Seminario Censo Nacional Chile 2012, Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural

El Seminario Censo Nacional Chile 2012, Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural, busca constituirse en un espacio de reflexión y diálogo en tornos a aspectos centrales de nuestra realidad nacional, la caracterización de quienes somos en Chile, de los derechos de los pueblos indígenas y su participación en la sociedad nacional; de los derechos humanos que debemos resguardar en relación a las condiciones de vida de la sociedad.

El SERPAJ, el Programa Pueblos Originarios de la Universidad ARCIS y las oficinas indígenas de las municipalidades de Lo Prado, Peñalolén y La Florida, han establecido un interés común por llevar adelante la realización de un seminario que permita poner en discusión estos temas.

Estas son las motivaciones de abrir un espacio de diálogo franco al que esperamos se sientan convocados expertos, dirigencia indígena, estudiantes, profesionales y ciudadanos interesados en conocer la dinámica del Censo 2012 que será, como hasta ahora lo ha sido, el principal instrumento de consulta estadística para la elaboración de políticas públicas.

 

El año 2012 se realizará en Chile el XVIII Censo Nacional de Población y Vivienda. El de Vivienda corresponde al séptimo. En nuestro país se realizan encuestas universales o Censos de Población cada diez años.  El organismo encargado de llevar adelante el proceso y la estructuración de sus preguntas es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El último Censo de Población y Vivienda se realizó en el país el 24 de abril de 2002.

En Chile existen pueblos indígenas y estos son reconocidos en tanto pueblos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008 y entró en vigencia el 15 de setiembre de 2009. Además el país cuenta con una Ley Indígena 19.253 promulgada en el año 1993. En el plano internacional Chile suscribió en septiembre de 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El primer Censo en Chile, de la época republicana, en considerar una pregunta específica sobre indígenas fue el realizado en 1992. La pregunta cambió en 2002 generando un descenso de un 30% en el número de población que se consideraba como indígena, respondiendo afirmativamente a la pregunta.

Estos cambios hacen previsible que la formulación de la pregunta censal considerada en la ronda 2012, así como el nuevo escenario de existencia de derechos de los pueblos indígenas en Chile, consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, lleven a un proceso de revisión de la pregunta.

El Convenio 169 obliga a los Estado que lo ratifican a consultar a los pueblos indígenas sobre la o las preguntas a consultar. Ha sido de interés manifiesto de los pueblos indígenas y, debiera serlo de la sociedad chilena, la necesidad de establecer en el Censo una pregunta específica sobre el uso de los idiomas o lenguas indígenas en Chile. Tema de central importancia para nuestra diversidad cultural y que, hasta ahora, no ha sido preguntado. Además debemos considerar que otros sectores importantes de la sociedad han demandado ser considerados en este proceso censal como los afrodescendientes.

 El Cuestionario Censal y las Preguntas

El cuestionario censal es el documento que se aplica a cada persona encuestada. En el trascurso de las rondas censales fue cambiando el cuestionario, modificándose la forma de procesamiento de datos y el tiempo en la obtención de resultados.  

En 1992 se agregó para toda la población la consulta acerca de discapacidad, y para los de 14 años y más se volvió a incorporar religión, que no había sido consultada en 1982. Asimismo, se introdujo la consulta sobre culturas indígenas:

 

El Censo de 1992 fue el primero en Chile, de la época republicana, en considerar una pregunta específica sobre indígenas. Sin embargo, la pregunta cambió en 2002 generando un descenso de un 30% en el número de población que respondió afirmativamente a la pregunta.

Las Preguntas fueron:

1992:     ¿Se considera perteneciente a alguna de las siguientes culturas?

2002:     ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas?

Las cifras:

1992:   998.385 personas contestaron ser indígenas.

2002:   604. 394 personas contestaron pertenecer a un pueblo indígena.

La disminución de la población indígena entre ambos censos fue de 306 mil 193 personas, cantidad que representa una caída del 30,67% en la década 1992-2002. Lo que llevó a las organizaciones indígenas a hablar de Genocidio Estadístico y, por su parte, el INE a señalar que la pregunta de 1992 estaba mal formulada.

