manera posible los avances en reconocimiento y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chile como reflejo también de los avances en el Sistema Internacional de os derechos Humanos y de los derechos de los pueblos Indígenas.

El riesgo de demorarse mucho en ponerse de acuerdo en una reglamentación de los procesos de consulta indígena es que podrían aparecer ciertas voluntades interesadas en obviar el mandato del Convenio 169 de la OIT y simplemente saltarlo. Algo similar ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Pesca y Agenda Pro Inversión y Competitividad ambos del Ministerio de Economía (10); y con el anuncio de creación del Programa de Inversión Chile Indígena de CONADI (11) con una inversión en cuatro años de unos diez millones de dólares.  No se han oído demasiadas voces reclamando en estos casos la consulta previa. Podría llegar un tiempo en que los Tribunales de Justicia dejen de acoger los reclamos por exigencia de Consulta Indígena según lo establece el Convenio 169, muchas presiones recaen ya sobre ellos.

Vale la pena recordar que las cosas se echan a perder por uso, por mal uso, pero también por desuso. No sea que ocurra algo similar con el Convenio 169.


Fernando Quilaleo
Diciembre 9 de 2012
20.35 hrs.


  
Referencias:

1)      Propuesta General de Consulta de Gobierno para Nueva Normativa de Consulta y Participación Indígena de Conformidad a los Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
3)      declaración de Santiago de los Pueblos Originarios. 2 de diciembre de 2012. Pueblos Originarios Unidos.
4)      Sentencia nº Rol 309 de Tribunal Constitucional, 4 de Agosto de 2000 en http://vlex.com/vid/-58942717


jueves, 19 de julio de 2012

Cuatro casos de semantización de la violencia política de Relación Pueblo Mapuche-Estado de Chile




No menos de 120 allanamientos en los últimos 10 años han debido padecer las comunidades mapuches, acompañados de una extrema violencia. Ellos han sido denunciados no solo por los propios afectados sino por organismos internacionales como UNICEF, quien manifestó “su preocupación frente a diversas denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza, por parte de efectivos policiales, en procedimientos efectuados en comunidades mapuche y por el impacto de los mismos sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes” (27/4/2012).

 Si se comparan los allanamientos focalizados que realiza la misma policía uniformada en la persecución de otros delitos como el tráfico de drogas en poblaciones urbanas,  es notorio el estado de alteración social que producen estas acciones en las comunidades mapuches.



Estas acciones represivas son ya habituales y organismos internacionales dudan de su origen legal y de su eficacia policial. Más bien ha comenzado a asentarse una sospecha: la de una intencionalidad punitiva en estas acciones represivas. Es decir,  la presencia de Carabineros en las comunidades no persigue delitos ni imputados sino un amendrentamieto  a los liderazgos mapuches movilizados y a los sectores más radicales de la protesta social de los comuneros. 

Aparejado a este intento de “represión extendida” se ha ido estableciendo un sistema de semantización del conflicto Estado de Chile-Pueblo Mapuche; la semantización de esta violencia está instrumentalizada por los medios de comunicación en Chile. En particular en medios como La Tercera y El Mercurio. Estos dos medios monopólicos (duopolio suele decirse) operan interviniendo directamente en la arena política del país. Es así, con los propios actores políticos de decisión donde operan. Ambos medios han mantenido su grado de influencia gracias a la “escucha” que hacer de ellos los actores y actrices en el poder. Los sectores medios, por ejemplo, volcados hoy a las redes sociales dan preferencia a otras fuentes de conocimiento noticioso.

Veamos ahora cuatro casos de formas de alteración del discurso político en la relación del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche:


1)      Primer Caso: el conflicto y la invisibilización de la responsabilidad del Estado

 
 Por qué razón opera aún la influencia de estos medios de comunicación, sencillamente porque el poder económico y político (cuando no oligárquico y plutocrático) se deja influir por ellos, en ellos publican sus dichos y en ellos se releen como una sala de chat, como un hashtag exclusivo del poder. El duopolio hace gala de eso y lo utiliza en contra de los sectores sociales que buscan realizar transformaciones. Desde esas páginas, se traspasa a los editores de televisión y de ahí a la “verdad social”. Hace unos años, en un breve análisis de discurso reconocimos un juego semiótico de Invisibilización en los procesos de semantización mediática de la violencia política (2003). En los medios de marras se solía, y se usa, la figura de “Conflicto Mapuche”. Esta figura omite uno de los términos. Porque un conflicto se constituye en una relación deteriorada entre dos actores o dos fuerzas antagónicas, al menos. Cuando se habla de Conflicto Mapuche sólo se habla de un término y, entonces, quien es el otro con el cual existe una relación deteriorada? Aquí una gráfica que puede ser útil para la visualización de las relaciones

