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Las fuerzas políticas en Chile comienzan a debatir, cada día con
mayor intensidad, sobre ciertas nociones fundacionales del país. Uno de estos puntos tiene
en su centro a la República ,
constituida sobre una visión férrea de la tetralogía: Pueblo, Nación,
Territorio y Estado. Acuerdo a la base plasmado en tres constituciones en 200
años. Pero toda constitución es la constitución de una derrota. Por un lado, los
vencedores construyendo el país ensoñado y, por otro, los vencidos oponiéndose
a las prácticas marginadoras y a las políticas públicas liquidacionistas de sus
particularidades culturales. La constitución republicana de los vencedores
sobre los pueblos indígenas vencidos. Derrotados ya no por la pólvora y las
enfermedades, sino por las letras, la defensa de la propiedad privada y el
monopolio de violencia que aseguró al Estado el uso exclusivo de la fuerza para
resolver los conflictos.
Menos de un lustro nos separa del Bicentenario. Hoy no es menos
difícil que Ayer incorporar en la idea de país nociones transformadoras como
diversidad, plurinacionalidad, multiculturalismo y otros conceptos cada día más
presentes en el debate internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Se trata de intentos serios por modificar, ya no sólo un grupo de mentalidades
e ideologías excluyentes, sino de realizar las transformaciones necesarias para
terminar con políticas que minorizan a los pueblos indígenas y dar paso a sociedades
respetuosas y equilibradas que permitan la vida armoniosa de quienes conviven
en su interior. La búsqueda de la unidad por lo que tienen en común. La
construcción de una nueva comunidad ya no inventada ni perdida, sino posible y
material. Una comunidad incluyente, que no sea disfrute privativo de unos pocos
que la poseen. Por el contrario, que se extienda a los variados que la reclaman,
una comunidad diversa.
Qué otra política pública podría haberse implementado sino la de chilenización que se extendió por todo
el siglo y que en muchos postulados del Chile actual permanecen. La política
pública orientada a indígenas en Chile ha vivido cuatro grandes periodos: 1) El
de radicación o de
“arreduccionamiento”: las tierras indígenas incorporadas al Estado fueron
transformadas en reducciones. En la zona mapuche, se entregaron 3.078 títulos
de merced que contenían apenas 475.045 hectáreas de los 15 millones originales y se
benefició a 77.751
comuneros. 2) Individuación. Se buscaba hacer a los indígenas individuos a través de entregarles
propiedad individual de la tierra colectiva mediante la división de las
comunidades que recibieron en mercedes de tierras. 3) Negación. Se buscó
terminar con la existencia de grupos indígenas e indígenas individuos. La idea
central fue reconocer sólo la existencia de chilenos campesinos. 4) Desarrollista.
Las dos leyes indígenas que buscaron su reconocimiento, 17.729 de 1972 y 19.253
de 1993, tuvieron sus fundamentos doctrinarios en la necesidad de llevar a los
indígenas hacia el desarrollo, podían al mismo tiempo salir de la pobreza y
mantener sus prácticas culturales e identitarias. Las instituciones encargadas fueron
el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI), en la primera, y la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena, en la segunda, que existe hasta hoy.
La actual acción pública hacia
los pueblos indígenas se llama Política de Nuevo Trato, fue inaugurada por la administración
Lagos en el año 2003 y la nueva administración de la Presidenta Bachelet
augura mantener sus propósitos incorporando nuevas visiones a través de una
Consulta Nacional con Los Pueblos Originarios que debiera anunciar sus términos
el próximo 24 de junio.
Una somera línea de tiempo de
la agenda indígena de los gobiernos democráticos señala entre otros sus
principales hitos: El acuerdo de Nueva Imperial en 1989, Comisión Especial de
Pueblos Indígenas 1990-1993; los Congresos Nacionales de Pueblos Indígenas de
1991 y 1997; Diálogos Comunales y Pacto por el Respeto Ciudadano de 1999; Grupo de Trabajo sobre Temas Indígenas 2000, Plan
de las 16 medidas en el marco de la
Carta a los Pueblos Indígenas de Chile; el Programa Orígenes,
un convenio del Gobierno de Chile con el BID por 80 millones de dólares
orientado al desarrollo de 645 comunidades; Comisión de Verdad Histórica y
Nuevo Trato 2001-2003 y la
Política de Nuevo Trato.
Estos
avances en propuestas, inversión y acción política encuentran como contraparte
un movimiento indígena múltiple que se mueve entre la participación, el diálogo
crítico, las acciones de rechazo y la movilización decidida. Desde la
incorporación en las múltiples instancias de diálogo generadas por el gobierno
hasta las recuperaciones de tierras.
A
su turno el gobierno ha empleado toda la fuerza del Estado de Derecho, llegando
a echar mano de Ley Antiterrorista para condenar a los imputados en acciones de
clara dureza. Cuatro de ellos mantienen hoy una huelga de hambre extrema que
está a punto de completar los dos meses. Las organizaciones indígenas responden
con denuncias en foros internacionales y fuerte presencia mediática global. En
Otro actor central se ha constituido la batería de informes de situación preparados por el relator de Naciones Unidas,
por oenegés, personeros y organismos internacionales, parlamentarios y agencias
públicas que buscan testimoniar y
evaluar el proceso. La sumatoria de estos factores ha llevado a que política
pública indígena en Chile tenga hoy cuatro pilares fundamentales: La CONADI , El Programa
Orígenes; los programas sociales sectoriales y el Ministerio del Interior.
En
200 años de vida republicana apenas 20 han buscado reparar el daño causado
hacia los pueblos indígenas. En el Chile de hoy dos propuestas sobre la
realidad indígena se disputan el campo político nacional: el reconocimiento y
la autonomía. La propuesta gubernamental se encamina hacia mayores grados de
reconocimiento de derechos. Todo indica que una formulación participativa de
una propuesta Reconocimiento Constitucional, la ratificación del Convenio 169,
el avance en derechos sectoriales de cada pueblo indígena y la profundización
de las propuestas de desarrollo marcarán la agenda pública de cara al
Bicentenario. Esta tendencia no desconoce que existen detractores y conservadores, que ven en los avances
de la diversidad una negación del principio fundante de la unidad nacional. Qué harán los representantes indígenas: llevar su
demanda hasta la transformación del Estado uniforme. Las organizaciones
indígenas rearticulan sus propuestas bajos los signos de la autonomía, como la
expresión material del derecho a la libredeterminación, consustancial a todo
pueblo. De la mano de esta megademanda vienen adicionadas las reclamaciones por
un polinomio de derechos colectivos entre los que se cuentan: el derecho a la representación, los derechos participatorios,
el derecho a la autoafirmación; el derecho a la autodefinición, los derechos
pluriétnicos o culturales, los derechos patrimoniales; el derecho al
autogobierno y el derecho a la administración de un territorio al interior de
un Estado, ahora multicultural.
Fernando Quilaleo. Periodista. Magíster © en Comunicación, Universidad
de Chile.
Santiago de Chile, abril 28 de 2006. 19.15 hrs.
