No menos de 120
allanamientos en los últimos 10 años han debido padecer las comunidades
mapuches, acompañados de una extrema violencia. Ellos han sido denunciados no solo
por los propios afectados sino por organismos internacionales como UNICEF,
quien manifestó “su preocupación frente a diversas denuncias sobre uso
desproporcionado de la fuerza, por parte de efectivos policiales, en
procedimientos efectuados en comunidades mapuche y por el impacto de los mismos
sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes” (27/4/2012).
Si se comparan los allanamientos focalizados
que realiza la misma policía uniformada en la persecución de otros delitos como
el tráfico de drogas en poblaciones urbanas, es notorio el estado de alteración social que
producen estas acciones en las comunidades mapuches.
Estas acciones
represivas son ya habituales y organismos internacionales dudan de su origen
legal y de su eficacia policial. Más bien ha comenzado a asentarse una sospecha:
la de una intencionalidad punitiva
en estas acciones represivas. Es decir, la presencia de Carabineros en las comunidades
no persigue delitos ni imputados sino un amendrentamieto a los liderazgos mapuches movilizados y a los
sectores más radicales de la protesta social de los comuneros.
Aparejado a este
intento de “represión extendida” se ha ido estableciendo un sistema de
semantización del conflicto Estado de Chile-Pueblo Mapuche; la semantización de
esta violencia está instrumentalizada por los medios de comunicación en Chile.
En particular en medios como La
Tercera y El Mercurio. Estos dos medios monopólicos (duopolio
suele decirse) operan interviniendo directamente en la arena política del país.
Es así, con los propios actores políticos de decisión donde operan. Ambos
medios han mantenido su grado de influencia gracias a la “escucha” que hacer de
ellos los actores y actrices en el poder. Los sectores medios, por ejemplo,
volcados hoy a las redes sociales dan preferencia a otras fuentes de
conocimiento noticioso.
Veamos ahora cuatro
casos de formas de alteración del discurso político en la relación del Estado
de Chile con el Pueblo Mapuche:
1)
Primer Caso: el conflicto y la invisibilización de la
responsabilidad del Estado
Por qué razón
opera aún la influencia de estos medios de comunicación, sencillamente porque
el poder económico y político (cuando no oligárquico y plutocrático) se deja
influir por ellos, en ellos publican sus dichos y en ellos se releen como una
sala de chat, como un hashtag exclusivo del poder. El duopolio hace gala de eso y lo utiliza en contra de los
sectores sociales que buscan realizar transformaciones. Desde esas páginas, se
traspasa a los editores de televisión y de ahí a la “verdad social”. Hace unos
años, en un breve análisis de discurso reconocimos un juego semiótico de
Invisibilización en los procesos de semantización mediática de la violencia
política (2003). En los medios de marras se solía, y se usa, la figura de
“Conflicto Mapuche”. Esta figura omite uno de los términos. Porque un conflicto
se constituye en una relación deteriorada entre dos actores o dos fuerzas
antagónicas, al menos. Cuando se habla de Conflicto Mapuche sólo se habla de un
término y, entonces, quien es el otro con el cual existe una relación
deteriorada? Aquí una gráfica que puede ser útil para la visualización de las
relaciones
Relación: A <------------ > B
Conflicto: A <----------///----------> B
Situación de Semantización: Pueblo Mapuche <-----------> X (incógnita)
Relación
Conflicto: Pueblo Mapuche <-------///-------> Estado de Chile
Al decir
Conflicto Mapuche lo que hace el “duopolio” y sus lectores-seguidores es
reproducir una forma de semantización de la violencia política, y como diría el semiólogo Eliseo Verón, “toda
semantización resulta de dos operaciones fundamentales realizadas por el emisor
del mensaje: selección, dentro de un repertorio de unidades disponibles, y
combinación de las unidades seleccionadas para formar el mensaje”. Los medios desarticulan las relaciones conflictuadas para dejar, como dicen los abogados, "todo el peso de la prueba" en una de las partes, con lo que consiguen amplificar a todo proceso que tenga por actor al elemento cuestionado, en este caso "el pueblo mapuche", y adjudicarle esa singularidad al conjunto de todo y cada uno de los elementos.
En nuestro caso,
lo que hacen los medios (a iniciativa del mass-duopolio)
es ocultar a uno de los protagonistas de la relación conflictuada y devolver
una visión distorsionada de la realidad y generando solo un responsable, obviando la responsabilidad del Estado de Chile.