Relación:    A    <------------ >   B

Conflicto:  A    <----------///----------> B                          

Situación de Semantización:  Pueblo Mapuche    <----------->  X  (incógnita)

Relación Conflicto: Pueblo Mapuche   <-------///------->    Estado de Chile


Al decir Conflicto Mapuche lo que hace el “duopolio” y sus lectores-seguidores es reproducir una forma de semantización de la violencia política,  y como diría el semiólogo Eliseo Verón, “toda semantización resulta de dos operaciones fundamentales realizadas por el emisor del mensaje: selección, dentro de un repertorio de unidades disponibles, y combinación de las unidades seleccionadas para formar el mensaje”. Los medios desarticulan las relaciones conflictuadas para dejar, como dicen los abogados, "todo el peso de la prueba" en una de las partes, con lo que consiguen amplificar a todo proceso que tenga por actor al elemento cuestionado, en este caso "el pueblo mapuche", y adjudicarle esa singularidad al conjunto de todo y cada uno de los elementos.


En nuestro caso, lo que hacen los medios (a iniciativa del mass-duopolio) es ocultar a uno de los protagonistas de la relación conflictuada y devolver una visión distorsionada de la realidad y generando solo un responsable, obviando la responsabilidad del Estado de Chile.


2)      Segundo caso: el sistema político de la gobernabilidad

Si el conflicto estado de chile –Pueblo mapuche es un  conflicto esencialmente político, en que intervienen una serie de combinaciones de relaciones. Relaciones económicas,  culturales, identitarias, mediáticas, de poder, opresión y punitivas. En una palabra una serie combinada de relaciones de dominación política.

La política está ausente porque nuestro propio sistema nacional de distribución del poder ha entrado en una crisis profunda de legitimidad. Las críticas acceden desde todos los sectores de la ciudadanía. No por nada su nivel de confianza en la ciudadanía según diversas encuestas gira en torno al 20% y a un rechazo que supera el 60%. Sin embargo el sistema político nacional sigue amparado, ahora en una legislación dictatorial que permite se dice la “gobernabilidad”  más que la representación.

Así los diversos actores políticos nacionales, entre los que por cierto se cuentan los pueblos indígenas y, por cierto, el Pueblo Mapuche. Este sistema político de gobernabilidad heredado de la Dictadura y sobre el cual no ha habido ánimo de cambio sino más bien de sostenimiento, permite la existencia contenida y marginal de espacio críticos a su existencia. Pero en la periferia surgen expresiones cada vez más confrontacionales.

Cual es la reacción del sistema político: la criminalización de la protesta social y la judicialización de los conflictos. Sin embargo, los Tribunales son una alternativa cuando responden a las necesidades del poder como status quo y, por el contrario, cuando operan a favor de las comunidades amenazadas dejan de ser una alternativa. Véanse los casos de los conflictos ambientales en donde los tribunales fallan en contra de las grandes empresas o, más cercano a nuestro tema, en la aplicación del Derechos a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas contenidos en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de OIT. Aquí la Corte Suprema ha fallado a favor de las comunidades y ha obligado a las empresas a realizar consulta previa pero el Capital reclama q no posee claridad de las formas de Consulta. Lo que buscan es una legislación como la Ambiental, que aunque las comunidades se opongan en los procesos de participación ciudadana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto igual se lleva a cabo, contestando las observaciones. “creemos que debe haber un pronunciamiento por parte de la autoridad sobre la lógica en que se dará por cumplido el Convenio 169”, señalaron las Generadoras y en el Diario Financiero fueron más lejos y subtitularon “Aplicación del Convenio 169 de la OIT amenaza inversiones” (4/5/2012).

Los sectores políticos sistémicos son sensibles a estas opiniones, por diversas razones que no viene al caso detallar. Lo significativo es notar que el sistema político democrático ha sido sustituido en los hechos por un sistema que busca la estabilidad económico-política y la “gobernabilidad”. A ella responde más que a la necesidad del Bien Común o la Paz Social.

