sábado, 27 de noviembre de 2010

Linchamiento o Justicia Indígena en Bolivia

Desde el 2009, 30 personas murieron linchadas en Bolivia y otras 77 salvaron de correr igual suerte, según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en La Paz. En Chuquisaca, a fines de octubre último una pareja fue linchada acusada de brujería. En Potosí, cerca de Chile, una turba enardecida retuvo a cuatro policías acusados de corrupción y extorsión, el grupo captor asegura  haberlos juzgados, los encontraron culpables y aplicaron “justicia comunitaria”.
Los sectores populares, pero sobre todo la prensa, suele llamar  Justicia Comunitaria a los linchamientos.  Se confunde así la Justicia Comunitaria Indígena con el ajusticiamiento directo. La justicia comunitaria indígena proviene de prácticas ancestrales y actuales de resolución de conflictos pero, en muchos casos, es tomada por el sentido común mediático y reinstalada en el debate como acción ejecutiva sin forma de juicio, una imposición de voluntad. Tratemos de distinguir entre ambas.
Diferenciar el linchamiento de la Justicia Comunitaria Indígena es un esfuerzo que ha llevado adelante Bolivia de la mano del Presidente Evo Morales y su revolución plurinacional.  Se trata de  evitar la baraúnda que confunde la acción por mano propia con las formas y prácticas culturales de justicia de las comunidades indígenas, que es lo que se ha intentado definir y legalizar con un reconocimiento constitucional, una ley de justicia comunitaria y una de deslinde jurídico.
El sentido común popular homologó la práctica ancestral de hacer justicia frente a un desequilibrio en las comunidades del mundo andino con una forma específica de reacción ante un crimen realizado; que es ubicar a un acusado de un crimen grave, apresarlo por una turba y, en la mayoría de los casos, tomar su vida sin proceso,  lincharlo.
La palabra “lynchamiento” es un anglicismo tomado del apellido del juez de Virginia, EE.UU., Charles Lynch que en 1790 ordenó la ejecución de un grupo de acusados que habían sido exculpados por un tribunal. El juez Lynch,  miembro de un grupo cuáquero, indignado por la absolución de los hombres que consideró pro-británicos en el marco de la Guerra de Independencia, ordenó su ejecución directa.
La lógica del linchamiento, como autotutela o imposición de la voluntad de una de las partes, confundido con la justicia comunitaria es bastante corriente en el sentido común boliviano urbano. Como muestra de esta semiología es posible encontrar en el viejo Chukiago Marka o en el empobrecido  y agitado El Alto, monigotes humanos hechos de trapo y ropa vieja, colgados de los postes de luz  en señal de que en ese barrio, al encontrar a un criminal, se practicará la “justicia comunitaria”.
Pero eso no es justicia comunitaria! Clamaron los líderes indígenas de las cinco principales organizaciones de los pueblos originarios bolivianos reunidas en el Pacto de Unidad. La Justicia Indígena no se comporta así, tiene otra ética, otros códigos y normas,  otros fines y es una forma legítima de práctica de justicia ancestral y por fuera del sistema jurídico procesal y penal del Estado. Es parte de los esfuerzos por el reconocimiento del pluralismo jurídico.
