Autonomistas y Participacionistas. El Pensamiento Político Mapuche Actual

Los massmedia en Chile suelen presentan a los pueblos indígenas como un todo compacto. Un bloque monolítico que pensaría del mismo modo, contendría idénticas ideas y sostendría opiniones equivalentes. Por esta razón, la sociedad tiende a visualizar al Pueblo Mapuche  como una agrupación humana de pensamiento político compacto, casi sin fisuras. Esto lleva a configurarlo como poseedor de un pensamiento político único. Los medios hacen extensible este criterio simplificador también a otros pueblos indígenas en el país. Este pensamiento unidimensional, para decirlo con palabras de Marcuse, estaría desprovisto de toda densidad política y aplanaría la diversidad de los pueblos. Esta tesis intentaremos discutir con una pequeña muestra.

Esta visión monolítica del pensamiento político mapuche actual reduce el campo expresivo de las ideas propias que se articulan en su interior. Esta arquitectónica integrista lejos de beneficiar el análisis lo recubre de un velo dogmático del que debiéramos intentar escapar. Para evitar esta trampa es que debiera ser posible mostrar la riqueza de debate sin evaluaciones a priori. La suma de las variadas ideas fuerzas de la reflexión política viene a constituir, lo que llamamos, el pensamiento político mapuche actual. 

Revisaremos aquí,  dos posturas fuertes dentro del programa político mapuche: por un lado, la postura autonomista,  que hace referencia a diversos procesos, temáticas y filosofía política de descolonización y contiene a distintos actores. Una segunda línea de expresión es lo que llamaremos corriente participacionista compuesta por una ciudadanía mapuche que busca la inclusión dentro de los procesos de toma de decisión política del Estado. Ambas posturas presentan en su interior, si se desagregan, una multiplicidad de enfoques que mucho tienen que ver con el contexto o coyuntura de la acción política en la cual se mueven.

A lo largo del siglo XX los líderes políticos mapuche  dejarán atrás “la autodefinición de raza para dar lugar al uso del concepto pueblo. Con ellos se esboza demandas colectivas, como la autonomías y autodeterminación, en directa relación con una autodefinición colectiva de nación desde la década de los noventa hasta hoy”[i]. Los pueblos originarios construyeron, fundamentalmente en las últimas dos décadas, un pensamiento político indígena propio que fue tributario de los debates y visiones anteriores, entre las que podemos resumir: integracionistas, indianistas y desarrollistas. Las ideas indígenas en Chile han pasado de la lucha por el reconocimiento y el desarrollo, a  la lucha por los derechos y la autonomía, lo que incluye una fuerte denuncia de procesos de dominación en las relaciones con el Estado de Chile[ii].

 Aquellas posiciones, que denominaremos participacionistas, colocan en el centro la necesidad de construir un nuevo acuerdo con el Estado de Chile, basado en el ejercicio de derechos y una legítima representación y participación de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisión nacional. Por otro lado, las posiciones autonomistas destacan el ejercicio del derecho a la libre-determinación y el auto-gobierno indígena como articulador de sus propuestas políticas, llegando a posiciones que establecen en el actuar del Estado una acción de sometimiento político hacia el pueblo mapuche.

La postura autonomista se manifiesta en diversas expresiones, tal vez la corriente más fuerte es aquélla que define autonomía como expresión de acción política  “autónoma de partidos” no indígenas, y sostiene una (o varias) propuesta (s) de autonomía política mapuche. Estas posiciones descreen de las expresiones de participación política; de hecho niegan casi todo tipo de relaciones con el Estado. Plantean una crítica al sistema político representativo y persiguen levantar una postura autónoma, en tanto a su relación con las orgánicas partidarias que se hace extensiva a una voluntad de autonomía a sistemas religiosos, filosóficos  o culturales ajenos. Consideran que las relaciones del pueblo mapuche con las instituciones no-indígenas han sido hasta ahora de sumisión y obediencia. Han buscado formas de acción política directa y reconstitución de liderazgos ancestrales. En algunos casos se articuló en una expresión anti-capitalista, como es el caso de la Coordinadora Arauco Malleco[iii]  o en la formulación de un “autogobierno mapuche del BioBio al Sur” en el caso del Consejo de Todas las Tierras[iv]  o la “rearticulación como Nación desde los territorios ancestrales”[v] en el caso de la Alianza Territorial Mapuche que ha llevado adelante los últimos procesos de movilización, entre otros actores que podríamos destacar.

Por otro lado, una segunda postura,  es aquella que persigue la participación política, que incluye a una serie de liderazgos políticos mapuche, buscan generar cambios e incluir propuestas, participan en los espacios estatales o sistémicos e, incluso,  desde el interior de las fuerzas políticas nacionales intentando transformaciones a través de la incidencia política[vi]. Su foco esencial está puesto en las esferas de decisión y en la disputa de espacios de poder. Podríamos señalar que estas posturas buscan la construcción de una ciudadanía indígena para la participación política en la sociedad nacional. De allí que nos parezca más apropiado llamar a esta postura “participacionista”.

Estos sectores se expresan con solvencia a nivel de los gobiernos locales,  a través de la elección de concejales y alcaldes. En la última elección municipal del 2012 se eligieron ocho alcaldes mapuche y más de 60 concejales. Es visible también la presencia de este sector en otros espacios de representación política indígena por elección popular como el Consejo Nacional de la CONADI. Esta institución gubernamental de consejo mixto desarrolla elecciones nacionales cada cuatro años[vii], el último ejercicio electoral se realizó en enero de 2012,  CONADI dispone de un padrón que supera los 192 mil inscritos, de ellos un 16,3% participó de la elección.  También existe una importante presencia en el aparato público, profesionales y técnicos indígenas con trabajo en temas relacionados con los pueblos indígenas, sus posturas se centran de preferencia en la apertura de espacios políticos y ampliación de derechos. 