La política no se mixturizó de la rica tradición de gobierno indígena y, en particular, la mapuche. En este proceso de 200 años de república la política republicana mapuche fue dejada de lado y abandonada hasta el más extremo desconocimiento, pero hay chispazos y ciertas características se dejan ver todavía. Esas expresiones del pluralismo político no sistémico inquieta, tensiona y denuncia a la “gobernabilidad” de los consensos o los acuerdos. El sistema político nacional de la Gobernabilidad denuncia como “delincuentes comunes” a los mapuche en los años 90 (al Consejo de Todas las Tierras) y como “terroristas” a las comunidades en conflicto de la Coordinadora Arauco Malleco a partir del año 2000 (Salazar y Pinto, 1999).

Cómo es posible representar las características socio-culturales de los pueblos indígenas. El sistema político chileno, ya suficientemente consolidado no busca la expresión de estos y otros sectores sociales; sino la perpetuación de un modelo de consensos y gobernabilidad que margina y excluye a amplios sectores de la sociedad, entre ellos los pueblos originarios.


3)      Tercer caso de semantización: La invención del Terrorismo

La Fiscalía se ha inventado el terrorismo en un país donde no existe el terrorismo para justificar su persecución. En esta categoría han encajonado a los líderes mapuche y a otros dirigentes sociales. La Fiscalía, si bien contaba con una definición amplia del terrorismo, pero existe consenso societal que no existe terrorismo en Chile y más bien han sido los fiscales persecutores los que han generado dispositivos para hacer aparecer como si existiera, acusados incluso de montaje en casos como los comuneros mapuche, el joven paquistaní o el caso bombas. La concepción forzada que hace la fiscalía del terrorismo, amparada en la interpretación de la ley, los hace ver su invención como una realidad fuera de ellos, que es alimentada, y perseguida y reproducida por el mismo dispositivo (26/10/2010).

Ante cualesquier manifestación de la otredad marginada el sistema político de la Gobernabilidad no puede sino aplicar la violencia monopolizada por el Estado. Lejos del reconocimiento de la propia imposibilidad de solución, lo que hace mediante una semantización de esa violencia que el mismo sistema aplica es acusar a los otros de responder a esa violencia. Sin embargo esa respuesta seguirá creciendo y ganando legitimidad; a contramano la violencia monopólica del estado seguirá aumentando en una espiral sin fin.

Otros organismos internacionales ya lo habían advertido muchos años antes, por ejemplo Human Rights Watch “"Es profundamente lamentable que las autoridades hayan convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de contención a la violencia en el sur del país" (24/4/2004). Los gobiernos desoyeron las recomendaciones de un sinnúmero de observadores sobre la criminalización de la protesta social mapuche por ejemplo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. En su informe de 2003! el Relator Rodolfo Stavenhagen expresó su preocupación por la criminalización de las demandas mapuches e instó a las autoridades a buscar soluciones negociadas al problema amparado en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.


4)      Cuarto Caso de Semantización: la estructura compacta del pensamiento político mapuche

Entre muchas otras que sería posible referir, constatamos aquí tres operaciones discursivas que circulan en el contexto social mediático de las relaciones entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. No menos distintas son las circunstancias que les toca vivir a los pueblos aymara, kechwa y diaguitas con las mineras en el Norte, otros pueblos originarios y otros sectores sociales.

Tanto la negación de las responsabilidades de la sociedad chilena, como la creación ficticia de un enemigo poderoso para reprimir hasta el crimen y una política de consenso por la gobernabilidad que margina expresiones políticas críticas, son expresiones de este contexto comunicacional donde se mueve la opinión política de la sociedad, es decir es un particular  dispositivo de modelación/mediación mediante  el cual los ciudadanos y ciudadanas adquieren conciencia de los conflictos sociales y de las alternativas que pueden construir para resolverlos.

La sociedad chilena y, por cierto, los medios de comunicación suelen mirar como un todo compacto, monolítico y sin fisuras al movimiento mapuche. Pero esta quizás sea una forma más de semantización. Es plausible y, hasta, de sentido común que en un pueblo, por homogéneo que este sea, no es posible arribar a una sola postura común ni a un solo vehículo de transformación de sus condiciones, más aún cuando estas son de opresión. Hay cierta imposibilidad de expresión pública de estas diferencias en contexto de represión y pérdida de hegemonía. Es de mi interés mostrar aquí, en breve, las dos posturas fuertes dentro del programa político del movimiento mapuche: por un lado, la postura de llamada “autónoma de partidos” y, por otro lado, una “expresión participativa”.