La Justicia comunitaria toma forma de juicio en una comunidad (ayllu) aymara u otro pueblo. Se constituye como práctica efectiva de resolución de conflicto intra-comunitarios que no considera la ejecución del acusado como una salida del proceso. La Justicia Indígena es desarrollada y ejercitada por los pueblos para la mantención del equilibrio energético-social  dentro de la comunidad. En general, su mayor castigo, es la expulsión de la comunidad de él o los acusados. Como en el film boliviano Nación Clandestina.
En la obra del realizador Jorge Sanjinés (1989), que es para muchos considerada la mejor película realizada en el país de Tiwanaku  en toda su historia; narra la expulsión de la comunidad de un jefe indígena acusado de engañar y causar daño al equilibrio de su ayllu. Un juicio comunitario sentenció su expulsión como el mayor castigo posible. Él, buscará con afán volver a su comunidad. Bailará sin descanso para reparar el daño. Todo esto sucede a espaldas de la sociedad dominante. El pueblo aymara desarrolla sus prácticas culturales como punto de fuga en los márgenes de la clandestinidad. Un punto de fuga de los dispositivos del poder, como conceptualizó Michel De Certeau en “La Cultura en Plural”. La cultura plural como una forma para rehuir a la sociedad disciplinaria.
La Justicia Comunitaria Indígena  fue reconocida por la Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada en febrero de 2009 y en su artículo 180.2 se establece la coexistencia de dos sistemas jurídicos: el procesal ordinario y la Justicia Indígena Originaria Campesina. Es cierto que el nombre es largo y buscó dejar contentos a todos los actores y por cierto a la derecha, en ocasiones ambién disfrazada de enfervorizado izquierdismo, cuestiona y busca confundir con los dichos “linchamientos populares” y abrirle un flaco de distancia a Evo Morales con la ciudadanía y los pueblos.
Quizás podamos desarrollar otro día y con detalles las características específicas de la Justicia Indígena. Por hoy me interesa sostener la importancia del pluralismo jurídico que deja atrás la noción de monismo jurídico, que afirma, la existencia de un único sistema jurídico en  un Estado y por tanto la existencia de una sola forma de ejercicio de la justicia. En general esa única vía, en América, es la  impuesta a los pueblos indígenas por los sistemas judiciales y tribunales de las sociedades no indígenas;  coloniales primero y republicanos más tarde.
Sin embargo, las formas de ejercicio de la justicia previa a la conformación de los estados  han sobrevivido en casi todo el continente. En Chile, aún se practica el wichan mapuche; el  juicio de clanes y ancianos en Rapa Nui o la justicia del ayllu aymara en el altiplano o la precordilera del Norte Grande. Todas ellas constituyen una forma debilitada, casi hasta su desaparición, pero existente y, sobre todo,  recuperable de justicia indígena.
A concluir esta columna, Naciones Unidas acordó, a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar en el 2014 una Reunión Plenaria de Alto Nivel que recibirá el nombre de “Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas” el tema de la Justicia Comunitaria y el pluralismo jurídico, será sin duda parte de la discusión.