En su momento el Instituto Nacional de Estadísticas aclaró que las cifras sobre población indígena de los censos de 1992 y 2002 no serían comparables. Ello, porque en la cédula censal se cambió el concepto "identificación con culturas" por "pertenencia" a alguna etnia. A su vez, el cuestionario antiguo consultaba sólo por tres etnias, mientras que el nuevo lo hace por ocho. A su turno, algunas organizaciones indígenas platearon una duda sobre la circunstancia de disminución de población entre un censo y otro, sobre las explicaciones dadas e incluso llegaron a sostener la idea de un “genocidio estadístico” que atentaría contra sus derechos.

La participación en el Seminario  Censo Nacional Chile 2012, Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural es Libre y Abierta:

Paneles Temáticos

Recepción e Inscripción de asistentes.

9.15   Apertura a cargo de: Representante de SERPAJ. Secretario Ejecutivo, Patricio Neira. Representante de U. ARCIS. Rector Carlos Margotta Representante de Municipalidad de Lo Prado. Alcalde Gonzalo Navarrete. Representante Instituto Igualdad: Ricardo Núñez

9.45 Mesa 1  El Censo, su consistencia cuantitativa y la importancia para los pueblos indígenas. Expositores INE, Sra. María Luz Nieto CELADE, Fabiana del Popolo Censos y  Pueblos Indígenas en América Latina Jennifer Thiers Huenchun. Universidad de Barcelona. Estadísticas Indígenas y proyecciones. U. ARCIS: Profesor Carlos Pérez, Epistemología y ciencias cuantitativas. Parlamentario: Senador Juan Pablo Letelier (por confirmar) Modera: Instituto Igualdad

Preguntas y Comentarios

11.30 Café

11.45 Mesa Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, Censo 2012 y Políticas Públicas Alihuén Antileo, Programa Pueblos Originarios, U. Arcis. Fernando Quilaleo, periodista, Oficina Derechos Indígenas Lo Prado. Ricardo Inalef, Oficina Indígena La Florida. Parlamentarios: Diputado Pepe Auth (PPD) y Diputado José Manuel Edwards (RN), presidente Comisión de Pueblos Originarios CDD (por confirmar). Modera: SERPAJ.

Preguntas y Cometarios

13.30 Cóctel de Cierre

14. Entrega de Certificación (tendrá un costo de dos mil pesos por persona debe ser firmado por las tres instituciones). 14.15 Cierre del Seminario

Política Indígena de Gobierno: un año de desmantelamiento

Política Indígena de Gobierno: un año de desmantelamiento

Dos han sido los principales instrumentos de gestión política indígena del Gobierno en su primer año: un destornillador y alicate. Como los niños curiosos e inquietos han tomado el desatornillador para comenzar a desmantelar el juguete pero, como suele suceder, ahora no saben cómo volverlo a armar ni qué hacer con las piezas que le sobran, salvo botarlas. Se olvidaron de sus propios anuncios de campaña, de su programa de gobierno y se agobian en explicar el desmantelamiento como etapa previa del rearmado de un vehículo nuevo que nadie del equipo de Gobierno es capaz de explicar en qué consiste.

La evaluación del primer año de gestión de política indígena del gobierno de Piñera es paupérrima. Pasemos revista a sus principales hitos: mantuvo la política represiva en las comunidades mapuche, continuó con allanamientos y persecución a los líderes de las movilizaciones por recuperación territorial. Utilizó la violencia en el desalojo de familias rapanui que ocupaban terrenos que reclaman su restitución; incumplió los compromisos adquiridos con los presos mapuches para poner fin a su huelga de hambre y la trasgresión al debido proceso continúa por parte de la Fiscalía y los persecutores. En materias administrativas, dejo de invertir más de 75  millones de dólares por la no ejecución del Fondo de Tierras de la Conadi, desconoció el compromiso de compra de tierras a 115 comunidades mapuche  y anunció la no realización de la tercera fase del Programa Orígenes y su cierre en el 2011. En el área pública despidió a más 150 funcionarios, en su mayoría indígenas. Trasgredió el Convenio 169 de la OIT con consultas parciales,  maliciosas y cuestionadas por las organizaciones indígenas, desatendió sus propios anuncios; dio y quitó urgencia a un proyecto inconsulto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y faltó, incluso, a sus propios compromisos de campaña de fortalecer una política indígena urbana.

Revisemos la evaluación del propio Gobierno sobre lo que se hizo en el primer año de gestión, en voz de su encargado Sebastián Donoso, ellos habrían vivido un año para “ordenar la casa” y establecer cinco ejes de gestión, a saber: 1) fomento cultural; 2) perfeccionamiento de mecanismos de entrega de tierras; 3) reestructuración de la institucionalidad; 4) instalación de procesos de participación y 5) un enfoque integral desarrollo indígena.