La postura “autónoma de partidos” descree de las expresiones de participación política, de todo tipo de relaciones con el Estado. Plantea una dura crítica a sistema político partidario chileno y busca levantar una postura autónoma en tanto su relación a partidos, sistemas religiosos o culturales; consideran que han sido hasta ahora de sumisión y obediencia. Ha buscado formas de acción política directa y reconstitución de liderazgos ancestrales. En algunos casos se articuló en una expresión anti-capitalista, como es el caso de la Coordinadora Arauco Malleco (2012) o en la formulación de un “autogobierno mapuche del BioBio al Sur” en el caso del Consejo de Todas las Tierras (2009) o la “rearticulación como Nación desde los territorios ancestrales” en el caso de la Alianza Territorial Mapuche que ha llevado adelante los últimos procesos de movilización, como el de la comunidad Wente Winkul Mapu.

Por otro lado una serie de liderazgos políticos mapuches buscan generar cambios con propuestas mapuches que participan en los espacios estatales o sistémicos, e incluso desde el interior de las fuerzas políticas nacionales, intentando transformaciones a través de la incidencia y la participación política. Estas formas de expresión tienen ciertos avances en el nivel local a través de la elección de concejales y unos pocos alcaldes. En espacios como el Consejo Nacional de la Conadi, centros académicos; existe una presencia en el aparato interno de los partidos políticos y algunas expresiones mediáticas.

Ambas posturas coexisten y en algunos momentos establecen ciertos acuerdos en torno a objetivos comunes, como la defensa de la Tierra y el territorio, de la profundización de la identidad, de la conservación y rescate de las prácticas culturales, del uso y valoración del idioma, entre otras muchas. Sin embargo es en la relación con el otro nacional, con el estado de Chile, su sociedad y sus expresiones orgánico-institucionales donde se generan mayoritariamente los desacuerdos. En muchos casos son las organizaciones representantes de la primera tendencia “autónoma de partidos” las que aparecen como la representación más visible y legítima de las demandas y derechos de los pueblos indígenas. Incluso al interior de las mismas fuerzas políticas que no reconocen la necesidad de existencia de formas propia de enunciación política los pueblos indígenas ya sea autónoma de los partidos o ya sea en sus fuerzas partidarias.

Ambos sectores suman experiencias y desencuentros, al tiempo que el imaginario nacional las hace ver como una sola manifestación, de un solo pueblo, compacto e impenetrable, esta visión es una forma de adulteración del variado pensamiento político mapuche, una semantización que persigue, a nuestro juicio, una nueva forma de menosprecio.

Hay cierta coincidencia en los discursos sociales que la situación de las relaciones entre el pueblo mapuche y el estado de Chile debe tener una salida política. Sin embargo los partidos y el sistema político continúan alimentando lógicas de consenso y gobernabilidad más que de representación y transformación. En la posibilidad de abrir espacios de participación directa de estos sectores se juega buena parte del futuro de estas relaciones sociales en el país; no es muy claro aún si seguirán siendo de criminalización y represión o se buscará una alternativa de expresión, participación y cambios.

Fernando Quilaleo
Periodista.
30  junio. 17.30 hrs.



Referencias
-Fernando Quilaleo “el reconocimiento a la Autonomía: una posibilidad de superar la racionalidad wigka. En: Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Tendencias Internacionales y Contexto Chileno”. José Aylwin Editor. Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Temuco. 2003.  http://searchworks.stanford.edu/view/7540861
- Eliseo Verón:Ideología y comunicación de masas: La semantización de la violencia Política”, en VV.AA. Lenguaje y comunicación social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971 pg.8. Ver en: http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/veron.pdf. 