Fernando Quilaleo A.
Periodista. Mg. en Comunicación.
Noviembre 16 de 2010. 21.15 hrs.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Censo 2012, consulta previa e idiomas Indígenas

http://www.elciudadano.cl/2010/11/08/censo-2012-consulta-previa-e-idiomas-indigenas/

Censo 2012, consulta previa e idiomas Indígenas

Los propios errores técnico/políticos del Instituto Nacional de Estadística de Chile y la desconexión con el mundo indígena  llevaron a que los Censos de 1992 y 2002 fuesen incomparables. El primero reveló una población  de  998 mil personas indígenas y el segundo sólo contabilizó 692 mil indígenas.
¿Cómo fue posible que el INE errara tanto el cálculo? ¿Cómo fue posible que pasáramos de ser el 9,2% de la población a ser el 4,6%? Y en diez años se perdieran el 30,67% de la población indígena; ¡se habían perdido por prestidigitación estadística 306 mil personas!
“Genocidio Estadístico” se me ocurrió bautizar a esta “desaparición” de las estadísticas oficiales de 300 mil personas indígenas (emol.cl 29/03/2003).  Aunque habíamos ya advertido al INE de los riesgos de insistir en modificar la pregunta; criterios técnicos, pero sobre todo, políticos influyeron en la modificación.
A la Institucionalidad siempre  le rondó la idea de la sobredimensión de la realidad indígena que se acercaba peligrosamente al 10% de la población nacional y había que hacer algo. Se convocaron algunos técnicos especializados e incluso algunas voces técnicas indígenas abogaron por cambiar la pregunta del Censo 92.
Los argumentos eran que cualquiera podría haberse manifestado indígena, pues no había más mecanismo de control que la autoidentificación; el concepto cultura era muy amplio y, se argumentaba, la influencia positiva (sic) del contexto del  Quinto Centenario que  llevaba a una solidaridad extrema de los no-indígenas. La entonces coordinadora de Demografía INE, sostuvo que “ya en 1992 se sabía que la pregunta sobre identificación con una cultura indígena estaba mal formulada…ese año en el país existía bastante efervescencia por el tema de las etnias, ya que aún no se dictaba la ley indígena”
La pregunta del 92 estaba formulada bajo un criterio de autoidentificación decía: “si Ud. es chileno, se considera perteneciente a alguna de las siguientes culturas”. Algunos pensaron que esta pregunta abierta, que preguntada por una cultura abría la posibilidad que personas no indígenas pudieran responder afirmativamente y escoger una de las alternativas: mapuche, aymara, rapa nui o Ninguna de las anteriores.   Fue considerada una pregunta que sustentaba la “autoidentificación cultural”
En el 2002 la pregunta cambió de giro y se orientó en forma  más clara por “pertenencia indígena”, decía: “si Ud.es chileno, pertenece a alguno de los siguientes etnias indígenas” y refería en las respuestas los ocho pueblos considerados en la Ley Indígena 19.253.
El mismo Sebastián Donoso, hoy Coordinador de Políticas Indígenas del Gobierno de Piñera, llamaba a no asombrarse por la baja de población y que esta correspondía a un interés político porque “para nadie es un misterio que la cuestión numérica es vital en el marco de las demandas etno-autonómicas de los grupos indígenas”. Ahora Donoso está en la Institucionalidad y deberá enfrentar la disyuntiva.