Otra forma de interpretación de los debates políticos internos en el pueblo mapuche sería considerar a las posturas autonomistas como expresión fuera del modelo ciudadano estatal. Esta postura buscaría la construcción de un “sujeto político autónomo” en un sentido paralelo y yuxtapuesto al de representación política. De esta misma forma, la otra corriente que busca expresiones de incidencia y participación política, constituiría un sector que busca la consolidación de una “ciudadanía indígena” capaz de influir y transformar las políticas públicas. En ocasiones, quienes adhieren a la generación de un  “sujeto político autónomo” y quienes impulsan una “ciudadanía indígena” coexisten. De hechos los postulados de lado y lado es posible encontrarlos superpuestos en discursos de las organizaciones mapuche casi sin distinción. Los líderes y lideresas se mueven a través de ellos sin mayores dificultades teóricas o prácticas.  En algunos casos es difícil distinguir donde comienza una postura y acaba la otra. En ocasiones se generan acuerdos en torno a objetivos comunes: la defensa de la tierra y los derechos territoriales; el rescate de las prácticas identitarias y culturales, la promoción del idioma propio y el revitalización de las autoridades ancestrales. Tampoco están ausentes de desencuentro como en la relación que se sostiene con el Estado de Chile o en los plazos para implementar los cambios propuestos[viii]. Hasta ahora han sido el discurso autonomistas el que  aparecen más visible en los massmedia pero el discurso participacionista también logra instalarse a la hora de la construcción de un diálogo democrático. Quizás sea una adecuada e inteligente articulación de ambas posturas lo que permita una transformación profunda de la relación catastrófica con el Estado de Chile.

Finalmente, señalemos que en Chile existe un contexto de desequilibrio democrático que margina a las propuestas políticas indígenas de los espacios de toma de decisión. Lo mismo ocurre para quien sostenga una visión autonomista o participacionista. Ambas corrientes están marginadas de los centros de poder que se encuentran reservados a un sector social no indígena, ilustrado, masculino y de altos ingresos.  Intervienen también una serie combinada de relaciones económicas,  culturales, identitarias, mediáticas, de poder, represivas y simbólicas. La política como campo de resolución de conflictos está ausente e impotente para resolver este desequilibrio porque el sistema nacional de administración del poder soporta también en sí mismo una crisis profunda de legitimidad. Esta relación catastrófica, esta distorsión democrática que se expresa sobre todo en el acceso al poder genera una inestabilidad que tiende a hacerse permanente con pocas posibilidades de modificación en la estructura de distribución del poder político en el Estado.

Fernando Quilaleo A.

Periodista

Mayo 25, 15.30 hrs.

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[i] “Taiñ mapuchegen. Nación y nacionalismo mapuche: construcción y desafío del presente” José Millelan P. En “Taiñ Fijke Xipa Rakizuameluwún. Historia, dcolonialismo y resistencia desde el país Mapuche”  VV.AA. Comunidad de Historia Mapuche. Temuco 2012.  P.251

[ii] Autodeterminación. Ideas Políticas Mapuche en el Albor del Siglo XXI. José A. Mariman  LOM 2012

[iii] Léase la declaración “Por la reconstrucción del pueblo Nación Mapuche” entre varios otros documentos que están reseñados aquí  http://www.mapuche.info/?kat=3&sida=2360

[iv] Aucan Huilcamán, fundador y líder del Consejo de Todas las Tierras,  respondió públicamente a una invitación a participar en un proceso de Consulta Indígena. Responde allí a dos consejeros indígenas y los exhorta a que “nos consultemos recíprocamente sobre cómo materializar el derecho a la libre determinación y determinar cuándo conformamos un gobierno indígena, sea Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Likan Antay o Quechua. La conformación de un gobierno indígena al amparo del derecho internacional, constituye un imperativo ineludible” (Punto 7 de la carta “Asunto: Respuesta Consulta Indígena”), http://www.mapuche.info/?kat=3&sida=3845.

[v] http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/2012/12/a-la-opinion-publica-desde-el-interior.html.

[vi] Varios partidos políticos chilenos cuentan con orgánicas internas para atender la realidad de los pueblos indígenas: el PS cuenta con una Vice-presidencia, el PDC con una Frente Indígena; el PRSD con una Comisión Indígena; el PPD con una Secretaría Nacional Indígena y el PC con una Comisión Nacional Indígena, entre otros.

[vii] La Ley Indígena, 19.253 en su Art.41 establece el número de representantes y su duración, señala que el Consejo de Conadi tendrá: “Ocho representantes indígenas: cuatro mapuches, un aimara, un atacameño, un rapa nui y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacional. Estos serán designados, a propuesta de las Comunidades y Asociaciones Indígenas, por el Presidente de la República, conforme al reglamento que se dicte al efecto”. Puntualiza en su párrafo 6 que estos consejeros “durarán cuatro años a contar de la fecha de publicación del decreto de nombramiento, pudiendo ser reelegidos” Aunque técnicamente estás no son consideradas elecciones populares ya que de ser así serían reguladas por el Servicio Electoral; para el caso “eleccionario” en el Consejo de Conadi se considera una “consulta” que luego propone una terna por cada uno de los ocho consejero y que son definidos por el Presidente de la República tal como lo establece la Ley 19.253.

[viii] Posterior al atentado incendiario que cobró la vida del matrimonio Luschinger-MacKay y en medio de la convulsión líderes mapuche convocaron a una reunión amplia en el Cerro Ñielol de Temuco hasta donde llegaron cerca de 350 asistentes. Sus conclusiones luego de horas de diálogo fueron 10: Las 10 conclusiones de la Cumbre Mapuche en el cerro Ñielol: 1- Voluntad de diálogo de las comunidades con el Gobierno.2- Exigencia de un autogobierno desde el Biobío al sur.  3- Formar una comisión para revisar tratados.  4- Reconocimiento constitucional, sólo si se da entre los dos Gobiernos. 5- Pedir una indemnización del Estado, no sólo en dinero, sino también en tierras. 6- Instar a las autoridades a pedir perdón por los daños causados.7- Rechazo a la ocupación militar de la zona. 8- Retiro de las Fuerzas Policiales de las comunidades en conflicto. 9- Rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista y 10- Rechazo a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. (16 de enero 2013).

Breve Historia Económica del Pueblo Mapuche

La población mapuche estimada a la llegada de los españoles superaba con facilidad los dos millones de personas. En un país que se extendía desde las orillas del océano atlántico hasta las agitadas aguas del mar pacífico. Desde las secas tierras del norte aymara y el borde guaraní hasta los bosques australes de la América original.