En cada uno de ellos señala logros como los siguientes, en el mismo orden: un instructivo presidencial para incluir  autoridades indígenas en actos oficiales;  perfección de mecanismos de entrega de tierras , en particular, 753 subsidio individuales de adquisición de tierras acompañada de un apoyo  productivo de Indap; creación consejo asesor de ministros para asuntos indígenas; procesos de participación con 19 mesas de Diálogo con el Pueblo Mapuche; procesos de consulta indígena de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la adopción de un enfoque integral respecto del desarrollo de los pueblos originarios.

En suma, una serie de gestiones aisladas e inconsistentes; cuestionadas por los propios pueblos por intrascendentes y maliciosas.  Gestiones, que en el proceso de desmantelamiento de lo existente, ni siquiera se detiene a observar sus propios anuncios y compromisos de campaña.

En el Programa de Gobierno de Piñera y la Derecha se anunciaban cuatro ejes principales:

1.     Dejar atrás una política indígena eminentemente ruralizante (sic) para avanzar hacia una política integral, con un Fondo de Desarrollo que reforzaría proyectos de organizaciones indígenas urbanas y distribución según  densidad demográfica indígena.

2.     Eliminar de la actual política los instrumentos discrecionales de entrega de tierras y nuevos instrumentos de reconocimiento en áreas como educación, capacitación, emprendimiento, vivienda y pensiones.

3.     Oficinas de Asuntos Indígenas en comunas con asignación de recursos de fondos indígenas.

4.     Evaluación completa y sistemática de los resultados que ha tenido el programa de Educación Intercultural Bilingüe y un Centro Bicentenario de Fomento de las Culturas Indígenas.

Como se aprecia el 90/100 de los anuncios se encuentra olvidado, entrampado en el desconocimiento e inconsistencia de la nueva forma de gestión.  El gobierno de derecha ni siquiera ha cumplido con sus propios anuncios, embobado en la destrucción y desarme de lo que los pueblos indígenas consiguieron en sucesivos esfuerzos políticos a lo largo de los años de transición democrática..

En menos de un año, la Derecha ha vuelto a demostrar, su vocación de disminuir y anular los derechos conquistados por los pueblos indígenas en Chile. Todo hace augurar que tanto la antigua como la nueva derecha profundizarán los desequilibrios democráticos, promoviendo políticas regresivas en lo social, conservadoras en lo cultural y  destructivas de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Es previsible que en este segundo año de gestión, el gobierno de la Derecha   mantendrá fuera de las decisiones nacionales a los pueblos originarios, reprimirá todo intento de protesta social, detendrá el avance de reconocimiento de derechos  y desmantelará la débil política pública de mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas que se había logrado sostener.

Fernando Quilaleo

Periodista

Febrero 27/2011

20.45 hrs.

Linchamiento o Justicia Indígena en Bolivia

Desde el 2009, 30 personas murieron linchadas en Bolivia y otras 77 salvaron de correr igual suerte, según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en La Paz. En Chuquisaca, a fines de octubre último una pareja fue linchada acusada de brujería. En Potosí, cerca de Chile, una turba enardecida retuvo a cuatro policías acusados de corrupción y extorsión, el grupo captor asegura  haberlos juzgados, los encontraron culpables y aplicaron “justicia comunitaria”.

Los sectores populares, pero sobre todo la prensa, suele llamar  Justicia Comunitaria a los linchamientos.  Se confunde así la Justicia Comunitaria Indígena con el ajusticiamiento directo. La justicia comunitaria indígena proviene de prácticas ancestrales y actuales de resolución de conflictos pero, en muchos casos, es tomada por el sentido común mediático y reinstalada en el debate como acción ejecutiva sin forma de juicio, una imposición de voluntad. Tratemos de distinguir entre ambas.

Diferenciar el linchamiento de la Justicia Comunitaria Indígena es un esfuerzo que ha llevado adelante Bolivia de la mano del Presidente Evo Morales y su revolución plurinacional.  Se trata de  evitar la baraúnda que confunde la acción por mano propia con las formas y prácticas culturales de justicia de las comunidades indígenas, que es lo que se ha intentado definir y legalizar con un reconocimiento constitucional, una ley de justicia comunitaria y una de deslinde jurídico.