El 2012 se realizará un nuevo Censo de Población y Vivienda en el país. El INE se encontrará que en esta oportunidad existe Tratado Internacional aprobado por Chile; el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas de la OIT que regula la relación del Estado con los Pueblos Indígenas. El Convenio les obligará a consultar, por lo tanto,  la pregunta del Censo sobre pueblos indígenas. Por los errores anteriores del INE de no prever s relación con los pueblos indígenas, es altamente probable que la pregunta vuelva a modificarse, y haga que los datos de los tres censos sean inconmensurables e impida proyectar alguna idea clara sobre cuál será la población indígena en el año 2022, por ejemplo.
Se carecerá de puntos de comparación. Sería impresentable que las cifras fueran a la baja de nuevo con un renovado etnocidio de las cifras. Una curiosidad, para saldar esta inconmensurabilidad de las cifras la encuesta CASEN 2003 y 2006, que no son un censo sino una muestra, proyectaron una cifra amparada en los Censos anteriores, y la cifra resultante es casi un promedio prefecto de ambos censos: 6,6%.
Así, es probable que la Administración Piñera se abra a realizar una Consulta Previa, obligados por el Convenio 169 de la OIT. No podría ser de otra manera. El INE cometería una nueva transgresión técnica si acepta redactar la “nueva pregunta” de espalda a los pueblos indígenas presionado para evitar una cifra que vuelva a empujar un peldaño más las demandas políticas de los pueblos indígenas y dejar atrás aquello de las “minorías” y continuar el camino del ejercicio de los derechos esenciales como el derecho a la Libre-determinación.
Pero hay mediciones tan importantes como el Censo de Población que no se han hecho. Se debe con urgencia medir el conocimiento de los idiomas de los pueblos indígenas en Chile. La ausencia de datos específicos ha llevado a una  indiferencia sobre los destinos de los idiomas indígenas y una pésima política pública sobre “lenguas indígenas”, el programa de EIB está atrasado 15 años respecto a sus pares de América Latina, fue abandonado a prácticas superficiales, incoherentes y parciales.
La CASEN 2003 y 2006 muestran que el mayor porcentaje de hablantes de idiomas indígenas está en las personas de edad avanzada y está fuertemente a la baja. Las cifras caen en forma alarmante;  quienes hablan y entienden, sumados, pasaron de ser un 29% en el 2003 a un 23% en el 2006,  en sólo 36 meses!
Por lo demás, Chile no se caracteriza por tener una política asertiva de bilingüismo en su educación. Muy pocos estudiantes terminan el colegio hablando inglés, luego de seis años de clases intensivas de contenidos y represivas de evaluaciones, el fracaso es la frecuencia.
Por lo tanto, el Censo 2012 y el INE tiene varios retos y desafíos: conservar un mínimo de fiabilidad técnica y científica; respeto por la voz de los pueblos indígenas en materias que les involucran; buscar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos para la nueva versión de pregunta censal tal como se los exige el Convenio 169 de la OIT; avanzar en la producción de datos necesarios y válidos como la uso y conservación de los idiomas indígenas.
El argumento que nos dio el Director del INE en el año 2000, de cuyo nombre no quiero acordarme, explicaba que el costo adicional e inalcanzable de incluir una pregunta sobre idiomas indígenas era el freno para modificar la matriz de preguntas del Censo.
Quizás hoy pueda el INE sacarle un ala a los 20 mil 200 millones que ofreció el gobierno en la Mesa del Ñielol o seguir insistiendo en el viejo adagio que compartí con el maestro de las cifras honestas Pedro Chakiel, sólo debemos creer en las estadísticas que nosotros mismos manipulamos.
Fernando Quilaleo
Periodista
Noviembre 01, 2010. 10.15 hrs.