Una economía consolidada que permitía la comunicación, el intercambio, el acopio  e incluso sostener guerras de resistencia a las invasiones de los inkas. La economía mapuche original fue una economía de abundancia. Una naturaleza exuberante permitía la sustentación casi sin dificultades, pero a esto se debe sumar una agricultura vigorosa cuyos principales productos era el wa-maíz; la poñi-papa, la kinwa y el zengil-poroto; eran parte también de la dieta alimenticia el charki, la chuchoka, chuño; alimentos en abundancia que muchas veces debieron ser escondidos para protegerlos de los saqueos y asaltos del invasor. Desde comienzos de la guerra fue una costumbre del invasor  la destrucción constante de las cosechas del pueblo mapuche, referencias a este proceso se encuentran en los cronistas de la época, como Alonso de Ovalle o Diego de Rosales. La economía mapuche permitió resistir guerras extensas. ¿Por qué resistió tanto el Pueblo Mapuche a la invasión? La respuesta de la historiografía oficial, por muchos años, ha sido porque éramos una “raza guerrera”. Esa respuesta es injusta. El Pueblo Mapuche defendía su país  porque  lo valoraba, porque no quería abandonarlo; cada uno de los habitantes lo sentían como propio y no estaba dispuesto a perderlo como su hubiese sido algo ajeno. El país se defendía no sólo por un abstracto “amor nacionalista” como se suele exacerbar, sino por el valor material que implicaba su existencia. Es llamativa la ausencia de estudios sobre la economía y las relaciones políticas mapuche en el periodo anterior a la invasión. Quizás una mejor respuesta podría ser que se defendía un país con una economía de abundancia y relaciones políticas consolidadas que nadie estaba dispuesto a abandonar.

La estructura política se parecía más a la corteza de un pewen que a un pirámide con cúspide. Se parecía más a las modernas matemáticas fractales, es decir una estructura geométrica mínima reiterada y amplificada por la repetición que da origen a un modelo final de complejidades extraordinarias; como la diferencia fundamental que existe entre un bosque y una plantación de pinos. Las cortezas del pewen-araucarias disponen de una forma fraccionada como sistema de protección para evitar los incendios y quemarse de una vez. En el sistema político mapuche las familias (lof) formaban comunidades (lofche) y estos se agrupaban en depuradas relaciones políticas (fvtanmapu); cada uno administraba un territorio específico y entre todos se protegían de los peligros. Las grandes reuniones, asambleas, en tiempos de paz (GvlanMapu) se dinamizaban ante las amenazas transformándose en reuniones de territorios aliados de los cuatro puntos cardinales (Meli Wichan Mapu). No había cárceles, no había la forma dinero, no había manicomios, no había policía, no había pobreza y tampoco había ejército permanente. No había trabajo asalariado y, por ende, no había capital, y no había acumulación de trabajo pasado del cual apropiarse. Si había un alto grado de valoración de la familia como productora de riqueza y, por su extensión, del valor del territorio.

La economía era de apropiación familiar y no de propiedad comunitaria. La tierra, como el aire o las aguas del mar, no le pertenecían a nadie; pero el producto del trabajo era de posesión familiar. No era el individuo el centro de la filosofía mapuche sino un espacio colectivo formado por redes de parentesco directo. No se nacía como un “individuo”, tan propio de  cultura cristiano-occidental, sino inserto en una bien desarrollada red de relaciones y coordinación de relaciones, como diría Maturana. ¿Era un paraíso idílico? No, claro que no. Era una sociedad bien desarrollada en sus expresiones artísticas como la palabra y su expresión mayor de sofisticación se encontraba en la interacción humana de las relaciones sociales y políticas; la política como el “hábitat humano por excelencia” como dijera Hannah Arendt. El modelo económico de apropiación familiar-colectivo sentó las bases para la existencia de un sofisticado espacio de materialización de la “polis” que en mapuche se conoce como Gvnen, soportado sobre solidad bases comunicativas que eran al mismo tiempo historia, palabra y política: Nvxam. Este ciclo milenario terminaría 1536.

Contra ese sistema político arremetió la conquista europea. La avanzada representó la expansión de la racionalidad moderna y de la novísima economía capitalista que la sustentaba. Pero como suele suceder en la historia humana, no sería ni la poderosa metafísica judeo-cristiana, ni la filosofía individualista de la rationis ni las relaciones de apropiación económica, las que darían la victoria a los europeos sobre los pueblos americanos, sino la pólvora y el acero transformados en armas de guerra. La vieja tékhne griega puesta al servicio de todo lo anterior. La tecnología de guerra que apagaría, casi para siempre, diversas formaciones socioculturales independientes en la primera América. Sin embargo, esa capacidad militar tecnificada se ahogaría en los pantanos de la administración económica-política mapuche. La guerra se extendería por siglos, transformando la sociedad mapuche en una economía volcada a la resistencia, a la sobrevivencia, a la venganza por el daño causado y a rechazar la agresión. La guerra declarada concluyó con las Paces de Kvyen en 1641. De ahí en más, el pueblo mapuche reconstituyó su economía basada en la ganadería. Ésta, gracias a las nutritivas praderas y extensiones territoriales, cobró rápida influencia en la lógica cultural de la sociedad mapuche, que vivió en relativa autonomía, con relaciones de frontera fijada en el río BíoBío. La guerra no sería retomada y la Corona Española respetaría al Pueblo mapuche como otra nación, otro estado y sobre todo, otro país.

Los españoles instauraron un sistema económico que, al mismo tiempo, imbricaba al menos tres formas de producción: el esclavismo propio de los lavaderos de oro, de una incipiente industria extractiva; un modelo feudal que fue establecido en la encomiendas y en los pueblos de indios;  y, por último, un incipiente capitalismo en el comercio de mercancías, producto de artesanos y otros oficios. El carácter de la conquista española abrió importantes debates intelectuales en Chile y América a mediados del Siglo XX: José Carlos Mariátegui, Alejandro Lipschutz, Hernán Ramírez Necochea, Julio César Jobet, Volodia Teitelboim, Luis Vitale y una lista más o menos extensa de intelectuales se  preocuparon por dar cuenta de las estructuras económicas y las relaciones sociales que impuso la invasión de América. Digamos, grosso modo, que los europeos implantaron una formación económica mixta exportadoras de materias primas, o como  se llaman hoy commodities (mercancías), con orientación al mercado internacional y un sistema de relaciones sociales segregado y de opresión a los pueblos indígenas.

El pueblo mapuche vivió su autonomía, recomposición y florecimiento cultural cimentado en una base económica ganadera entre 1641 y 1883; fecha en que se completó la guerra de ocupación militar del país mapuche. Como está documentado, el fin de la autonomía mapuche ocurrió con esta ocupación militar, con la apropiación del territorio del país mapuche a manos de los Estados de Chile y Argentina. No sólo fue apropiado el territorio, como la ha explicado con solvencia Pablo Mariman, sino también de la base material de su economía: el ganado. Con lo que la economía mapuche ahogada en una porción de territorio que no superó las 500 mil hectáreas; sin los bienes materiales y su cultura perseguida y despreciada por la razón moderna, verá sucumbir su “voluntad de poder” y quedará sumida en un largo periodo de secretismo de su política y filosofía.

