Autonomistas y Participacionistas. El Pensamiento Político Mapuche Actual

Los massmedia en Chile suelen presentan a los pueblos indígenas como un todo compacto. Un bloque monolítico que pensaría del mismo modo, contendría idénticas ideas y sostendría opiniones equivalentes. Por esta razón, la sociedad tiende a visualizar al Pueblo Mapuche  como una agrupación humana de pensamiento político compacto, casi sin fisuras. Esto lleva a configurarlo como poseedor de un pensamiento político único. Los medios hacen extensible este criterio simplificador también a otros pueblos indígenas en el país. Este pensamiento unidimensional, para decirlo con palabras de Marcuse, estaría desprovisto de toda densidad política y aplanaría la diversidad de los pueblos. Esta tesis intentaremos discutir con una pequeña muestra.

Esta visión monolítica del pensamiento político mapuche actual reduce el campo expresivo de las ideas propias que se articulan en su interior. Esta arquitectónica integrista lejos de beneficiar el análisis lo recubre de un velo dogmático del que debiéramos intentar escapar. Para evitar esta trampa es que debiera ser posible mostrar la riqueza de debate sin evaluaciones a priori. La suma de las variadas ideas fuerzas de la reflexión política viene a constituir, lo que llamamos, el pensamiento político mapuche actual. 

Revisaremos aquí,  dos posturas fuertes dentro del programa político mapuche: por un lado, la postura autonomista,  que hace referencia a diversos procesos, temáticas y filosofía política de descolonización y contiene a distintos actores. Una segunda línea de expresión es lo que llamaremos corriente participacionista compuesta por una ciudadanía mapuche que busca la inclusión dentro de los procesos de toma de decisión política del Estado. Ambas posturas presentan en su interior, si se desagregan, una multiplicidad de enfoques que mucho tienen que ver con el contexto o coyuntura de la acción política en la cual se mueven.

A lo largo del siglo XX los líderes políticos mapuche  dejarán atrás “la autodefinición de raza para dar lugar al uso del concepto pueblo. Con ellos se esboza demandas colectivas, como la autonomías y autodeterminación, en directa relación con una autodefinición colectiva de nación desde la década de los noventa hasta hoy”[i]. Los pueblos originarios construyeron, fundamentalmente en las últimas dos décadas, un pensamiento político indígena propio que fue tributario de los debates y visiones anteriores, entre las que podemos resumir: integracionistas, indianistas y desarrollistas. Las ideas indígenas en Chile han pasado de la lucha por el reconocimiento y el desarrollo, a  la lucha por los derechos y la autonomía, lo que incluye una fuerte denuncia de procesos de dominación en las relaciones con el Estado de Chile[ii].

 Aquellas posiciones, que denominaremos participacionistas, colocan en el centro la necesidad de construir un nuevo acuerdo con el Estado de Chile, basado en el ejercicio de derechos y una legítima representación y participación de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisión nacional. Por otro lado, las posiciones autonomistas destacan el ejercicio del derecho a la libre-determinación y el auto-gobierno indígena como articulador de sus propuestas políticas, llegando a posiciones que establecen en el actuar del Estado una acción de sometimiento político hacia el pueblo mapuche.

La postura autonomista se manifiesta en diversas expresiones, tal vez la corriente más fuerte es aquélla que define autonomía como expresión de acción política  “autónoma de partidos” no indígenas, y sostiene una (o varias) propuesta (s) de autonomía política mapuche. Estas posiciones descreen de las expresiones de participación política; de hecho niegan casi todo tipo de relaciones con el Estado. Plantean una crítica al sistema político representativo y persiguen levantar una postura autónoma, en tanto a su relación con las orgánicas partidarias que se hace extensiva a una voluntad de autonomía a sistemas religiosos, filosóficos  o culturales ajenos. Consideran que las relaciones del pueblo mapuche con las instituciones no-indígenas han sido hasta ahora de sumisión y obediencia. Han buscado formas de acción política directa y reconstitución de liderazgos ancestrales. En algunos casos se articuló en una expresión anti-capitalista, como es el caso de la Coordinadora Arauco Malleco[iii]  o en la formulación de un “autogobierno mapuche del BioBio al Sur” en el caso del Consejo de Todas las Tierras[iv]  o la “rearticulación como Nación desde los territorios ancestrales”[v] en el caso de la Alianza Territorial Mapuche que ha llevado adelante los últimos procesos de movilización, entre otros actores que podríamos destacar.