Mapuches del Puelmapu (Ranqueles). Nótese la carcanía de la imagen en el centro con la foto famosa del Che; es un xarilonko o una boina caída? un siglo antes que la popularizara el Che Guevara!. 


miércoles, 20 de octubre de 2010

El reconocimiento que desconoce (II)

http://www.elciudadano.cl/2010/10/19/el-reconocimiento-que-desconoce-ii/

El reconocimiento que desconoce (II)
Dijimos antes que en esta segunda parte hablaríamos de los alcances del debate que tendrá lugar sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, desde las propuestas de las políticas de reconocimiento y las propuestas de la intelligentsia de los pueblos sobre el país en el que se quiere vivir.
Decíamos que los estados y los intelectuales en Latinoamérica, luego de 40 años de indigenismo, rompieron con esa lógica de acción del estado con los pueblos indígenas en la década de los 80. Se abandonó esa política pública que perseguía “traer a la modernidad” a los pueblos indígenas, pero en ese trayecto los indígenas debían abandonar sus prácticas antiguas subsistentes. Se pretendía que dejaran de ser lo que eran; ese fue el enfoque central del indigenismo.
En Chile, para entrar en materia, los pueblos indígenas fueron “traídos a la modernidad” por diversos caminos: en el caso mapuche por la invasión militar del Ejército a su territorio (1881-1883), en el caso aymara por la anexión y chilenización de post-guerra (1879);  los pueblos australes por el genocidio y el aislamiento (1884) y el pueblo Rapa Nui por el enclaustramiento forzado que los obligó a abandonar la constelación Maori (1888).
El siglo XX comenzó antes para los pueblos indígenas, siguiendo la lógica de Hobsbawm, no fue un siglo corto sino más bien un siglo largo; aunque al igual que en el de Eric, esta fue una edad extremizada. Quizás el siglo no termina aún para los pueblos indígenas y continúa moviéndose entre dos extremos. No termina, por un lado,  la insistencia terca en la “modernización” de los pueblos por parte de Estado que implica sumisión y abandono de sus particularidades culturales, pero sobre todo de su condición territorial y política. Por otro lado, la persistencia de los pueblos indígenas para sostener sus prácticas culturas, sus prácticas políticas, sus territorios, su universo simbólico y sus recursos de vida. Los gobiernos ya no promueven el asimilacionismo indigenista sino la integración, que es casi lo mismo salvo que en esta última versión se puede conservar ciertos rasgos culturales.
Antes de entrar en el debate sobre el reconocimiento constitucional que se debate en Chile,  aventuremos una hipótesis: asistimos en América Latina a un proceso de transición de la relación de los estados con los pueblos indígenas. Transición que irá desde un estado monoétnico a un estado plurinacional. Desde una sociedad discriminatoria a una sociedad de la diversidad. De un estado de sometimiento y modernización forzada de los pueblos indígenas a uno de respeto. De la negación de los derechos, a los derechos limitados por los dispositivos institucionales del poder para luego avanzar hacia el ejercicio pleno de la libre-determinación y la autonomía. Del mero reconocimiento del otro a la transformación de las bases que fundan la relación de Chile con los pueblos indígenas. Del derecho individual como centro del edificio social a la validación de los derechos colectivos.  Un nuevo contrato social con los pueblos indígenas, para decirlo en términos liberales.
Ahora, la propuesta actual de reforma constitucional que busca el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile pretende, al igual que los anteriores intentos, el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas pero reafirma una “nación unitaria e indivisible”. Este es un dogma fundante  de la modernidad: una nación/un estado. No reconocerá derechos esenciales y es probable, que su estándar “democratizador” esté muy por debajo de lo que consigna el Convenio 169 de la OIT e incluso de los contenidos en la Ley Indígena de 1993. De esto nos enteraremos una vez que concluya en el parlamento su tramitación.
Lo que sabemos es que se han refundido tres propuestas: una de los senadores de derecha, una del Gobierno de Michelle Bachelet y otra de la Cámara de Diputados. Que sus objetivos principales, según la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, son: “otorgar reconocimiento constitucional a la existencia de pueblos indígenas en Chile, como demostración de respeto e interés de la nación chilena por sus tradiciones y su cultura y manteniendo la unidad de la nación; eliminar como factor de discriminación las consideraciones raciales o étnicas, y encomendar a la ley el desarrollo de lo que concierne a la protección de sus tierras y derechos de agua”.
El propio informe considera que uno de los aspectos más controversiales fue el contenido de la expresión “pueblos indígenas”, las modalidades del ejercicio de los derechos y el alcance de la protección de las tierras y las aguas. En el acuerdo, que deberá comenzar a discutirse a fines de octubre, se cuenta uno sobre el Artículo 4° de la Constitución que declara que Chile es una república democrática. Luego, el número 1) del artículo único reemplaza este artículo por otro, compuesto de tres incisos. El primer inciso afirma que la Nación chilena es una, indivisible y multicultural. 
Luego sitúa el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no en los “propios pueblos” sino en sus comunidades, organizaciones e integrantes. Esta frase buscaría dejar claro, a juicio de la Comisión, que: “son éstos los sujetos de derechos, pues los pueblos en cuanto tales no detentan tal calidad” y para coronar la torta con esta guida “el inciso tercero especifica que los pueblos indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”
Si la hipótesis que proponemos existe y vivimos una transición, una propuesta de reforma constitucional debiéramos juzgarla bajo ese lente. Si está a favor de la profundización y extensión de los derechos de los pueblos indígenas o si está en el camino contrario y reflota el sentido de invisibilidad y negación de las facultades propias de los pueblos para darse la administración y destinos que mejor prefieran.