La estructura principal del  Estado de Chile se instaló mucho antes que el sentido de nación. De hecho Chile no terminó de completarse sino hasta fines del Siglo XIX en que por fin controló el territorio minero del Norte Grande, diluyó La Frontera, se apropió de tierras generosas y aseguró el Sur Austral por la violencia. De pasó obsequió las pampas patagónicas a Argentina, como compensación por su apoyo en la causa independentista. El sentido de igualdad que enarbolaron los jóvenes revolucionarios independentistas periclitó al poco andar. Las familias fundadoras del estado, como diría Schmidt, se apropiaron soberanas de los destinos de nuevo orden.

El modelo económico Chileno reproduciría y daría continuidad al destino extractivo y exportador de recursos naturales casi sin antagonismo hasta nuestros días. Pero en su interior desde fines del siglo XIX se incubó un foco de resistencia que se fue ampliando. Desde las mancomunales y mutuales de obreros de diversos rubros, del siglo XIX, hasta la creación de los brazos políticos de los trabajadores asalariados: los partidos obreros. El movimiento obrero cobró fuerza en la primara mitad del siglo XX y se opuso a las propuestas aristocráticas de explotación desenfrenada de recursos naturales que pasaban casi sin traba a manos de capitales extranjeros. Se organizó una  práctica y una teoría, que centró su objetivo político en el control del poder y, su expresión material, el aparato del Estado. Se persiguió un modelo alternativo de economía comunitarista o socialista. 

Todas las luchas quedaron subsumidas debajo de la contradicción principal que era, sin contrapeso teórico, la del Trabajo y el Capital. No había espacio para la diversidad sexual, para los reclamos feministas ni menos para la diversidad cultural del pueblo mapuche que, según la cosmovisión política imperante, no era discriminado en tanto por su condición de origen cultural sino en función de su condición de clase. La identidad mapuche quedó atrapada en la portentosa tradición económica y filosófica marxista de sociedades antagónicas. Los mismos pensadores mapuche abandonaron su reclamo de autonomía, salvo contadas excepciones, superada por la condicionante de la estructura de la producción en donde los mapuche eran parte de la figura del campesinado o el pobre del campo, los asalariados del campo y la ciudad; los proletarios mapuche.

El reclamo de la tierra mapuche usurpada fue central a todas las organizaciones políticas obreras. Pero no como territorio perteneciente a un país distinto sino en tanto campesinos. El movimiento obrero, sus partidos, sumados a la rica expresión cultural de los sectores postergados, dio origen a un expansivo movimiento popular que puso, por fin, a uno de los suyos en La Moneda, el presidente Salvador Allende. No se trataba de cambiar un mandatario por otro, se trataba de cambiar una sociedad por otra, una sociedad antagónica por una sociedad solidaria. 

Años antes el economista Aníbal Pinto había advertido,  con asombrosa anticipación, que Chile era un caso de desarrollo frustrado porque las condiciones políticas ampliamente desarrolladas y democratizadas no tenían un correlato económico que les diera sustento. Si bien había un sistema político que demandaba cambios de la estructura de poder, había una base económica que prácticamente no había sufrido cambios en su estructura concentrada en 150 años. Por lo tanto, no podía haber, para evitar la frustración del proceso chileno, sino un cambio radical de los factores productivos o una salida violenta y represiva que ahogaría con crímenes a los sectores que buscaban la trasformación de la sociedad. Asombroso porque lo dijo en 1957. Tuvo razón.

El pueblo mapuche sufrió el mismo castigo que los sectores populares. Pero a diferencia de pueblo chileno que vivió el fin de un esfuerzo de un siglo, el pueblo mapuche vio apagarse la concepción de lo mapuche como un “campesinado chileno con diferencias culturales”. Había que explicarse ahora el fenómeno de otra manera, la ubicación en la estructura de la producción no bastaba. El conflicto no había sido sólo un problema de clases, también el Estado de Chile seguía representando a un sector social que quería hacer desaparecer a los mapuche en tanto identidad, prácticas culturales y formación económica distinta. Eso quedó muy claro con la entronización del capitalismo abierto al mundo, el nuevo modelo neoliberal impuesto por la Dictadura, que persiguió la supresión absoluta del otro mapuche con la división de las pocas comunidades indivisas que aún existían en 1979, con el Decreto 2.568.

El pueblo mapuche se encontraba de nuevo con su propiedad territorial mermada casi hasta el mínimo. La posesión de tierras mapuche había disminuido, según datos del DASIN, a unas 200 mil hectáreas a través de diversas estrategias de usurpación legal. Esta situación no pudo ser corregida ni siquiera por la Reforma Agraria que en poco menos de nueve años devolvió tierras a las comunidades mapuche.  La Dictadura reasignó las tierras confiscadas a los “asentados” mapuche para la instalación de la nueva industria forestal. Los títulos de merced eran un recuerdo ardiente en la terca memoria mapuche, ahora convertida en demanda e imaginario político.

La demanda para recomponerse se articuló en torno a las tierras usurpadas provenientes de los 3.078 títulos de merced. La economía mapuche, el vestigio de la soberana y rica economía ganadera mapuche, estaba convertida en una pequeña producción de autosubsistencia, la mitad de su población había emigrado a las ciudades donde se instalaba la nueva noción del mapuche urbano y el campo seguía rindiendo el mínimo para la reproducción de la fuerza vital.

Retornada la democracia la demanda mapuche y de los derechos de los pueblos indígenas tuvo acogida, en parte, gracias al enorme apoyo internacional que gozaba la causa de la diversidad en todas sus formas en el mundo. La economía impulsada por el Estado de Chile fue una continuidad del modelo económico abierto al mundo, exportador de materias primas, que buscó la superación de la pobreza que alcanzaba a la mitad de la población del país por la vía del crecimiento económico. Ese crecimiento se sustentó en la explotación de recursos naturales; recursos naturales que se encontraban, paradojalmente, en las “áreas de refugio” donde, a duras penas, sobrevivían los pueblos indígenas. La historia luego de cinco siglos se repetía. Llegaban los europeos buscando el oro, coincidía con los 500 años en 1992.

El capitalismo ya había aprendido mucho del elevado costo de sus incursiones de expansión a toda la faz de la Tierra. Ya no sólo el modelo económico era importante, como en el modelo colonial, ahora para que fuera duradero venía agregado a un modelo de democracia y, sobre todo, de respeto a la diversidad. Este enfoque se llamó multiculturalismo. Por su parte el Pueblo Mapuche vivió una doble relación, padeció la expansión del modelo y se nutrió de él para recomponerse materialmente. Las políticas públicas, la superación de la pobreza y la valoración de su identidad diferenciada sirvieron al Pueblo Mapuche para reinstalarse con otra perspectiva, con otra mentalidad, con otro imaginario político.