2)
Segundo caso: el sistema político de la gobernabilidad
Si el conflicto estado
de chile –Pueblo mapuche es un conflicto
esencialmente político, en que intervienen una serie de combinaciones de
relaciones. Relaciones económicas,
culturales, identitarias, mediáticas, de poder, opresión y punitivas. En
una palabra una serie combinada de relaciones de dominación política.
La política está
ausente porque nuestro propio sistema nacional de distribución del poder ha
entrado en una crisis profunda de legitimidad. Las críticas acceden desde todos
los sectores de la ciudadanía. No por nada su nivel de confianza en la
ciudadanía según diversas encuestas gira en torno al 20% y a un rechazo que
supera el 60%. Sin embargo el sistema político nacional sigue amparado, ahora
en una legislación dictatorial que permite se dice la “gobernabilidad” más que la representación.
Así los diversos
actores políticos nacionales, entre los que por cierto se cuentan los pueblos
indígenas y, por cierto, el Pueblo Mapuche. Este sistema político de gobernabilidad
heredado de la Dictadura
y sobre el cual no ha habido ánimo de cambio sino más bien de sostenimiento,
permite la existencia contenida y marginal de espacio críticos a su existencia.
Pero en la periferia surgen expresiones cada vez más confrontacionales.
Cual es la
reacción del sistema político: la criminalización de la protesta social y la
judicialización de los conflictos. Sin embargo, los Tribunales son una
alternativa cuando responden a las necesidades del poder como status quo y, por
el contrario, cuando operan a favor de las comunidades amenazadas dejan de ser
una alternativa. Véanse los casos de los conflictos ambientales en donde los
tribunales fallan en contra de las grandes empresas o, más cercano a nuestro
tema, en la aplicación del Derechos a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas
contenidos en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de OIT. Aquí la Corte Suprema ha
fallado a favor de las comunidades y ha obligado a las empresas a realizar
consulta previa pero el Capital reclama q no posee claridad de las formas de
Consulta. Lo que buscan es una legislación como la Ambiental, que aunque
las comunidades se opongan en los procesos de participación ciudadana del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto igual se lleva a cabo, contestando
las observaciones. “creemos que debe haber un pronunciamiento por parte de la
autoridad sobre la lógica en que se dará por cumplido el Convenio 169”, señalaron las
Generadoras y en el Diario Financiero fueron más lejos y subtitularon “Aplicación
del Convenio 169 de la OIT
amenaza inversiones” (4/5/2012).
Los sectores
políticos sistémicos son sensibles a estas opiniones, por diversas razones que
no viene al caso detallar. Lo significativo es notar que el sistema político
democrático ha sido sustituido en los hechos por un sistema que busca la
estabilidad económico-política y la “gobernabilidad”. A ella responde más que a
la necesidad del Bien Común o la
Paz Social.
La política no
se mixturizó de la rica tradición de gobierno indígena y, en particular, la
mapuche. En este proceso de 200 años de república la política republicana
mapuche fue dejada de lado y abandonada hasta el más extremo desconocimiento,
pero hay chispazos y ciertas características se dejan ver todavía. Esas
expresiones del pluralismo político no sistémico inquieta, tensiona y denuncia
a la “gobernabilidad” de los consensos o los acuerdos. El sistema político
nacional de la
Gobernabilidad denuncia como “delincuentes comunes” a los
mapuche en los años 90 (al Consejo de Todas las Tierras) y como “terroristas” a
las comunidades en conflicto de la Coordinadora Arauco
Malleco a partir del año 2000 (Salazar y Pinto, 1999).
Cómo es posible
representar las características socio-culturales de los pueblos indígenas. El
sistema político chileno, ya suficientemente consolidado no busca la expresión
de estos y otros sectores sociales; sino la perpetuación de un modelo de
consensos y gobernabilidad que margina y excluye a amplios sectores de la
sociedad, entre ellos los pueblos originarios.