Fernando Quilaleo A.
Periodista
Octubre 20, 22.40 hrs.





martes, 12 de octubre de 2010

El reconocimiento que desconoce (I/II)

La huelga de hambre concluyó.  Existe la necesidad de realizar evaluaciones de lo que significó el movimiento de protesta pacífica y por cierto obtener lecciones que le sirvan al país, sobre todo en su relación con los pueblos indígenas.
Por ejemplo el diputado UDI, Gonzalo Arenas: si uno “escucha”, lo que viene en el debate sobre los pueblos originarios, queramos o no, ya no será una discusión sólo sobre tierras, sino también sobre derechos. En ese escenario, como país debemos generar consensos mínimos sobre qué estamos dispuestos a entender por pueblo Mapuche, por Nación Mapuche, por Derechos Colectivos, por Autonomía, por Autodeterminación”. Enhorabuena el reconocimiento, pero el debate sobre derechos, y por cierto la libre-determinación, comenzó a fines de los años 80,  cosa que habría que recordarle, también, a Carlos Peña que lo anuncia como pan fresco siendo hilo negro. La posición del diputado es un espejismo en el desierto del reconocimiento.
En los años 80 se vino abajo el prestigio del indigenismo  y se abandonó la idea de la integración. Con el cadencia de un día lunes y bajas repercusiones. Al mismo tiempo fue creciendo la idea que los estados, con el modelo indigenista, más perjudicaban y destruían que protegían. La misma década perdida de los 80 postergó el debate debido a las dictaduras militares  que con represión, muerte y más de cien mil detenidos desaparecidos en América Latina ahogó los intentos de cambios.
Se retomó la discusión en los 90, la OIT luego de un largo y profundo debate aprobó el Convenio 169; el movimiento indígena se rearticuló ya sin el peso de la noche de los santuarios ideológicos y los vientos de democratización y la globalización abrieron las puertas a los movimientos sociales y nacionales: ambientalistas, feministas, indígenas, pacifistas, animalistas, entre muchos otros.
Las democracias latinoamericanas avanzaron empujadas por las movilizaciones de los pueblos indígenas a cambios profundos de su vieja concepción de estado unitario y monocultural. Desde cambios declarativos sin solidez institucional hasta transformaciones estatales que dieron paso a estados plurinacionales.
¿Y Chile? El país se fue enredando en una política de acuerdos nacionales. Sacrificó los caros ideales del retorno a la Democracia en medio de un extraño caldo de gobernabilidad y reformas. Los movimientos sociales fueron despojados de su dinámica transformadora, se instaló una democracia parlamentarizada y la equifinalidad del éxito económico fue el curriculum oculto de gobierno y oposición.
En ese contexto, la neutralización de la capacidad de acción del movimiento indígena, y muy en particular, de movimiento mapuche fue realizado con la premisa de “tierras por paz social” como lo confirmaron sin temores los centros de estudios de derecha.
Así toda búsqueda de reconocimiento fue un intento de control amparado en el  bien del otro y el bien común. Hecho persistente bajo todos los gobiernos democráticos. Recordemos que hace unos pocos meses se intentó instalar por decreto una política de reconocimiento sin participación de los pueblos indígenas. A la antigua. Esto es bueno para usted, bébalo. Le hará bien. Se le quitarán buena parte de los males que le afectan. Aún persisten voces del recetario magistral del dispositivo de poder que ahora por lo medios siguen agitando el frasco e invitando a beber la poción.
Se buscó, y se busca, levantar una política de reconocimiento diseñada y fabricada, por la institucionalidad a la medida del otro. Sumisión envasada  que lo que reconoce es la incapacidad del otro de darse asimismo una organización fundada en sus propias dinámicas orgánicas y propone, una vez más, desde afuera una estructura estructurada.  Y estructurante! escucho gritar a Pierre Bourdieu, desde una gaveta.
Es decir el reconocimiento frío de la existencia del otro sin ninguna posibilidad de tocar el estado orgánico institucionalizado.  Así se ofrece un reconocimiento que desconoce el capital social acumulado por los pueblos indígenas. Convirtiendo a los pueblos en simples andamios de la estructura de las relaciones en las que están inmersos.  Más aún se busca desde la institucionalidad un reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas  sin reconocimiento de sus derechos, sin derecho a manifestarse por lo que les conviene y, sobre todo, sin que esos cambios alteren de alguna manera al que viene a reconocer.
El derecho a decidir de los pueblos indígenas sobre  lo que les conviene fue sacrificado antes de esta dinámica de imposición. Les fue sustraído en el juego democrático al otorgar capacidad de negociación y representación a otros fuera de sí en tanto pueblos. 
Qué posibilidades tienen los pueblos indígenas de oponerse a este tipo de reconocimiento que desconoce y que  fue formulado en beneficio común.
Asistimos a un debate desfasado en dos décadas.. Por un lado la política de reconocimiento que reproduce la relación de dominación-sumisión y, por otro, los intentos de levantar un futuro distinto.  La discusión de hoy, al interior de los pueblos indígenas, es la discusión sobre el futuro, de lo que Carlos Peña hablará en 20 años más en la columna dominical. Es la discusión del país en el que se quiere vivir, no en el que se quiere ser vivido.
Sobre las posibilidades y alcances de esta discusión que se dará y de la sociedad que habremos de construir hablará la segunda parte de este comentario.