Ahora se trataba de recomponer la identidad de un pueblo distinto, de una nacionalidad. ¿Cuánto queda de la economía mapuche original?, es una pregunta de difícil respuesta. Probablemente de todo quedé algo: del antiguo modelo de trabajo comunitario agrícola, de la economía ganadera; de las formas de comunidades recolectoras y sus relaciones sociales, como los pewenche o lafkenche. Un importante segmento de asalariados del campo, un grupo no menor de emprendimientos y pequeños comerciantes; un incipiente clase media intelectual y de funcionarios. Sobre esta base material se levanta una propuesta política de derechos del pueblo mapuche.

Toda la historia económica mapuche podría resumirse como una práctica para la defensa de la política y la defensa de los recursos naturales que soportan la filosofía y la identidad de su gente.  Por último, y parafraseando a Mariátegui: un pueblo de millones de hombres y mujeres, consciente de su número, no desespera nunca de su porvenir. Esos mismos hombres y mujeres, mientras no sean una muchedumbre dispersa sino un conjunto consciente sí mismo y de su destino, serán capaces de decidir su rumbo histórico, más temprano que tarde.

Fernando Quilaleo

periodista

Abril 25, 22:30 hrs.

Consulta Indígena y Convenio 169 en Chile: el uso y el desuso

Consulta Indígena y Convenio 169 en Chile: el uso y el desuso

 (parte I)

 Solo se le tiran piedras al árbol que da frutos

Proverbio Indú

Al menos cuatro posturas fuertes circulan en torno a la aplicación en Chile del Convenio 169 de la OIT. Todas con matices, por cierto,  todas con impulsores y detractores. Siempre con debilidades y críticas. La mayor incertidumbre frente a su implementación, es quizás, que ya han pasado cuatro años sin que ningún proceso de Consulta Indígena sea validado por los pueblos en Chile. Desde el 15/09/08  en que fue ratificado el Convenio 169 y el 15/09/2009 que entró en vigencia se han intentado realizar Consultas Indígenas: el INE y el Censo Indígena; la CONAF y el D701 de Fomento Forestal; la Reforma Constitucional y procesos migratorios a Isla de Pascua; el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; La Consulta sobre la Consulta, como principales.

Aquí presentamos una breve reseña de las posturas más fuertes sobre la forma en que debiera avanzarse en la implementación del Convenio 169:

La primera postura señala que es necesario crear un reglamento que de cuenta de los mecanismos, procedimientos y metodología de aplicación de los procesos de Consulta Indígena. Que según señalan los expertos es el corazón del Convenio 169. Encabezando la lista  de esta posición se encuentra nada menos que el relator James Anaya, quien en sus últimos comentarios (19nov2012) a la Propuesta General de Consulta (1)  o “Decreto  125”, como la denominan los pueblos indígenas, señaló: “El Relator Especial considera, como punto de partida, que la Propuesta de Nueva Normativa de Consulta representa un importante paso hacia la necesaria regulación interna del deber de consulta” (énfasis nuestro). (2)


Una segunda vía de posibilidad de implementación sostiene que es dable aplicar el Convenio 169 de la OIT de forma pura y simple. Es decir, sin ningún tipo de reglamentación que restrinja de alguna manera los derechos contenidos en este Tratado Internacional sobre Derechos Humanos.  Así y tal  como está expresado en sus 44 artículos, y, muy en particular, en los ocho en que habla de Consulta Indígena no debiera someterse a ninguna condicionante que cercene de alguna manera su fuerza normativa. A pesar que muchas organizaciones indígenas participan del proceso de elaboración de un Reglamento Especial, a poco andar del proceso, han optado por “mientras se discutan las nuevas propuestas de consulta, exigimos que se aplique de forma directa el Convenio 169 de la OIT a través de las recomendaciones del relator…siempre que se invoque dicho proceso” (3) Una subtendencia de esta posición, pero que juzgamos mayoritaria en el Estado, señala los expresado por el Tribunal Constitucional en Sentencia Nº Rol 309  (4) que sólo estableció como autoejecutable en materia de Consulta Indígena para Chile el artículo 6 en su numeral 1 letra a) y numeral 2; y además de la última línea del Artículo 7. Esto condicionaría a los demás articulados al considerarlos como programáticos o progresivos, que se conseguirán con el pasar del tiempo. 

Añadamos a esta revisión sumaria, como tercera corriente aquellas posiciones que aún creen que no debe aplicarse el Convenio 169 en Chile. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Lorenzo Constans, en la clausura de la ENADE 2012, señaló que dar cumplimiento al Convenio 169 “surge como una dificultad adicional" (5). Otros plantean su preocupación por “el lento avance en la creación de criterios comunes para la aplicación del convenio OIT 169, relacionado con los pueblos originarios” indicó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien además añadió: “Los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos” (6) Hay que recordar  que también existen algunos que no quisieran que existiera ningún tipo de regulación  ni derecho que se interponga a la actividad productiva empresarial; ni el Convenio 169, ni la Consulta Indígena, ni la participación ciudadana, ni royalties ni impuestos, ni mucho menos DD.HH. ni Tratados Internacionales sobre derechos de todo tipo. En fin nada entre la riqueza y quien busca apropiarla. Lastimosamente quienes así piensan no son muchos pero si muy poderosos. Capaces de permear todo tipo de vectores de opinión, medios de comunicación, instituciones, academia y muchos otros planos.

Por último, la cuarta posición que describimos promueve la idea de generar una Ley de la República que regule lo más detallado posible los procesos de Consulta Previa Indígena. El autor de esta columna suscribe desde hace un tiempo esta tesis, como lo saben varios actores con los que nos ha tocado discutir y compartir estas posiciones. No es muy generalizada pero estas posturas han ido ganando terreno en América Latina, en varios países de movimiento indígenas fuerte se ha optado por esta posibilidad, la generar una norma legislativa, en Perú, México, Ecuador y Bolivia transitan este camino. En Perú se ha llamado Ley de Consulta Previa aprobada en 2011 de la cual la propia OIT declaró que “era un paso significativo” y resaltó que la norma aprobada “recoge lo estipulado en el Convenio 169”(7).

