CHILE BICENTENARIO: DE LAS COMUNIDADES INVENTADAS A LA COMUNIDAD DIVERSA

Publicado en Revista Focal Point-Canadá. (abril 2006)
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Las fuerzas políticas en Chile comienzan a debatir, cada día con mayor intensidad, sobre ciertas nociones fundacionales del país. Uno de estos puntos tiene en su centro a la República, constituida sobre una visión férrea de la tetralogía: Pueblo, Nación, Territorio y Estado. Acuerdo a la base plasmado en tres constituciones en 200 años. Pero toda constitución es la constitución de una derrota. Por un lado, los vencedores construyendo el país ensoñado y, por otro, los vencidos oponiéndose a las prácticas marginadoras y a las políticas públicas liquidacionistas de sus particularidades culturales. La constitución republicana de los vencedores sobre los pueblos indígenas vencidos. Derrotados ya no por la pólvora y las enfermedades, sino por las letras, la defensa de la propiedad privada y el monopolio de violencia que aseguró al Estado el uso exclusivo de la fuerza para resolver los conflictos.

Menos de un lustro nos separa del Bicentenario. Hoy no es menos difícil que Ayer incorporar en la idea de país nociones transformadoras como diversidad, plurinacionalidad, multiculturalismo y otros conceptos cada día más presentes en el debate internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de intentos serios por modificar, ya no sólo un grupo de mentalidades e ideologías excluyentes, sino de realizar las transformaciones necesarias para terminar con políticas que minorizan a los pueblos indígenas y dar paso a sociedades respetuosas y equilibradas que permitan la vida armoniosa de quienes conviven en su interior. La búsqueda de la unidad por lo que tienen en común. La construcción de una nueva comunidad ya no inventada ni perdida, sino posible y material. Una comunidad incluyente, que no sea disfrute privativo de unos pocos que la poseen. Por el contrario, que se extienda a los variados que la reclaman, una comunidad diversa.

 Chile ha visto transitar, a lo largo de su vida republicana, propuestas políticas anuladoras e integracionistas. En los albores de la República se vivieron algunos pocos años marcados por el interés de incorporar a los indígenas a través de la igualdad jurídica; sin embargo la gran mayoría de los actuales pueblos indígenas, al menos los ocho reconocidos en la Ley Indígena de 1993, no fueron parte del territorio nacional hasta fines del siglo XIX. Luego de la Guerra del Pacífico frente a Perú y Bolivia fueron anexados importantes territorios en el norte del país (1879), en estas regiones viven hasta el día de hoy las comunidades aymaras, quechuas y atacameñas. El Ejército vencedor no acampó en Santiago, por el contrario, continuó al sur a realizar la pacificación de la Araucanía, como se conoce en la historia oficial al proceso de anexión de los territorios que ocupaba el pueblo mapuche en el sur del país, desde el río Bío-Bío hasta las Isla Grande de Chiloé (1883). Se realizó también la anexión al territorio chileno de la isla Te Pito Ote Henua, Isla de Pascua (1888)  y, por último, se realizaron las matanzas impunes de los pueblos del extremo austral, hasta la extinción de los Aonikenk o Tehuelches y los Selk’nam u Onas; además la persecución y reducción casi al exterminio de las poblaciones kawésqar y yagán (1884) que apenas sobreviven hoy en un par de decenas. El siglo XX empezó para los pueblos indígenas 15 años antes.

Qué otra política pública podría haberse implementado sino la de chilenización que se extendió por todo el siglo y que en muchos postulados del Chile actual permanecen. La política pública orientada a indígenas en Chile ha vivido cuatro grandes periodos: 1) El de radicación o de “arreduccionamiento”: las tierras indígenas incorporadas al Estado fueron transformadas en reducciones. En la zona mapuche, se entregaron 3.078 títulos de merced que contenían apenas 475.045 hectáreas de los 15 millones originales y se benefició a 77.751 comuneros. 2) Individuación. Se buscaba hacer a los indígenas individuos a través de entregarles propiedad individual de la tierra colectiva mediante la división de las comunidades que recibieron en mercedes de tierras. 3) Negación. Se buscó terminar con la existencia de grupos indígenas e indígenas individuos. La idea central fue reconocer sólo la existencia de chilenos campesinos. 4) Desarrollista. Las dos leyes indígenas que buscaron su reconocimiento, 17.729 de 1972 y 19.253 de 1993, tuvieron sus fundamentos doctrinarios en la necesidad de llevar a los indígenas hacia el desarrollo, podían al mismo tiempo salir de la pobreza y mantener sus prácticas culturales e identitarias. Las instituciones encargadas fueron el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI), en la primera, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en la segunda, que existe hasta hoy.