3)
Tercer caso de semantización: La invención del Terrorismo
La Fiscalía se ha inventado el terrorismo en un país donde no existe el
terrorismo para justificar su persecución. En esta categoría han encajonado a
los líderes mapuche y a otros dirigentes sociales. La Fiscalía, si bien contaba
con una definición amplia del terrorismo, pero existe consenso societal que no
existe terrorismo en Chile y más bien han sido los fiscales persecutores los
que han generado dispositivos para hacer aparecer como si existiera, acusados
incluso de montaje en casos como los comuneros mapuche, el joven paquistaní o
el caso bombas. La concepción forzada que hace la fiscalía del terrorismo,
amparada en la interpretación de la ley, los hace ver su invención como una
realidad fuera de ellos, que es alimentada, y perseguida y reproducida por el
mismo dispositivo (26/10/2010).
Ante cualesquier
manifestación de la otredad marginada el sistema político de la Gobernabilidad no
puede sino aplicar la violencia monopolizada por el Estado. Lejos del
reconocimiento de la propia imposibilidad de solución, lo que hace mediante una
semantización de esa violencia que el mismo sistema aplica es acusar a los
otros de responder a esa violencia. Sin embargo esa respuesta seguirá creciendo
y ganando legitimidad; a contramano la violencia monopólica del estado seguirá
aumentando en una espiral sin fin.
Otros organismos
internacionales ya lo habían advertido muchos años antes, por ejemplo Human
Rights Watch “"Es profundamente lamentable que las autoridades hayan
convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de
contención a la violencia en el sur del país" (24/4/2004). Los gobiernos
desoyeron las recomendaciones de un sinnúmero de observadores sobre la
criminalización de la protesta social mapuche por ejemplo el Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas. En su informe de 2003! el Relator Rodolfo
Stavenhagen expresó su preocupación por la criminalización de las demandas
mapuches e instó a las autoridades a buscar soluciones negociadas al problema
amparado en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
4)
Cuarto Caso de Semantización: la estructura compacta del pensamiento
político mapuche
Entre muchas
otras que sería posible referir, constatamos aquí tres operaciones discursivas
que circulan en el contexto social mediático de las relaciones entre el Estado
de Chile y el Pueblo Mapuche. No menos distintas son las circunstancias que les
toca vivir a los pueblos aymara, kechwa y diaguitas con las mineras en el
Norte, otros pueblos originarios y otros sectores sociales.
Tanto la negación de las responsabilidades de la sociedad chilena,
como la creación ficticia de un enemigo poderoso para reprimir hasta el crimen
y una política de consenso por la gobernabilidad que margina expresiones
políticas críticas, son expresiones de este contexto comunicacional donde se
mueve la opinión política de la sociedad, es decir es un particular dispositivo de modelación/mediación mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas adquieren conciencia de los conflictos sociales y de
las alternativas que pueden construir para resolverlos.
La sociedad
chilena y, por cierto, los medios de comunicación suelen mirar como un todo compacto,
monolítico y sin fisuras al movimiento mapuche. Pero esta quizás sea una forma
más de semantización. Es plausible y, hasta, de sentido común que en un pueblo,
por homogéneo que este sea, no es posible arribar a una sola postura común ni a
un solo vehículo de transformación de sus condiciones, más aún cuando estas son
de opresión. Hay cierta imposibilidad de expresión pública de estas diferencias
en contexto de represión y pérdida de hegemonía. Es de mi interés mostrar aquí,
en breve, las dos posturas fuertes dentro del programa político del movimiento mapuche: por un lado, la postura
de llamada “autónoma de partidos” y, por otro lado, una “expresión
participativa”.
La postura
“autónoma de partidos” descree de las expresiones de participación política, de
todo tipo de relaciones con el Estado. Plantea una dura crítica a sistema
político partidario chileno y busca levantar una postura autónoma en tanto su
relación a partidos, sistemas religiosos o culturales; consideran que han sido
hasta ahora de sumisión y obediencia. Ha buscado formas de acción política
directa y reconstitución de liderazgos ancestrales. En algunos casos se
articuló en una expresión anti-capitalista, como es el caso de la Coordinadora Arauco
Malleco (2012) o en la formulación de un “autogobierno mapuche del BioBio al
Sur” en el caso del Consejo de Todas las Tierras (2009) o la “rearticulación
como Nación desde los territorios ancestrales” en el caso de la Alianza Territorial
Mapuche que ha llevado adelante los últimos procesos de movilización, como el
de la comunidad Wente Winkul Mapu.