-Diario Financiero http://web.sofofa.cl/Noticias/tras-el-morro-comunidades-extenderan-consultas-a-tres-proyectos-mineros/
-Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile II, Actores, Identidad y Movimientos. Capitulo IV. “Las Etnias Indígenas”. LOM, 1999 Pg. 171.
 -http://www.elciudadano.cl/2010/10/26/28068/los-fiscales-y-la-invencion-del-terrorismo/
-http://www.biobiochile.cl/2012/04/24/unicef-preocupada-por-creciente-conflictividad-y-violencia-entre-estado-y-comunidades-mapuche.shtml
-  Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile. E/CN.4/2004/80/Add.3 17 de noviembre de 2003.  http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/staven6.html
 - Fernando Pairican. 2012.  La Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) y su lucha contra el capital” http://www.werken.cl/?p=259

lunes, 20 de febrero de 2012

La Huella Narrativa. Fotografía Mapuche Urbana (1930-1950)

Anticipamos aquí algunas notas de una investigación que venimos desarrollando desde hace algún tiempo y esperamos vea la luz este 2012. Se trata de recopilación, respaldo digital, análisis e interpretación de las fotografías retrato tomadas por los mapuches migrantes a Santiago en torno a la primera mitad del Siglo XX.

Estela Inés Peña y Segundo Quilaleo Canuiqueo. Santiago,enero 2 de 1938
Hemos dicho en otras oportunidades que el cambio cultural y estructural más importante que vivió el pueblo Mapuche en el siglo XX fue la autogeneración de lo que se vino en llamar Mapuche Urbano. Y lo volvemos a afirmar.

El proceso migratorio campo-ciudad más intenso para el Pueblo Mapuche se vivió en las primeras décadas posteriores a la radicación (1881-1929). Un proceso que se verificó en los años posteriores a la Ocupación Militar del Territorio Mapuche por el Ejército chileno, conocido en la historiografía oficial como “Pacificación de la Araucanía”.

En el proceso de radicación se otorgaron en poco menos de 50 años 3.078 títulos de Merced, sobre 475 mil hectáreas y una población de 77.750 personas, según los datos del Informe del DASIN al VII Congreso Indigenista “Chile, EL Problema Mapuche” ( México, 1972).

La tasa de crecimiento y la estrechez territorial provocó la expulsión de la población joven de las comunidades y empujó la migración campo-ciudad, hacia la capital, que comenzaba un periodo de florecimiento industrial y modernizador.

Foto de C. Munizaga 1960
Testimonio de esta transición migratoria fueron los jóvenes mapuche, que debieron abandonar sus comunidades, y se vieron forzados a comenzar esta aventura hacia el espacio desconocido de la ciudad moderna, y con mínimas posibilidades de retorno. Habían sido ya socializados en sus prácticas culturales, tenían conocimiento de su idioma materno, el mapucezugun, sus  competencias laborales estaban ligadas al campo y a los ciclos agrícolas. Provenían de sectores aislados de poco, o nulo, contacto con los avances de la modernidad. Para ellos era desconocido la radio, el cine, la electricidad, las industrias, los automóviles, las fotografías y muchos otros avances. Llegaron a un país desconocido, con dificultades de inserción social y laboral, sin redes, con mínimas oportunidades y, sobre todo, debieron soportar una discriminación feroz por su origen cultural, condición económica y de género. Detalles ilustrativos de este proceso pueden encontrarse en Vida de un Araucano, del Profesor Carlos Munizaga A., CEA U de Chile, 1960 y por cierto en su valioso texto “Estructuras transicionales en la migración de los araucanos de hoy a la ciudad de Santiago de Chile”, 1961. Existe una versión digital muy útil en el sitio www.cultura-urbana.cl.

Los jóvenes de aquella época, adolescentes aún, gracias a su tenacidad, a su capacidad de resistencia a lo inhóspito, a la gran habilidad de supervivencia y al esfuerzo por salir adelante se abrieron paso en diversas labores y trabajos. Los varones buscaron empleo en panaderías, en la construcción, en carabineros y en otros oficios de menor calificación pero que aseguraban ingreso y, en  muchos casos, un lugar donde alojar. Para las mujeres  no fue distinto y encontraron trabajo como empleadas de casa particular u obreras textiles. Una muestra de estos procesos  en nuestro trabajo “Largo Viaje de los Mapuche Urbanos” en http://kilaleo.blogspot.com/2011/08/largo-viaje-de-los-mapuche-urbanos.html