El sentido común popular homologó la práctica ancestral de hacer justicia frente a un desequilibrio en las comunidades del mundo andino con una forma específica de reacción ante un crimen realizado; que es ubicar a un acusado de un crimen grave, apresarlo por una turba y, en la mayoría de los casos, tomar su vida sin proceso,  lincharlo.

La palabra “lynchamiento” es un anglicismo tomado del apellido del juez de Virginia, EE.UU., Charles Lynch que en 1790 ordenó la ejecución de un grupo de acusados que habían sido exculpados por un tribunal. El juez Lynch,  miembro de un grupo cuáquero, indignado por la absolución de los hombres que consideró pro-británicos en el marco de la Guerra de Independencia, ordenó su ejecución directa.

La lógica del linchamiento, como autotutela o imposición de la voluntad de una de las partes, confundido con la justicia comunitaria es bastante corriente en el sentido común boliviano urbano. Como muestra de esta semiología es posible encontrar en el viejo Chukiago Marka o en el empobrecido  y agitado El Alto, monigotes humanos hechos de trapo y ropa vieja, colgados de los postes de luz  en señal de que en ese barrio, al encontrar a un criminal, se practicará la “justicia comunitaria”.

Pero eso no es justicia comunitaria! Clamaron los líderes indígenas de las cinco principales organizaciones de los pueblos originarios bolivianos reunidas en el Pacto de Unidad. La Justicia Indígena no se comporta así, tiene otra ética, otros códigos y normas,  otros fines y es una forma legítima de práctica de justicia ancestral y por fuera del sistema jurídico procesal y penal del Estado. Es parte de los esfuerzos por el reconocimiento del pluralismo jurídico.

La Justicia comunitaria toma forma de juicio en una comunidad (ayllu) aymara u otro pueblo. Se constituye como práctica efectiva de resolución de conflicto intra-comunitarios que no considera la ejecución del acusado como una salida del proceso. La Justicia Indígena es desarrollada y ejercitada por los pueblos para la mantención del equilibrio energético-social  dentro de la comunidad. En general, su mayor castigo, es la expulsión de la comunidad de él o los acusados. Como en el film boliviano Nación Clandestina.

En la obra del realizador Jorge Sanjinés (1989), que es para muchos considerada la mejor película realizada en el país de Tiwanaku  en toda su historia; narra la expulsión de la comunidad de un jefe indígena acusado de engañar y causar daño al equilibrio de su ayllu. Un juicio comunitario sentenció su expulsión como el mayor castigo posible. Él, buscará con afán volver a su comunidad. Bailará sin descanso para reparar el daño. Todo esto sucede a espaldas de la sociedad dominante. El pueblo aymara desarrolla sus prácticas culturales como punto de fuga en los márgenes de la clandestinidad. Un punto de fuga de los dispositivos del poder, como conceptualizó Michel De Certeau en “La Cultura en Plural”. La cultura plural como una forma para rehuir a la sociedad disciplinaria.

La Justicia Comunitaria Indígena  fue reconocida por la Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada en febrero de 2009 y en su artículo 180.2 se establece la coexistencia de dos sistemas jurídicos: el procesal ordinario y la Justicia Indígena Originaria Campesina. Es cierto que el nombre es largo y buscó dejar contentos a todos los actores y por cierto a la derecha, en ocasiones ambién disfrazada de enfervorizado izquierdismo, cuestiona y busca confundir con los dichos “linchamientos populares” y abrirle un flaco de distancia a Evo Morales con la ciudadanía y los pueblos.

Quizás podamos desarrollar otro día y con detalles las características específicas de la Justicia Indígena. Por hoy me interesa sostener la importancia del pluralismo jurídico que deja atrás la noción de monismo jurídico, que afirma, la existencia de un único sistema jurídico en  un Estado y por tanto la existencia de una sola forma de ejercicio de la justicia. En general esa única vía, en América, es la  impuesta a los pueblos indígenas por los sistemas judiciales y tribunales de las sociedades no indígenas;  coloniales primero y republicanos más tarde.

Sin embargo, las formas de ejercicio de la justicia previa a la conformación de los estados  han sobrevivido en casi todo el continente. En Chile, aún se practica el wichan mapuche; el  juicio de clanes y ancianos en Rapa Nui o la justicia del ayllu aymara en el altiplano o la precordilera del Norte Grande. Todas ellas constituyen una forma debilitada, casi hasta su desaparición, pero existente y, sobre todo,  recuperable de justicia indígena.