Por otro lado
una serie de liderazgos políticos mapuches buscan generar cambios con propuestas
mapuches que participan en los espacios estatales o sistémicos, e incluso desde
el interior de las fuerzas políticas nacionales, intentando transformaciones a
través de la incidencia y la participación política. Estas formas de expresión
tienen ciertos avances en el nivel local a través de la elección de concejales y
unos pocos alcaldes. En espacios como el Consejo Nacional de la Conadi, centros académicos;
existe una presencia en el aparato interno de los partidos políticos y algunas expresiones
mediáticas.
Ambas posturas coexisten
y en algunos momentos establecen ciertos acuerdos en torno a objetivos comunes,
como la defensa de la Tierra
y el territorio, de la profundización de la identidad, de la conservación y
rescate de las prácticas culturales, del uso y valoración del idioma, entre
otras muchas. Sin embargo es en la relación con el otro nacional, con el estado
de Chile, su sociedad y sus expresiones orgánico-institucionales donde se generan
mayoritariamente los desacuerdos. En muchos casos son las organizaciones
representantes de la primera tendencia “autónoma de partidos” las que aparecen
como la representación más visible y legítima de las demandas y derechos de los
pueblos indígenas. Incluso al interior de las mismas fuerzas políticas que no
reconocen la necesidad de existencia de formas propia de enunciación política
los pueblos indígenas ya sea autónoma de los partidos o ya sea en sus fuerzas
partidarias.
Ambos sectores
suman experiencias y desencuentros, al tiempo que el imaginario nacional las
hace ver como una sola manifestación, de un solo pueblo, compacto e
impenetrable, esta visión es una forma de adulteración del variado pensamiento
político mapuche, una semantización que persigue, a nuestro juicio, una nueva
forma de menosprecio.
Hay cierta
coincidencia en los discursos sociales que la situación de las relaciones entre
el pueblo mapuche y el estado de Chile debe tener una salida política. Sin
embargo los partidos y el sistema político continúan alimentando lógicas de
consenso y gobernabilidad más que de representación y transformación. En la
posibilidad de abrir espacios de participación directa de estos sectores se juega
buena parte del futuro de estas relaciones sociales en el país; no es muy claro
aún si seguirán siendo de criminalización y represión o se buscará una
alternativa de expresión, participación y cambios.
Fernando Quilaleo
Periodista.
30 junio. 17.30 hrs.
Referencias
-Fernando
Quilaleo “el reconocimiento a la
Autonomía: una posibilidad de superar la racionalidad wigka.
En: Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Tendencias Internacionales y Contexto
Chileno”. José Aylwin Editor. Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Temuco.
2003.
http://searchworks.stanford.edu/view/7540861
- Eliseo
Verón: “Ideología y comunicación de
masas: La semantización de la violencia Política”, en VV.AA. Lenguaje
y comunicación social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971 pg.8. Ver en:
http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/veron.pdf.
-Diario Financiero
http://web.sofofa.cl/Noticias/tras-el-morro-comunidades-extenderan-consultas-a-tres-proyectos-mineros/
-Gabriel Salazar y Julio Pinto.
Historia Contemporánea de Chile II, Actores, Identidad y Movimientos. Capitulo
IV. “Las Etnias Indígenas”. LOM, 1999 Pg. 171.
-http://www.elciudadano.cl/2010/10/26/28068/los-fiscales-y-la-invencion-del-terrorismo/
-http://www.biobiochile.cl/2012/04/24/unicef-preocupada-por-creciente-conflictividad-y-violencia-entre-estado-y-comunidades-mapuche.shtml
-
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile.
E/CN.4/2004/80/Add.3 17 de noviembre de 2003.
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/staven6.html
Por último, la cuarta posición que
describimos promueve la idea de generar una Ley de la República que regule lo
más detallado posible los procesos de Consulta Previa Indígena. El autor de
esta columna suscribe desde hace un tiempo esta tesis, como lo saben varios
actores con los que nos ha tocado discutir y compartir estas posiciones. No es
muy generalizada pero estas posturas han ido ganando terreno en América Latina,
en varios países de movimiento indígenas fuerte se ha optado por esta
posibilidad, la generar una norma legislativa, en Perú, México, Ecuador y Bolivia
transitan este camino. En Perú se ha llamado Ley de Consulta Previa aprobada en
2011 de la cual la propia OIT declaró que “era un paso significativo” y resaltó
que la norma aprobada “recoge lo estipulado en el Convenio 169”(7).