Por otro lado, una segunda postura,  es aquella que persigue la participación política, que incluye a una serie de liderazgos políticos mapuche, buscan generar cambios e incluir propuestas, participan en los espacios estatales o sistémicos e, incluso,  desde el interior de las fuerzas políticas nacionales intentando transformaciones a través de la incidencia política[vi]. Su foco esencial está puesto en las esferas de decisión y en la disputa de espacios de poder. Podríamos señalar que estas posturas buscan la construcción de una ciudadanía indígena para la participación política en la sociedad nacional. De allí que nos parezca más apropiado llamar a esta postura “participacionista”.

Estos sectores se expresan con solvencia a nivel de los gobiernos locales,  a través de la elección de concejales y alcaldes. En la última elección municipal del 2012 se eligieron ocho alcaldes mapuche y más de 60 concejales. Es visible también la presencia de este sector en otros espacios de representación política indígena por elección popular como el Consejo Nacional de la CONADI. Esta institución gubernamental de consejo mixto desarrolla elecciones nacionales cada cuatro años[vii], el último ejercicio electoral se realizó en enero de 2012,  CONADI dispone de un padrón que supera los 192 mil inscritos, de ellos un 16,3% participó de la elección.  También existe una importante presencia en el aparato público, profesionales y técnicos indígenas con trabajo en temas relacionados con los pueblos indígenas, sus posturas se centran de preferencia en la apertura de espacios políticos y ampliación de derechos. 

Otra forma de interpretación de los debates políticos internos en el pueblo mapuche sería considerar a las posturas autonomistas como expresión fuera del modelo ciudadano estatal. Esta postura buscaría la construcción de un “sujeto político autónomo” en un sentido paralelo y yuxtapuesto al de representación política. De esta misma forma, la otra corriente que busca expresiones de incidencia y participación política, constituiría un sector que busca la consolidación de una “ciudadanía indígena” capaz de influir y transformar las políticas públicas. En ocasiones, quienes adhieren a la generación de un  “sujeto político autónomo” y quienes impulsan una “ciudadanía indígena” coexisten. De hechos los postulados de lado y lado es posible encontrarlos superpuestos en discursos de las organizaciones mapuche casi sin distinción. Los líderes y lideresas se mueven a través de ellos sin mayores dificultades teóricas o prácticas.  En algunos casos es difícil distinguir donde comienza una postura y acaba la otra. En ocasiones se generan acuerdos en torno a objetivos comunes: la defensa de la tierra y los derechos territoriales; el rescate de las prácticas identitarias y culturales, la promoción del idioma propio y el revitalización de las autoridades ancestrales. Tampoco están ausentes de desencuentro como en la relación que se sostiene con el Estado de Chile o en los plazos para implementar los cambios propuestos[viii]. Hasta ahora han sido el discurso autonomistas el que  aparecen más visible en los massmedia pero el discurso participacionista también logra instalarse a la hora de la construcción de un diálogo democrático. Quizás sea una adecuada e inteligente articulación de ambas posturas lo que permita una transformación profunda de la relación catastrófica con el Estado de Chile.

Finalmente, señalemos que en Chile existe un contexto de desequilibrio democrático que margina a las propuestas políticas indígenas de los espacios de toma de decisión. Lo mismo ocurre para quien sostenga una visión autonomista o participacionista. Ambas corrientes están marginadas de los centros de poder que se encuentran reservados a un sector social no indígena, ilustrado, masculino y de altos ingresos.  Intervienen también una serie combinada de relaciones económicas,  culturales, identitarias, mediáticas, de poder, represivas y simbólicas. La política como campo de resolución de conflictos está ausente e impotente para resolver este desequilibrio porque el sistema nacional de administración del poder soporta también en sí mismo una crisis profunda de legitimidad. Esta relación catastrófica, esta distorsión democrática que se expresa sobre todo en el acceso al poder genera una inestabilidad que tiende a hacerse permanente con pocas posibilidades de modificación en la estructura de distribución del poder político en el Estado.