La actual acción pública hacia los pueblos indígenas se llama Política de Nuevo Trato, fue inaugurada por la administración Lagos en el año 2003 y la nueva administración de la Presidenta Bachelet augura mantener sus propósitos incorporando nuevas visiones a través de una Consulta Nacional con Los Pueblos Originarios que debiera anunciar sus términos el próximo 24 de junio.

Una somera línea de tiempo de la agenda indígena de los gobiernos democráticos señala entre otros sus principales hitos: El acuerdo de Nueva Imperial en 1989, Comisión Especial de Pueblos Indígenas 1990-1993; los Congresos Nacionales de Pueblos Indígenas de 1991 y 1997; Diálogos Comunales y Pacto por el Respeto Ciudadano de 1999; Grupo de Trabajo sobre Temas Indígenas 2000, Plan de las 16 medidas en el marco de la Carta a los Pueblos Indígenas de Chile; el Programa Orígenes, un convenio del Gobierno de Chile con el BID por 80 millones de dólares orientado al desarrollo de 645 comunidades; Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato 2001-2003 y la Política de Nuevo Trato.

Estos avances en propuestas, inversión y acción política encuentran como contraparte un movimiento indígena múltiple que se mueve entre la participación, el diálogo crítico, las acciones de rechazo y la movilización decidida. Desde la incorporación en las múltiples instancias de diálogo generadas por el gobierno hasta las recuperaciones de tierras.

A su turno el gobierno ha empleado toda la fuerza del Estado de Derecho, llegando a echar mano de Ley Antiterrorista para condenar a los imputados en acciones de clara dureza. Cuatro de ellos mantienen hoy una huelga de hambre extrema que está a punto de completar los dos meses. Las organizaciones indígenas responden con denuncias en foros internacionales y fuerte presencia mediática global. En Otro actor central se ha constituido la batería de informes de situación preparados por el relator de Naciones Unidas, por oenegés, personeros y organismos internacionales, parlamentarios y agencias públicas que  buscan testimoniar y evaluar el proceso. La sumatoria de estos factores ha llevado a que política pública indígena en Chile tenga hoy cuatro pilares fundamentales: La CONADI, El Programa Orígenes; los programas sociales sectoriales y el Ministerio del Interior.

En 200 años de vida republicana apenas 20 han buscado reparar el daño causado hacia los pueblos indígenas. En el Chile de hoy dos propuestas sobre la realidad indígena se disputan el campo político nacional: el reconocimiento y la autonomía. La propuesta gubernamental se encamina hacia mayores grados de reconocimiento de derechos. Todo indica que una formulación participativa de una propuesta Reconocimiento Constitucional, la ratificación del Convenio 169, el avance en derechos sectoriales de cada pueblo indígena y la profundización de las propuestas de desarrollo marcarán la agenda pública de cara al Bicentenario. Esta tendencia no desconoce que existen detractores y conservadores, que ven en los avances de la diversidad una negación del principio fundante de la unidad nacional. Qué harán los representantes indígenas: llevar su demanda hasta la transformación del Estado uniforme. Las organizaciones indígenas rearticulan sus propuestas bajos los signos de la autonomía, como la expresión material del derecho a la libredeterminación, consustancial a todo pueblo. De la mano de esta megademanda vienen adicionadas las reclamaciones por un polinomio de derechos colectivos entre los que se cuentan: el derecho a la representación, los derechos participatorios, el derecho a la autoafirmación; el derecho a la autodefinición, los derechos pluriétnicos o culturales, los derechos patrimoniales; el derecho al autogobierno y el derecho a la administración de un territorio al interior de un Estado, ahora multicultural.

 Todo hace parecer que el Bicentenario anunciará la posibilidad de ir más allá del Estado a través del Estado. La negociación, el diálogo y legítima presión social estimularán a las políticas públicas para que terminen acompañando y empujando un proceso de transformaciones dentro del imperio de la ley. Una revolución por la diversidad en medio de un sistema excluyente. La búsqueda de mayores grados de democracia, ahora sí para que quepan todos. La construcción de una comunidad diversa. Hasta dónde podrá tensarse el bramante, es una pregunta abierta. 

Fernando Quilaleo. Periodista. Magíster © en Comunicación, Universidad de Chile.

Santiago de Chile, abril 28 de 2006. 19.15 hrs.