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Fernando Quilaleo A.
Octubre 11 de 2010.
20.30


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sábado, 2 de octubre de 2010

La Invención del Terrorismo: la obsesión compulsiva de los fiscales

La huelga de hambre de 36 presos políticos mapuche durante más de 80 días ha permitido solidaridad a ras de piso, solidaridad del pueblo descamisado, solidaridad de mate amargo correteado. Que hace tomar conciencia crítica a la ciudadanía. Que transforma los días rutinarios, hace saltar de la silla, coger una bandera y echarse a la calle.
Los presos no reclaman una libertad incondicional, sino un juicio justo y en sus justas demandas por las que llevan adelante este movimiento de casi tres meses de ayuno están a: Fin a la  Militarización de las comunidades. Presencia de grandes contingentes de Carabineros, uso abusivo del control de identidad e interrogatorios y registros excesivos, torturas, interrogatorios de niños, detenciones en recintos educacionales y procesamientos; Aplicación de la Ley que Determina y Sanciona Conductas Terroristas, 18.314; Doble enjuiciamientos por un mismo hecho, existiendo casos que se encuentran en investigación tanto en la Justicia Ordinaria como Militar; Régimen Penitenciario exigiéndose el respeto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Cualesquiera que se haya dado el trabajo de leer  los abusos y trasgresiones al debido proceso de las causas emprendidas en contra de los, en su mayoría jóvenes,  presos mapuches sabrá indignarse y actuar, como nos enseña Amnistía Internacional. Las denuncias de la defensa en contra de la Fiscalía por el uso abusivo de las facultades que le otorga la Ley son abundantes: todos los juicios amparados en testigos sin rostros, testigos además subsidiados por la Fiscalía, uso abusivo de la prisión preventiva como forma de castigo sin juicio, persecución de los abogados defensores; montajes para inculpar,  entre otros.
La sociedad puso en manos del Ministerio Público y de sus operadores, los fiscales, un instrumento poderoso y peligroso. Pero la Fiscalía es una institución apenas creada en la última década, Chile reformó su Justicia y creó un nuevo sistema procesal penal. Se dio un Ministerio Público encargado de perseguir los delitos, para evitarle a los jueces tener que ser ellos mismos  y ser la otra parte. Ese trabajo le correspondería a los novísimos fiscales. Ellos por sí y ante sí decidieron que a las protestas y movilizaciones mapuches debían aplicárseles la Ley Antiterrorista (LAT).
La LAT no busca reprimir el terrorismo, ella crear el terrorismo. Lo inventa para justificarse. Como en la sátira de José Saramago,  Ensayo Sobre  la Lucidez, el poder superado por un problema incomprensible del ejercicio democrático no encuentra más justificación que inventarse una historia y buscar culpables y para eso nada lo detendrá. Usará los medios de comunicación, la extorsión y la violencia desenfrenada. A su amenazado establecimiento opone la locura. En la novela del premio Nobel el poder hace explotar una estación del Metro y da muerte a 35 personas. Declara el Estado de Sitio en la Capital rebelde y decide abandonarla a su suerte y desorden. Pero mayor es la desgracia del poder: la ciudad no se desarticula y todo sigue adelante, a duras penas pero continúa, no necesita del poder. El Poder necesita justificarse, los ciudadanos no.
Los fiscales, y el Ministerio Público, no se han hecho responsables de la trasgresión de la confianza que la sociedad puso en sus manos. Han vulnerado la fe pública sobre la cual se funda el pacto social de la Justicia.
El Ministerio Público debe, con urgencia, analizar la actuación de sus investigadores y de su protocolo procedimental, conocido también como: criterios de actuación. No se puede poner en riesgo las libertades fundamentales, y los derechos que las viabilizan, por la desquiciada necesidad del poder de justificarse a sí mismo.
Foucault y Deleuze tenían razón, el dispositivo del poder genera instituciones para reproducirse. Autopoiesis. Dispositivo auto/re/productivo de control del otro que incluye discursos, instituciones,  decisiones, reglamentos, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, lo que se dice y lo que no. La agenda pública y la agenda de medios. Lo que vemos y lo que nos ocultan.  Pero también este dispositivo que prepara el camino para inventarse a sí mismo el terrorismo, ser los arquitectos y hacedores del “frankestein terrorista” que persiguen persiguiéndose ellos mismos.
Autoproducción de los fantasmas que serán perseguidos por ser los espectros de las pesadillas que necesitamos para probar que dormimos. Pero en ese ejercicio se devora por la cola. Los custodios de la justicia desgarran la imparcialidad porque no la ven enceguecidos en demostrar que deben encontrarla a como dé lugar. Echan a la caldera los maderos y las tablas del único barco en que nos trasportamos y del cual depende el viaje el de ellos y el nuestro.
La invención de la fiscalía del terrorismo que persiguen los hace ver su invención como una realidad fuera de ellos, que es alimentada y reproducida por los dispositivos del poder. Quizás no exista esa realidad fuera de ellos y sean ellos uno con el invento peligroso. Como dijo Córtazar en un palindrome, quizás debamos, Atar a la Rata.

Fernando Quilaleo
Octubre 1, 2010
23.30
PD: La huelga ha concluido en Concepción, Temuco y Valdivia. Se mantiene en Angol
02/10/10; 1.30 AM.
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miércoles, 22 de septiembre de 2010

Discriminación en dos palabras cortas: nuestros pueblos y la integración indígena