Fernando Quilaleo A.

Periodista

Mayo 25, 15.30 hrs.

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[i] “Taiñ mapuchegen. Nación y nacionalismo mapuche: construcción y desafío del presente” José Millelan P. En “Taiñ Fijke Xipa Rakizuameluwún. Historia, dcolonialismo y resistencia desde el país Mapuche”  VV.AA. Comunidad de Historia Mapuche. Temuco 2012.  P.251

[ii] Autodeterminación. Ideas Políticas Mapuche en el Albor del Siglo XXI. José A. Mariman  LOM 2012

[iii] Léase la declaración “Por la reconstrucción del pueblo Nación Mapuche” entre varios otros documentos que están reseñados aquí  http://www.mapuche.info/?kat=3&sida=2360

[iv] Aucan Huilcamán, fundador y líder del Consejo de Todas las Tierras,  respondió públicamente a una invitación a participar en un proceso de Consulta Indígena. Responde allí a dos consejeros indígenas y los exhorta a que “nos consultemos recíprocamente sobre cómo materializar el derecho a la libre determinación y determinar cuándo conformamos un gobierno indígena, sea Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Likan Antay o Quechua. La conformación de un gobierno indígena al amparo del derecho internacional, constituye un imperativo ineludible” (Punto 7 de la carta “Asunto: Respuesta Consulta Indígena”), http://www.mapuche.info/?kat=3&sida=3845.

[v] http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/2012/12/a-la-opinion-publica-desde-el-interior.html.

[vi] Varios partidos políticos chilenos cuentan con orgánicas internas para atender la realidad de los pueblos indígenas: el PS cuenta con una Vice-presidencia, el PDC con una Frente Indígena; el PRSD con una Comisión Indígena; el PPD con una Secretaría Nacional Indígena y el PC con una Comisión Nacional Indígena, entre otros.

[vii] La Ley Indígena, 19.253 en su Art.41 establece el número de representantes y su duración, señala que el Consejo de Conadi tendrá: “Ocho representantes indígenas: cuatro mapuches, un aimara, un atacameño, un rapa nui y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacional. Estos serán designados, a propuesta de las Comunidades y Asociaciones Indígenas, por el Presidente de la República, conforme al reglamento que se dicte al efecto”. Puntualiza en su párrafo 6 que estos consejeros “durarán cuatro años a contar de la fecha de publicación del decreto de nombramiento, pudiendo ser reelegidos” Aunque técnicamente estás no son consideradas elecciones populares ya que de ser así serían reguladas por el Servicio Electoral; para el caso “eleccionario” en el Consejo de Conadi se considera una “consulta” que luego propone una terna por cada uno de los ocho consejero y que son definidos por el Presidente de la República tal como lo establece la Ley 19.253.

[viii] Posterior al atentado incendiario que cobró la vida del matrimonio Luschinger-MacKay y en medio de la convulsión líderes mapuche convocaron a una reunión amplia en el Cerro Ñielol de Temuco hasta donde llegaron cerca de 350 asistentes. Sus conclusiones luego de horas de diálogo fueron 10: Las 10 conclusiones de la Cumbre Mapuche en el cerro Ñielol: 1- Voluntad de diálogo de las comunidades con el Gobierno.2- Exigencia de un autogobierno desde el Biobío al sur.  3- Formar una comisión para revisar tratados.  4- Reconocimiento constitucional, sólo si se da entre los dos Gobiernos. 5- Pedir una indemnización del Estado, no sólo en dinero, sino también en tierras. 6- Instar a las autoridades a pedir perdón por los daños causados.7- Rechazo a la ocupación militar de la zona. 8- Retiro de las Fuerzas Policiales de las comunidades en conflicto. 9- Rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista y 10- Rechazo a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. (16 de enero 2013).