En Bolivia el Gobierno del Presidente Evo Morales optó por promulgar en febrero de 2012 la Ley de Consulta a Los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro SéCure – Tipnis y convocar a consulta previa. La ley buscó establecer el contenido de ese proceso de consulta, sus alcances y sus procedimientos (8); aunque en el presente año comenzó la discusión de una Ley Marco de Consulta Previa en Bolivia, con impulsores y detractores. Algo similar ocurrió en México con el Anteproyecto Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, que se encuentra aún en tramitación. En Ecuador, la FENOCIN, entregó una propuesta de Ley de Consulta Prelegislativa, que aseguran permitirá “la implementación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas afroecuatorianos y montubios en disposición a la nueva constitución del Ecuador”. La propuesta considera principios como la consulta indígena, los procedimientos, mecanismos,  actores y las etapas claves para asegurar una consulta prelegislativa, que “respete la autonomía organizativa y asegure la incorporación de los consensos de la consulta realizada” (9).

Es probable que en Chile, en la siguiente administración gubernamental y teniendo en cuenta las dificultades de implementación de un proceso por al vía de la creación de un reglamento, se abra la posibilidad de discutir una Ley de Consulta Previa a los Pueblos indígenas que establezca de la mejor manera posible los avances en reconocimiento y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chile como reflejo también de los avances en el Sistema Internacional de os derechos Humanos y de los derechos de los pueblos Indígenas.

El riesgo de demorarse mucho en ponerse de acuerdo en una reglamentación de los procesos de consulta indígena es que podrían aparecer ciertas voluntades interesadas en obviar el mandato del Convenio 169 de la OIT y simplemente saltarlo. Algo similar ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Pesca y Agenda Pro Inversión y Competitividad ambos del Ministerio de Economía (10); y con el anuncio de creación del Programa de Inversión Chile Indígena de CONADI (11) con una inversión en cuatro años de unos diez millones de dólares.  No se han oído demasiadas voces reclamando en estos casos la consulta previa. Podría llegar un tiempo en que los Tribunales de Justicia dejen de acoger los reclamos por exigencia de Consulta Indígena según lo establece el Convenio 169, muchas presiones recaen ya sobre ellos.

Vale la pena recordar que las cosas se echan a perder por uso, por mal uso, pero también por desuso. No sea que ocurra algo similar con el Convenio 169.

Fernando Quilaleo

Diciembre 9 de 2012

20.35 hrs.

  

Referencias:

1)      Propuesta General de Consulta de Gobierno para Nueva Normativa de Consulta y Participación Indígena de Conformidad a los Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

2)      http://unsr.jamesanaya.org/docs/data/2012-08-08-propuesta-de-normativa-de-consulta-gobierno-chile.pdf

3)      declaración de Santiago de los Pueblos Originarios. 2 de diciembre de 2012. Pueblos Originarios Unidos.

4)      Sentencia nº Rol 309 de Tribunal Constitucional, 4 de Agosto de 2000 en http://vlex.com/vid/-58942717

5)      http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=103275

6)      http://diario.latercera.com/2012/11/22/01/contenido/negocios/10-123615-9-grandes-mineras-derechos-de-los-pueblos-indigenas-no-pueden-estar-sobre-la-ley.shtml

7)http://www.rpp.com.pe/2011-08-24-oit-ley-de-consulta-a-indigenas-en-peru-es-un-paso-significativo-noticia_397534.html

8)      http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=3617

9)      http://cedin.org/pipermail/infodiputados_cedin.org/2010-July/000093.html

10)   http://www.impulsocompetitivo.gob.cl/2012/12/agenda-pro-inversion-y-competitividad/

11)http://www.conadi.gob.cl/index.php/2-noticias/890-con-un-fuerte-sello-en-la-interculturalidad-gobierno-lanzo-nuevo-programa-qchile-indigenaq/

Cuatro casos de semantización de la violencia política de Relación Pueblo Mapuche-Estado de Chile

No menos de 120 allanamientos en los últimos 10 años han debido padecer las comunidades mapuches, acompañados de una extrema violencia. Ellos han sido denunciados no solo por los propios afectados sino por organismos internacionales como UNICEF, quien manifestó “su preocupación frente a diversas denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza, por parte de efectivos policiales, en procedimientos efectuados en comunidades mapuche y por el impacto de los mismos sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes” (27/4/2012).

 Si se comparan los allanamientos focalizados que realiza la misma policía uniformada en la persecución de otros delitos como el tráfico de drogas en poblaciones urbanas,  es notorio el estado de alteración social que producen estas acciones en las comunidades mapuches.

Estas acciones represivas son ya habituales y organismos internacionales dudan de su origen legal y de su eficacia policial. Más bien ha comenzado a asentarse una sospecha: la de una intencionalidad punitiva en estas acciones represivas. Es decir,  la presencia de Carabineros en las comunidades no persigue delitos ni imputados sino un amendrentamieto  a los liderazgos mapuches movilizados y a los sectores más radicales de la protesta social de los comuneros. 

Aparejado a este intento de “represión extendida” se ha ido estableciendo un sistema de semantización del conflicto Estado de Chile-Pueblo Mapuche; la semantización de esta violencia está instrumentalizada por los medios de comunicación en Chile. En particular en medios como La Tercera y El Mercurio. Estos dos medios monopólicos (duopolio suele decirse) operan interviniendo directamente en la arena política del país. Es así, con los propios actores políticos de decisión donde operan. Ambos medios han mantenido su grado de influencia gracias a la “escucha” que hacer de ellos los actores y actrices en el poder. Los sectores medios, por ejemplo, volcados hoy a las redes sociales dan preferencia a otras fuentes de conocimiento noticioso.

Veamos ahora cuatro casos de formas de alteración del discurso político en la relación del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche:

1)      Primer Caso: el conflicto y la invisibilización de la responsabilidad del Estado

 
 Por qué razón opera aún la influencia de estos medios de comunicación, sencillamente porque el poder económico y político (cuando no oligárquico y plutocrático) se deja influir por ellos, en ellos publican sus dichos y en ellos se releen como una sala de chat, como un hashtag exclusivo del poder. El duopolio hace gala de eso y lo utiliza en contra de los sectores sociales que buscan realizar transformaciones. Desde esas páginas, se traspasa a los editores de televisión y de ahí a la “verdad social”. Hace unos años, en un breve análisis de discurso reconocimos un juego semiótico de Invisibilización en los procesos de semantización mediática de la violencia política (2003). En los medios de marras se solía, y se usa, la figura de “Conflicto Mapuche”. Esta figura omite uno de los términos. Porque un conflicto se constituye en una relación deteriorada entre dos actores o dos fuerzas antagónicas, al menos. Cuando se habla de Conflicto Mapuche sólo se habla de un término y, entonces, quien es el otro con el cual existe una relación deteriorada? Aquí una gráfica que puede ser útil para la visualización de las relaciones

Relación:    A    <------------ >   B

Conflicto:  A    <----------///----------> B                          

Situación de Semantización:  Pueblo Mapuche    <----------->  X  (incógnita)

Relación Conflicto: Pueblo Mapuche   <-------///------->    Estado de Chile

Al decir Conflicto Mapuche lo que hace el “duopolio” y sus lectores-seguidores es reproducir una forma de semantización de la violencia política,  y como diría el semiólogo Eliseo Verón, “toda semantización resulta de dos operaciones fundamentales realizadas por el emisor del mensaje: selección, dentro de un repertorio de unidades disponibles, y combinación de las unidades seleccionadas para formar el mensaje”. Los medios desarticulan las relaciones conflictuadas para dejar, como dicen los abogados, "todo el peso de la prueba" en una de las partes, con lo que consiguen amplificar a todo proceso que tenga por actor al elemento cuestionado, en este caso "el pueblo mapuche", y adjudicarle esa singularidad al conjunto de todo y cada uno de los elementos.

