Los massmedia
en Chile suelen presentan a los pueblos indígenas como un todo compacto. Un
bloque monolítico que pensaría del mismo modo, contendría idénticas ideas y
sostendría opiniones equivalentes. Por esta razón, la sociedad tiende a visualizar al Pueblo Mapuche como una agrupación
humana de pensamiento político compacto, casi sin fisuras. Esto lleva a
configurarlo como poseedor de un pensamiento político único. Los medios hacen
extensible este criterio simplificador también a otros pueblos indígenas en el
país. Este pensamiento unidimensional, para decirlo con palabras de Marcuse, estaría
desprovisto de toda densidad política y aplanaría la diversidad de los pueblos.
Esta tesis intentaremos discutir con una pequeña muestra.
Revisaremos aquí, dos posturas fuertes
dentro del programa político mapuche:
por un lado, la postura autonomista, que hace referencia a diversos procesos,
temáticas y filosofía política de descolonización y contiene a distintos actores.
Una segunda línea de expresión es lo que llamaremos corriente participacionista compuesta por una ciudadanía
mapuche que busca la inclusión dentro de los procesos de toma de decisión
política del Estado. Ambas posturas presentan en su interior, si se desagregan,
una multiplicidad de enfoques que mucho tienen que ver con el contexto o
coyuntura de la acción política en la cual se mueven.
A lo largo del siglo XX los líderes políticos mapuche dejarán atrás “la autodefinición de raza para
dar lugar al uso del concepto pueblo. Con ellos se esboza demandas colectivas,
como la autonomías y autodeterminación, en directa relación con una
autodefinición colectiva de nación desde la década de los noventa hasta hoy”[i].
Los
pueblos originarios construyeron, fundamentalmente en las últimas dos décadas, un
pensamiento político indígena propio que fue tributario de los debates y
visiones anteriores, entre las que podemos resumir: integracionistas, indianistas
y desarrollistas. Las ideas indígenas en Chile han pasado de la lucha por el
reconocimiento y el desarrollo, a la
lucha por los derechos y la autonomía, lo que incluye una fuerte denuncia de
procesos de dominación en las relaciones con el Estado de Chile[ii].
La postura autonomista
se manifiesta en diversas expresiones, tal vez la corriente más fuerte es aquélla
que define autonomía como expresión de acción política “autónoma de partidos” no indígenas, y sostiene
una (o varias) propuesta (s) de autonomía política mapuche. Estas posiciones
descreen de las expresiones de participación política; de hecho niegan casi todo
tipo de relaciones con el Estado. Plantean una crítica al sistema político representativo
y persiguen levantar una postura autónoma, en tanto a su relación con las
orgánicas partidarias que se hace extensiva a una voluntad de autonomía a
sistemas religiosos, filosóficos o
culturales ajenos. Consideran que las relaciones del pueblo mapuche con las
instituciones no-indígenas han sido hasta ahora de sumisión y obediencia. Han
buscado formas de acción política directa y reconstitución de liderazgos
ancestrales. En algunos casos se articuló en una expresión anti-capitalista,
como es el caso de la Coordinadora Arauco Malleco[iii]
o en la formulación de un “autogobierno
mapuche del BioBio al Sur” en el caso del Consejo de Todas las Tierras[iv]
o la “rearticulación como Nación desde
los territorios ancestrales”[v]
en el caso de la Alianza Territorial Mapuche que ha llevado adelante los últimos
procesos de movilización, entre otros actores que podríamos destacar.
Por otro lado, una segunda postura, es aquella que persigue la participación
política, que incluye a una serie de liderazgos políticos mapuche, buscan
generar cambios e incluir propuestas, participan en los espacios estatales o
sistémicos e, incluso, desde el interior
de las fuerzas políticas nacionales intentando transformaciones a través de la
incidencia política[vi].
Su foco esencial está puesto en las esferas de decisión y en la disputa de
espacios de poder. Podríamos señalar que estas posturas buscan la construcción
de una ciudadanía indígena para la participación política en la sociedad
nacional. De allí que nos parezca más apropiado llamar a esta postura “participacionista”.
Estos sectores se expresan con solvencia a nivel de
los gobiernos locales, a través de la
elección de concejales y alcaldes. En la última elección municipal del 2012 se
eligieron ocho alcaldes mapuche y más de 60 concejales. Es visible también la presencia
de este sector en otros espacios de representación política indígena por
elección popular como el Consejo Nacional de la CONADI. Esta institución
gubernamental de consejo mixto desarrolla elecciones nacionales cada cuatro
años[vii],
el último ejercicio electoral se realizó en enero de 2012, CONADI dispone de un padrón que supera los 192
mil inscritos, de ellos un 16,3% participó de la elección. También existe una importante presencia en el
aparato público, profesionales y técnicos indígenas con trabajo en temas relacionados
con los pueblos indígenas, sus posturas se centran de preferencia en la
apertura de espacios políticos y ampliación de derechos.
Otra forma de interpretación de los debates políticos
internos en el pueblo mapuche sería considerar a las posturas autonomistas como
expresión fuera del modelo ciudadano estatal. Esta postura buscaría la construcción
de un “sujeto político autónomo” en un sentido paralelo y yuxtapuesto al de representación
política. De esta misma forma, la otra corriente que busca expresiones de
incidencia y participación política, constituiría un sector que busca la
consolidación de una “ciudadanía indígena” capaz de influir y transformar las
políticas públicas. En ocasiones, quienes adhieren a la generación de un “sujeto político autónomo” y quienes impulsan
una “ciudadanía indígena” coexisten. De hechos los postulados de lado y lado es
posible encontrarlos superpuestos en discursos de las organizaciones mapuche
casi sin distinción. Los líderes y lideresas se mueven a través de ellos sin
mayores dificultades teóricas o prácticas. En algunos casos es difícil distinguir donde
comienza una postura y acaba la otra. En ocasiones se generan acuerdos en torno
a objetivos comunes: la defensa de la tierra y los derechos territoriales; el
rescate de las prácticas identitarias y culturales, la promoción del idioma
propio y el revitalización de las autoridades ancestrales. Tampoco están
ausentes de desencuentro como en la relación que se sostiene con el Estado de
Chile o en los plazos para implementar los cambios propuestos[viii].