A concluir esta columna, Naciones Unidas acordó, a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar en el 2014 una Reunión Plenaria de Alto Nivel que recibirá el nombre de “Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas” el tema de la Justicia Comunitaria y el pluralismo jurídico, será sin duda parte de la discusión.

Fernando Quilaleo A.

Periodista. Mg. en Comunicación.

Noviembre 16 de 2010. 21.15 hrs.

Censo 2012, consulta previa e idiomas Indígenas

http://www.elciudadano.cl/2010/11/08/censo-2012-consulta-previa-e-idiomas-indigenas/

Censo 2012, consulta previa e idiomas Indígenas

Los propios errores técnico/políticos del Instituto Nacional de Estadística de Chile y la desconexión con el mundo indígena  llevaron a que los Censos de 1992 y 2002 fuesen incomparables. El primero reveló una población  de  998 mil personas indígenas y el segundo sólo contabilizó 692 mil indígenas.

¿Cómo fue posible que el INE errara tanto el cálculo? ¿Cómo fue posible que pasáramos de ser el 9,2% de la población a ser el 4,6%? Y en diez años se perdieran el 30,67% de la población indígena; ¡se habían perdido por prestidigitación estadística 306 mil personas!

“Genocidio Estadístico” se me ocurrió bautizar a esta “desaparición” de las estadísticas oficiales de 300 mil personas indígenas (emol.cl 29/03/2003).  Aunque habíamos ya advertido al INE de los riesgos de insistir en modificar la pregunta; criterios técnicos, pero sobre todo, políticos influyeron en la modificación.

A la Institucionalidad siempre  le rondó la idea de la sobredimensión de la realidad indígena que se acercaba peligrosamente al 10% de la población nacional y había que hacer algo. Se convocaron algunos técnicos especializados e incluso algunas voces técnicas indígenas abogaron por cambiar la pregunta del Censo 92.

Los argumentos eran que cualquiera podría haberse manifestado indígena, pues no había más mecanismo de control que la autoidentificación; el concepto cultura era muy amplio y, se argumentaba, la influencia positiva (sic) del contexto del  Quinto Centenario que  llevaba a una solidaridad extrema de los no-indígenas. La entonces coordinadora de Demografía INE, sostuvo que “ya en 1992 se sabía que la pregunta sobre identificación con una cultura indígena estaba mal formulada…ese año en el país existía bastante efervescencia por el tema de las etnias, ya que aún no se dictaba la ley indígena”

La pregunta del 92 estaba formulada bajo un criterio de autoidentificación decía: “si Ud. es chileno, se considera perteneciente a alguna de las siguientes culturas”. Algunos pensaron que esta pregunta abierta, que preguntada por una cultura abría la posibilidad que personas no indígenas pudieran responder afirmativamente y escoger una de las alternativas: mapuche, aymara, rapa nui o Ninguna de las anteriores.   Fue considerada una pregunta que sustentaba la “autoidentificación cultural”

En el 2002 la pregunta cambió de giro y se orientó en forma  más clara por “pertenencia indígena”, decía: “si Ud.es chileno, pertenece a alguno de los siguientes etnias indígenas” y refería en las respuestas los ocho pueblos considerados en la Ley Indígena 19.253.

El mismo Sebastián Donoso, hoy Coordinador de Políticas Indígenas del Gobierno de Piñera, llamaba a no asombrarse por la baja de población y que esta correspondía a un interés político porque “para nadie es un misterio que la cuestión numérica es vital en el marco de las demandas etno-autonómicas de los grupos indígenas”. Ahora Donoso está en la Institucionalidad y deberá enfrentar la disyuntiva.

El 2012 se realizará un nuevo Censo de Población y Vivienda en el país. El INE se encontrará que en esta oportunidad existe Tratado Internacional aprobado por Chile; el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas de la OIT que regula la relación del Estado con los Pueblos Indígenas. El Convenio les obligará a consultar, por lo tanto,  la pregunta del Censo sobre pueblos indígenas. Por los errores anteriores del INE de no prever s relación con los pueblos indígenas, es altamente probable que la pregunta vuelva a modificarse, y haga que los datos de los tres censos sean inconmensurables e impida proyectar alguna idea clara sobre cuál será la población indígena en el año 2022, por ejemplo.