En nuestro caso, lo que hacen los medios (a iniciativa del mass-duopolio) es ocultar a uno de los protagonistas de la relación conflictuada y devolver una visión distorsionada de la realidad y generando solo un responsable, obviando la responsabilidad del Estado de Chile.

2)      Segundo caso: el sistema político de la gobernabilidad

Si el conflicto estado de chile –Pueblo mapuche es un  conflicto esencialmente político, en que intervienen una serie de combinaciones de relaciones. Relaciones económicas,  culturales, identitarias, mediáticas, de poder, opresión y punitivas. En una palabra una serie combinada de relaciones de dominación política.

La política está ausente porque nuestro propio sistema nacional de distribución del poder ha entrado en una crisis profunda de legitimidad. Las críticas acceden desde todos los sectores de la ciudadanía. No por nada su nivel de confianza en la ciudadanía según diversas encuestas gira en torno al 20% y a un rechazo que supera el 60%. Sin embargo el sistema político nacional sigue amparado, ahora en una legislación dictatorial que permite se dice la “gobernabilidad”  más que la representación.

Así los diversos actores políticos nacionales, entre los que por cierto se cuentan los pueblos indígenas y, por cierto, el Pueblo Mapuche. Este sistema político de gobernabilidad heredado de la Dictadura y sobre el cual no ha habido ánimo de cambio sino más bien de sostenimiento, permite la existencia contenida y marginal de espacio críticos a su existencia. Pero en la periferia surgen expresiones cada vez más confrontacionales.

Cual es la reacción del sistema político: la criminalización de la protesta social y la judicialización de los conflictos. Sin embargo, los Tribunales son una alternativa cuando responden a las necesidades del poder como status quo y, por el contrario, cuando operan a favor de las comunidades amenazadas dejan de ser una alternativa. Véanse los casos de los conflictos ambientales en donde los tribunales fallan en contra de las grandes empresas o, más cercano a nuestro tema, en la aplicación del Derechos a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas contenidos en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de OIT. Aquí la Corte Suprema ha fallado a favor de las comunidades y ha obligado a las empresas a realizar consulta previa pero el Capital reclama q no posee claridad de las formas de Consulta. Lo que buscan es una legislación como la Ambiental, que aunque las comunidades se opongan en los procesos de participación ciudadana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto igual se lleva a cabo, contestando las observaciones. “creemos que debe haber un pronunciamiento por parte de la autoridad sobre la lógica en que se dará por cumplido el Convenio 169”, señalaron las Generadoras y en el Diario Financiero fueron más lejos y subtitularon “Aplicación del Convenio 169 de la OIT amenaza inversiones” (4/5/2012).

Los sectores políticos sistémicos son sensibles a estas opiniones, por diversas razones que no viene al caso detallar. Lo significativo es notar que el sistema político democrático ha sido sustituido en los hechos por un sistema que busca la estabilidad económico-política y la “gobernabilidad”. A ella responde más que a la necesidad del Bien Común o la Paz Social.

La política no se mixturizó de la rica tradición de gobierno indígena y, en particular, la mapuche. En este proceso de 200 años de república la política republicana mapuche fue dejada de lado y abandonada hasta el más extremo desconocimiento, pero hay chispazos y ciertas características se dejan ver todavía. Esas expresiones del pluralismo político no sistémico inquieta, tensiona y denuncia a la “gobernabilidad” de los consensos o los acuerdos. El sistema político nacional de la Gobernabilidad denuncia como “delincuentes comunes” a los mapuche en los años 90 (al Consejo de Todas las Tierras) y como “terroristas” a las comunidades en conflicto de la Coordinadora Arauco Malleco a partir del año 2000 (Salazar y Pinto, 1999).

Cómo es posible representar las características socio-culturales de los pueblos indígenas. El sistema político chileno, ya suficientemente consolidado no busca la expresión de estos y otros sectores sociales; sino la perpetuación de un modelo de consensos y gobernabilidad que margina y excluye a amplios sectores de la sociedad, entre ellos los pueblos originarios.

3)      Tercer caso de semantización: La invención del Terrorismo

La Fiscalía se ha inventado el terrorismo en un país donde no existe el terrorismo para justificar su persecución. En esta categoría han encajonado a los líderes mapuche y a otros dirigentes sociales. La Fiscalía, si bien contaba con una definición amplia del terrorismo, pero existe consenso societal que no existe terrorismo en Chile y más bien han sido los fiscales persecutores los que han generado dispositivos para hacer aparecer como si existiera, acusados incluso de montaje en casos como los comuneros mapuche, el joven paquistaní o el caso bombas. La concepción forzada que hace la fiscalía del terrorismo, amparada en la interpretación de la ley, los hace ver su invención como una realidad fuera de ellos, que es alimentada, y perseguida y reproducida por el mismo dispositivo (26/10/2010).

Ante cualesquier manifestación de la otredad marginada el sistema político de la Gobernabilidad no puede sino aplicar la violencia monopolizada por el Estado. Lejos del reconocimiento de la propia imposibilidad de solución, lo que hace mediante una semantización de esa violencia que el mismo sistema aplica es acusar a los otros de responder a esa violencia. Sin embargo esa respuesta seguirá creciendo y ganando legitimidad; a contramano la violencia monopólica del estado seguirá aumentando en una espiral sin fin.