La primera palabra: NUESTROS proviene de la emoción y la segunda INTEGRACION de la racionalidad. La primera es romántica y la segunda ilustrada. Ambas discriminatorias, como intentaremos mostrar.
En las últimas horas de los largos 65 días de huelga de hambre que sostienen 34 comuneros mapuches aparecen voces amables que vuelven a invocar discursos emotivos y bien intencionados sobre el abandono de “nuestro pueblos originarios” y que abogan por la necesaria “integración indígena”.
La presidenta de la cámara de diputados, Alejandra Sepúlveda, al inaugurar la sesión Plena del Congreso de la República puntualizó "tenemos una deuda pendiente con nuestros hermanos mapuches. Ellos han conocido de la guerra y la violencia y creemos que ha llegado la hora de buscar avances y reformas más profundas que permitan resolver las demandas justas de nuestros pueblos originarios" (cursivas y negritas nuestras).
En la misma reunión de Congreso Pleno el Presidente Sebastián Piñera señaló: "No podemos dejar de reconocer que durante décadas y quizá siglos, hemos negado a nuestras comunidades de pueblos originarios las oportunidades necesarias para su progreso material y espiritual y para su plena integración a nuestra República”.
Nuestro, o nuestros, reconocen el género y pluralidad de una cosa poseída. Nuestros habla de unos varios que poseen otra cosa una. Pero son nuestras las conductas, erradas o no; son nuestras las opiniones descaradas o desinformadas. Nuestros los problemas insolubles o no.  Pero no son nuestros los pueblos indígenas ni sus comunidades. Quien habla desde la posesión habla desde el poder, desde la dominación, desde control político del otro, en este casos de los pueblos indígenas.
Hay una versión metafórica poética, nuestro queda bien para dos padres que hablan de sus hijos, o de dos monarcas que hablan de sus siervos de la gleba. Ahhhh, he aquí la figura semiótica de la sustitución. Aquello que es poseído, aquello que nos pertenece nos debe sumisión. Como el esclavo al amo, como el encomendado al encomendero, como el criado al señor de la casa. La emoción nos traiciona y nos desnuda, cierto Alejandra, cierto Sebastián? Pero no sólo la derecha habla así, se puede encontrar en discursos nobles y amistosos del desplegado abanico político criollo y farandulero; se encuentra sobre todo en el instante en que el desenfreno del romanticismo los turba.
Si una expresión es romántica, la otra es una consigna erudita y fraterna.
INTEGRACIÓN. Recuerdo a Jean Paul Sartre comentando la relación de Francia con Argelia, en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon: ellos, los blancos, Europa, Francia, el poder, la república dice “integra…” y los otros, los negros, África, Argelia, los míseros, los pueblos indígenas, en cualquier parte abren los labios y dicen “ción”. Un juego interminable.
Se llama colonización material e inmaterial.  Colonialismo de un imperio sobre otras muchas naciones. Pero también existe el dominio de un estado sobre  otras naciones indígenas en su territorio. Colonialismo interno de un grupo social por otro, un intelectual cumbre de América, Pablo González Casanova, lo inventó para dar cuenta de esa relación de poder de los unos (pocos) con los otros (muchos). Dirá  que el colonialismo interno es una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales distintos.
La integración fue la fórmula enarbolada por el indigenismo de los años cuarenta, y siguientes, para que los pueblos indígenas se hicieran sociedades modernas. Esos pueblos que viven en su atraso y que necesitan de nuestro “progreso material y espiritual”. Ese progreso que es desarrollo desigual y destructivo al que nunca se arriba, a ese que hay que rebautizar cada lustro porque queda corto de sostenibilidad, de sustento, de identidad y, muy en particular, de humanidad.  O aquellas culturas con dioses misóginos que contradicen los ideales paritarios de la espiritualidad indígena; dioses odiosos que te exilian del paraíso a un sendero de dolor y esfuerzo y no los dioses indígenas atrasados, padre y madre, que te legaron lo más hermoso que pudieron construir para ti porque te amaban: la Tierra: y te hicieron hermano de los árboles y los peces y las estrellas.
La integración, eso sí, busca superar las prácticas etnocidas de antaño. La integración busca sumar a los indígenas a la sociedad, que dejen atrás sus prácticas consideradas por el poder parte del atraso. Se busca un efecto de control social, más sutil, pero no menos efectivo: absorber y asimilar. Que los pueblos indígenas dejen atrás su cultura y su idioma; pero sobre todo su territorio y sus recursos naturales.
Un amigo habla de etnofagia. Digamos con él, etnofagia lingüística: expresiones como Nuestro Pueblos e Integración Indígena busca devorar lo que queda de indígena en nosotros. Como el ataque violento ya no es tolerado por la opinión pública nos proponen ahora dispositivos como la disolución gradual y la desarticulación cultural y espiritual. 
Estas dos categorías se destacan  entre muchas otras. Cuando son usadas por sus dueños no se reflexionan ni se explican, sus titulares suelen dejar pasar una excelente oportunidad de quedarse callados.



Fernando Quilaleo A.
Periodista.


Septiembre 15, 2010.
21.35 horas.