Se carecerá de puntos de comparación. Sería impresentable que las cifras fueran a la baja de nuevo con un renovado etnocidio de las cifras. Una curiosidad, para saldar esta inconmensurabilidad de las cifras la encuesta CASEN 2003 y 2006, que no son un censo sino una muestra, proyectaron una cifra amparada en los Censos anteriores, y la cifra resultante es casi un promedio prefecto de ambos censos: 6,6%.

Así, es probable que la Administración Piñera se abra a realizar una Consulta Previa, obligados por el Convenio 169 de la OIT. No podría ser de otra manera. El INE cometería una nueva transgresión técnica si acepta redactar la “nueva pregunta” de espalda a los pueblos indígenas presionado para evitar una cifra que vuelva a empujar un peldaño más las demandas políticas de los pueblos indígenas y dejar atrás aquello de las “minorías” y continuar el camino del ejercicio de los derechos esenciales como el derecho a la Libre-determinación.

Pero hay mediciones tan importantes como el Censo de Población que no se han hecho. Se debe con urgencia medir el conocimiento de los idiomas de los pueblos indígenas en Chile. La ausencia de datos específicos ha llevado a una  indiferencia sobre los destinos de los idiomas indígenas y una pésima política pública sobre “lenguas indígenas”, el programa de EIB está atrasado 15 años respecto a sus pares de América Latina, fue abandonado a prácticas superficiales, incoherentes y parciales.

La CASEN 2003 y 2006 muestran que el mayor porcentaje de hablantes de idiomas indígenas está en las personas de edad avanzada y está fuertemente a la baja. Las cifras caen en forma alarmante;  quienes hablan y entienden, sumados, pasaron de ser un 29% en el 2003 a un 23% en el 2006,  en sólo 36 meses!

Por lo demás, Chile no se caracteriza por tener una política asertiva de bilingüismo en su educación. Muy pocos estudiantes terminan el colegio hablando inglés, luego de seis años de clases intensivas de contenidos y represivas de evaluaciones, el fracaso es la frecuencia.

Por lo tanto, el Censo 2012 y el INE tiene varios retos y desafíos: conservar un mínimo de fiabilidad técnica y científica; respeto por la voz de los pueblos indígenas en materias que les involucran; buscar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos para la nueva versión de pregunta censal tal como se los exige el Convenio 169 de la OIT; avanzar en la producción de datos necesarios y válidos como la uso y conservación de los idiomas indígenas.

El argumento que nos dio el Director del INE en el año 2000, de cuyo nombre no quiero acordarme, explicaba que el costo adicional e inalcanzable de incluir una pregunta sobre idiomas indígenas era el freno para modificar la matriz de preguntas del Censo.

Quizás hoy pueda el INE sacarle un ala a los 20 mil 200 millones que ofreció el gobierno en la Mesa del Ñielol o seguir insistiendo en el viejo adagio que compartí con el maestro de las cifras honestas Pedro Chakiel, sólo debemos creer en las estadísticas que nosotros mismos manipulamos.

Fernando Quilaleo

Periodista

Noviembre 01, 2010. 10.15 hrs.



Mapuches del Puelmapu (Ranqueles). Nótese la carcanía de la imagen en el centro con la foto famosa del Che; es un xarilonko o una boina caída? un siglo antes que la popularizara el Che Guevara!. 



El reconocimiento que desconoce (II)

http://www.elciudadano.cl/2010/10/19/el-reconocimiento-que-desconoce-ii/

El reconocimiento que desconoce (II)

Dijimos antes que en esta segunda parte hablaríamos de los alcances del debate que tendrá lugar sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, desde las propuestas de las políticas de reconocimiento y las propuestas de la intelligentsia de los pueblos sobre el país en el que se quiere vivir.

Decíamos que los estados y los intelectuales en Latinoamérica, luego de 40 años de indigenismo, rompieron con esa lógica de acción del estado con los pueblos indígenas en la década de los 80. Se abandonó esa política pública que perseguía “traer a la modernidad” a los pueblos indígenas, pero en ese trayecto los indígenas debían abandonar sus prácticas antiguas subsistentes. Se pretendía que dejaran de ser lo que eran; ese fue el enfoque central del indigenismo.

En Chile, para entrar en materia, los pueblos indígenas fueron “traídos a la modernidad” por diversos caminos: en el caso mapuche por la invasión militar del Ejército a su territorio (1881-1883), en el caso aymara por la anexión y chilenización de post-guerra (1879);  los pueblos australes por el genocidio y el aislamiento (1884) y el pueblo Rapa Nui por el enclaustramiento forzado que los obligó a abandonar la constelación Maori (1888).