Una generación completa se abría paso con atrevimiento y decisión, ocultando su origen cultural, enmudeciendo su idioma, reconociendo la sociedad en la que se instalaban y buscando afectos. El cariño y protección lo construyeron con sus pares, con sus compañeros de trabajo, en el sindicato y con sus hermanos de iglesia. Sus novios y novias provenían de la misma condición social y origen cultural, padecían las mismo racismo y la misma fuerza para salir adelante. Se conocían, se “juntaban”, se enamoraban, se casaban e iniciaban una familia nueva. Que no era parte de la sociedad moderna, al menos así se lo hacía saber, seguían siendo mapuche lejos de su tierra. Al mismo tiempo, su solidaridad los hacía volver mirada a la comunidad y ofrecer a la siguiente oleada migratoria, a la siguiente generación, una casa donde llegar, un techo para cobijarse, una cama para dormir y una familia que sería el punto de partida para repetir la hazaña de la migración.

Foto de C.Munizaga 1960
Los lugares comunes de interacción de estas primeras generaciones de inmigrantes fueron el Barrio de Estación Central, el Cerro Welen (Santa Lucía) y el Parque Forestal, la Quinta Normal, el Parque Cousiño (actual Parque O’higgins). Todos ellos espacios de diversión y esparcimiento dominical que servían al mismo tiempo como lugares de reencuentro,  de reconocimiento y membresía de una historia común. Habían otros que también hacían frente al abandono, la distancia, el esfuerzo, la incomprensión, la marginalidad y la discriminación. Véase Introducción a la Educación Intercultural Bilingüe en Chile, Eliseo Cañulef M., UFRO, (s/f en original)

            Testimonio de esas experiencias son la fotografía dominical disparada, casi siempre, por fotógrafos de caballete. Se debe considerar que la fotografía era un esfuerzo económico para los débiles bolsillos de obreros no-calificados, por ello, constituía un bien atesorado. La fotografía fue por varias décadas un lujo, del que sólo se conservaban unas pocas en cada familia de los momentos más significativos. Instante único e irrepetible, un hito que plasmaría el instante pasajero en la vida del exilio mapuche. La fotografía convertida en un testimonio no dimensionado en el momento de la obturación pero que con el correr de los años se fue convirtiendo en el retrato excepcional e inolvidable de los duros años del destierro.

No son fotografías desgarradoras  sino, por el contrario, llenas de alegría, de unos chispazos de paz, de diversión, de amor y de consuelo compartido con las que serían sus mujeres y hombres en los largos años de pobreza y esfuerzo que les tocaba vivir sin descanso. Hoy son esas fotos nuestro  patrimonio familiar, tesoro y memoria.

Foto de C.Munizaga 1960
Esas fotografías cuentan una parte de nuestra historia, el fin de un proceso inmanente, la captura narrativa del retrato y que nos ofrece hoy la posibilidad de rescatarla para nuestra propia historia, de la existencia del espacio mapuche urbano. La fotografía cumple aún un rol central en los procesos sociopolíticos de la modernidad pero, como muchas cosas, su abundancia la ha convertido en insignificante. Cuantas fotografías se guardaban en los 40 o 50, una o dos?, y cuántas se conservan almacenadas hoy mil, dos mil, tres mil? Algunas no serán vueltas a ver. De esas mil realizamos una selección de 100 o 200 que se comparten en las redes sociales, Flickr, Facebook, Twitter o en blogs. Pero aquellas que sobreviven a la selección siguen conservando, quizás, lo mismos rasgos primarios que encontramos en las fotografías de la migración mapuche, como dijera Roland Barthes en El Mensaje Fotográfico: “Si bien es cierto que la imagen no es lo real, es por lo menos su analogon perfecto, y es precisamente esa perfección analógica lo que, para el sentido común, define la fotografía” quizás sea esa capacidad analógica de lo real la que nos permite refrescar la memoria. Fotografía y memoria son el cara y sello de una misma moneda.

La fotografía de este periodo, de este proceso, de esta hazaña, tiene su significación otorgada por la memoria y la cotidianidad actual. Descifrada por la memoria ajustada a los contextos de hoy y releída medio siglo después. La relación de significación es reconstruida desde ese significante (la fotografía familia) con el nuevo significado iluminado por la memoria, por la historia y por la política. Hemos buscado dar impulso dialógico y dialéctico de aquella huella y de nuestros actuales códigos y contextos para su lectura, comprensión y proyección.





Fernando Quilaleo A.
Periodista
Febrero 18 de 2012
20.30 hrs.