Hasta ahora han sido el discurso autonomistas el que aparecen más visible en los massmedia pero el discurso participacionista también logra instalarse
a la hora de la construcción de un diálogo democrático. Quizás sea una adecuada
e inteligente articulación de ambas posturas lo que permita una transformación
profunda de la relación catastrófica con el Estado de Chile.
Finalmente, señalemos que en Chile existe un contexto
de desequilibrio democrático que margina a las propuestas políticas indígenas
de los espacios de toma de decisión. Lo mismo ocurre para quien sostenga una
visión autonomista o participacionista. Ambas corrientes están
marginadas de los centros de poder que se encuentran reservados a un sector
social no indígena, ilustrado, masculino y de altos ingresos. Intervienen también una serie combinada de
relaciones económicas, culturales,
identitarias, mediáticas, de poder, represivas y simbólicas. La política como
campo de resolución de conflictos está ausente e impotente para resolver este
desequilibrio porque el sistema nacional de administración del poder soporta
también en sí mismo una crisis profunda de legitimidad. Esta relación catastrófica,
esta distorsión democrática que se expresa sobre todo en el acceso al poder
genera una inestabilidad que tiende a hacerse permanente con pocas posibilidades
de modificación en la estructura de distribución del poder político en el Estado.
Fernando Quilaleo A.
Periodista
Mayo 25, 15.30 hrs.
[i] “Taiñ
mapuchegen. Nación y nacionalismo mapuche: construcción y desafío del presente”
José Millelan P. En “Taiñ Fijke Xipa Rakizuameluwún. Historia,
dcolonialismo y resistencia desde el país Mapuche” VV.AA. Comunidad de Historia Mapuche. Temuco
2012. P.251
[iii] Léase la
declaración “Por la reconstrucción del pueblo Nación Mapuche” entre varios
otros documentos que están reseñados aquí
http://www.mapuche.info/?kat=3&sida=2360
[iv] Aucan
Huilcamán, fundador y líder del Consejo de Todas las Tierras, respondió públicamente a una invitación a
participar en un proceso de Consulta Indígena. Responde allí a dos consejeros
indígenas y los exhorta a que “nos consultemos recíprocamente sobre cómo
materializar el derecho a la libre determinación y determinar cuándo
conformamos un gobierno indígena, sea Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Likan Antay o
Quechua. La conformación de un gobierno indígena al amparo del derecho
internacional, constituye un imperativo ineludible” (Punto 7 de la carta
“Asunto: Respuesta Consulta Indígena”), http://www.mapuche.info/?kat=3&sida=3845.
[vi] Varios
partidos políticos chilenos cuentan con orgánicas internas para atender la
realidad de los pueblos indígenas: el PS cuenta con una Vice-presidencia, el
PDC con una Frente Indígena; el PRSD con una Comisión Indígena; el PPD con una
Secretaría Nacional Indígena y el PC con una Comisión Nacional Indígena, entre otros.
[vii] La Ley
Indígena, 19.253 en su Art.41 establece el número de representantes y su duración,
señala que el Consejo de Conadi tendrá: “Ocho representantes
indígenas: cuatro mapuches, un aimara, un atacameño, un rapa nui y uno con
domicilio en un área urbana del territorio nacional. Estos serán designados, a
propuesta de las Comunidades y Asociaciones Indígenas, por el Presidente de la
República, conforme al reglamento que se dicte al efecto”. Puntualiza en su
párrafo 6 que estos consejeros “durarán cuatro años a contar de la fecha de
publicación del decreto de nombramiento, pudiendo ser reelegidos” Aunque
técnicamente estás no son consideradas elecciones populares ya que de ser así
serían reguladas por el Servicio Electoral; para el caso “eleccionario” en el
Consejo de Conadi se considera una “consulta” que luego propone una terna por
cada uno de los ocho consejero y que son definidos por el Presidente de la
República tal como lo establece la Ley 19.253.
[viii] Posterior
al atentado incendiario que cobró la vida del matrimonio Luschinger-MacKay y en
medio de la convulsión líderes mapuche convocaron a una reunión amplia en el
Cerro Ñielol de Temuco hasta donde llegaron cerca de 350 asistentes. Sus
conclusiones luego de horas de diálogo fueron 10: Las 10 conclusiones de la
Cumbre Mapuche en el cerro Ñielol: 1- Voluntad de diálogo de las comunidades con
el Gobierno.2- Exigencia de un autogobierno desde el Biobío al sur. 3- Formar una comisión para revisar
tratados. 4- Reconocimiento
constitucional, sólo si se da entre los dos Gobiernos. 5- Pedir una
indemnización del Estado, no sólo en dinero, sino también en tierras. 6- Instar
a las autoridades a pedir perdón por los daños causados.7- Rechazo a la
ocupación militar de la zona. 8- Retiro de las Fuerzas Policiales de las
comunidades en conflicto. 9- Rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista y
10- Rechazo a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. (16 de
enero 2013).