Otros organismos internacionales ya lo habían advertido muchos años antes, por ejemplo Human Rights Watch “"Es profundamente lamentable que las autoridades hayan convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de contención a la violencia en el sur del país" (24/4/2004). Los gobiernos desoyeron las recomendaciones de un sinnúmero de observadores sobre la criminalización de la protesta social mapuche por ejemplo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. En su informe de 2003! el Relator Rodolfo Stavenhagen expresó su preocupación por la criminalización de las demandas mapuches e instó a las autoridades a buscar soluciones negociadas al problema amparado en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

4)      Cuarto Caso de Semantización: la estructura compacta del pensamiento político mapuche

Entre muchas otras que sería posible referir, constatamos aquí tres operaciones discursivas que circulan en el contexto social mediático de las relaciones entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. No menos distintas son las circunstancias que les toca vivir a los pueblos aymara, kechwa y diaguitas con las mineras en el Norte, otros pueblos originarios y otros sectores sociales.

Tanto la negación de las responsabilidades de la sociedad chilena, como la creación ficticia de un enemigo poderoso para reprimir hasta el crimen y una política de consenso por la gobernabilidad que margina expresiones políticas críticas, son expresiones de este contexto comunicacional donde se mueve la opinión política de la sociedad, es decir es un particular  dispositivo de modelación/mediación mediante  el cual los ciudadanos y ciudadanas adquieren conciencia de los conflictos sociales y de las alternativas que pueden construir para resolverlos.

La sociedad chilena y, por cierto, los medios de comunicación suelen mirar como un todo compacto, monolítico y sin fisuras al movimiento mapuche. Pero esta quizás sea una forma más de semantización. Es plausible y, hasta, de sentido común que en un pueblo, por homogéneo que este sea, no es posible arribar a una sola postura común ni a un solo vehículo de transformación de sus condiciones, más aún cuando estas son de opresión. Hay cierta imposibilidad de expresión pública de estas diferencias en contexto de represión y pérdida de hegemonía. Es de mi interés mostrar aquí, en breve, las dos posturas fuertes dentro del programa político del movimiento mapuche: por un lado, la postura de llamada “autónoma de partidos” y, por otro lado, una “expresión participativa”.

La postura “autónoma de partidos” descree de las expresiones de participación política, de todo tipo de relaciones con el Estado. Plantea una dura crítica a sistema político partidario chileno y busca levantar una postura autónoma en tanto su relación a partidos, sistemas religiosos o culturales; consideran que han sido hasta ahora de sumisión y obediencia. Ha buscado formas de acción política directa y reconstitución de liderazgos ancestrales. En algunos casos se articuló en una expresión anti-capitalista, como es el caso de la Coordinadora Arauco Malleco (2012) o en la formulación de un “autogobierno mapuche del BioBio al Sur” en el caso del Consejo de Todas las Tierras (2009) o la “rearticulación como Nación desde los territorios ancestrales” en el caso de la Alianza Territorial Mapuche que ha llevado adelante los últimos procesos de movilización, como el de la comunidad Wente Winkul Mapu.

Por otro lado una serie de liderazgos políticos mapuches buscan generar cambios con propuestas mapuches que participan en los espacios estatales o sistémicos, e incluso desde el interior de las fuerzas políticas nacionales, intentando transformaciones a través de la incidencia y la participación política. Estas formas de expresión tienen ciertos avances en el nivel local a través de la elección de concejales y unos pocos alcaldes. En espacios como el Consejo Nacional de la Conadi, centros académicos; existe una presencia en el aparato interno de los partidos políticos y algunas expresiones mediáticas.

Ambas posturas coexisten y en algunos momentos establecen ciertos acuerdos en torno a objetivos comunes, como la defensa de la Tierra y el territorio, de la profundización de la identidad, de la conservación y rescate de las prácticas culturales, del uso y valoración del idioma, entre otras muchas. Sin embargo es en la relación con el otro nacional, con el estado de Chile, su sociedad y sus expresiones orgánico-institucionales donde se generan mayoritariamente los desacuerdos. En muchos casos son las organizaciones representantes de la primera tendencia “autónoma de partidos” las que aparecen como la representación más visible y legítima de las demandas y derechos de los pueblos indígenas. Incluso al interior de las mismas fuerzas políticas que no reconocen la necesidad de existencia de formas propia de enunciación política los pueblos indígenas ya sea autónoma de los partidos o ya sea en sus fuerzas partidarias.

Ambos sectores suman experiencias y desencuentros, al tiempo que el imaginario nacional las hace ver como una sola manifestación, de un solo pueblo, compacto e impenetrable, esta visión es una forma de adulteración del variado pensamiento político mapuche, una semantización que persigue, a nuestro juicio, una nueva forma de menosprecio.

Hay cierta coincidencia en los discursos sociales que la situación de las relaciones entre el pueblo mapuche y el estado de Chile debe tener una salida política. Sin embargo los partidos y el sistema político continúan alimentando lógicas de consenso y gobernabilidad más que de representación y transformación. En la posibilidad de abrir espacios de participación directa de estos sectores se juega buena parte del futuro de estas relaciones sociales en el país; no es muy claro aún si seguirán siendo de criminalización y represión o se buscará una alternativa de expresión, participación y cambios.

Fernando Quilaleo

Periodista.

30  junio. 17.30 hrs.

Referencias

- UNICEF. 2004. http://www.achnu.cl/2012/04/27/unicef-llama-a-proteger-derechos-de-los-ninos-mapuche-en-operativos-policiales/

-Fernando Quilaleo “el reconocimiento a la Autonomía: una posibilidad de superar la racionalidad wigka. En: Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Tendencias Internacionales y Contexto Chileno”. José Aylwin Editor. Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Temuco. 2003.  http://searchworks.stanford.edu/view/7540861

- Eliseo Verón: “Ideología y comunicación de masas: La semantización de la violencia Política”, en VV.AA. Lenguaje y comunicación social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971 pg.8. Ver en: http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/veron.pdf. 

-Diario Financiero http://web.sofofa.cl/Noticias/tras-el-morro-comunidades-extenderan-consultas-a-tres-proyectos-mineros/

-Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile II, Actores, Identidad y Movimientos. Capitulo IV. “Las Etnias Indígenas”. LOM, 1999 Pg. 171.

 -http://www.elciudadano.cl/2010/10/26/28068/los-fiscales-y-la-invencion-del-terrorismo/

-http://www.biobiochile.cl/2012/04/24/unicef-preocupada-por-creciente-conflictividad-y-violencia-entre-estado-y-comunidades-mapuche.shtml

-  Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile. E/CN.4/2004/80/Add.3 17 de noviembre de 2003.  http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/staven6.html

 - Fernando Pairican. 2012.  “La Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) y su lucha contra el capital” http://www.werken.cl/?p=259

-Aucan Huilcaman. 2009. http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/08/24/372902/aucan-huilcaman-propone-creacion-de-un-autogobierno-del-bio-bio-hacia-el-sur.html