El siglo XX comenzó antes para los pueblos indígenas, siguiendo la lógica de Hobsbawm, no fue un siglo corto sino más bien un siglo largo; aunque al igual que en el de Eric, esta fue una edad extremizada. Quizás el siglo no termina aún para los pueblos indígenas y continúa moviéndose entre dos extremos. No termina, por un lado,  la insistencia terca en la “modernización” de los pueblos por parte de Estado que implica sumisión y abandono de sus particularidades culturales, pero sobre todo de su condición territorial y política. Por otro lado, la persistencia de los pueblos indígenas para sostener sus prácticas culturas, sus prácticas políticas, sus territorios, su universo simbólico y sus recursos de vida. Los gobiernos ya no promueven el asimilacionismo indigenista sino la integración, que es casi lo mismo salvo que en esta última versión se puede conservar ciertos rasgos culturales.

Antes de entrar en el debate sobre el reconocimiento constitucional que se debate en Chile,  aventuremos una hipótesis: asistimos en América Latina a un proceso de transición de la relación de los estados con los pueblos indígenas. Transición que irá desde un estado monoétnico a un estado plurinacional. Desde una sociedad discriminatoria a una sociedad de la diversidad. De un estado de sometimiento y modernización forzada de los pueblos indígenas a uno de respeto. De la negación de los derechos, a los derechos limitados por los dispositivos institucionales del poder para luego avanzar hacia el ejercicio pleno de la libre-determinación y la autonomía. Del mero reconocimiento del otro a la transformación de las bases que fundan la relación de Chile con los pueblos indígenas. Del derecho individual como centro del edificio social a la validación de los derechos colectivos.  Un nuevo contrato social con los pueblos indígenas, para decirlo en términos liberales.

Ahora, la propuesta actual de reforma constitucional que busca el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile pretende, al igual que los anteriores intentos, el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas pero reafirma una “nación unitaria e indivisible”. Este es un dogma fundante  de la modernidad: una nación/un estado. No reconocerá derechos esenciales y es probable, que su estándar “democratizador” esté muy por debajo de lo que consigna el Convenio 169 de la OIT e incluso de los contenidos en la Ley Indígena de 1993. De esto nos enteraremos una vez que concluya en el parlamento su tramitación.

Lo que sabemos es que se han refundido tres propuestas: una de los senadores de derecha, una del Gobierno de Michelle Bachelet y otra de la Cámara de Diputados. Que sus objetivos principales, según la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, son: “otorgar reconocimiento constitucional a la existencia de pueblos indígenas en Chile, como demostración de respeto e interés de la nación chilena por sus tradiciones y su cultura y manteniendo la unidad de la nación; eliminar como factor de discriminación las consideraciones raciales o étnicas, y encomendar a la ley el desarrollo de lo que concierne a la protección de sus tierras y derechos de agua”.

El propio informe considera que uno de los aspectos más controversiales fue el contenido de la expresión “pueblos indígenas”, las modalidades del ejercicio de los derechos y el alcance de la protección de las tierras y las aguas. En el acuerdo, que deberá comenzar a discutirse a fines de octubre, se cuenta uno sobre el Artículo 4° de la Constitución que declara que Chile es una república democrática. Luego, el número 1) del artículo único reemplaza este artículo por otro, compuesto de tres incisos. El primer inciso afirma que la Nación chilena es una, indivisible y multicultural. 

Luego sitúa el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no en los “propios pueblos” sino en sus comunidades, organizaciones e integrantes. Esta frase buscaría dejar claro, a juicio de la Comisión, que: “son éstos los sujetos de derechos, pues los pueblos en cuanto tales no detentan tal calidad” y para coronar la torta con esta guida “el inciso tercero especifica que los pueblos indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”

Si la hipótesis que proponemos existe y vivimos una transición, una propuesta de reforma constitucional debiéramos juzgarla bajo ese lente. Si está a favor de la profundización y extensión de los derechos de los pueblos indígenas o si está en el camino contrario y reflota el sentido de invisibilidad y negación de las facultades propias de los pueblos para darse la administración y destinos que mejor prefieran.

Fernando Quilaleo A.

Periodista

Octubre 20, 22.40 hrs.