El reconocimiento que desconoce (II)

http://www.elciudadano.cl/2010/10/19/el-reconocimiento-que-desconoce-ii/

El reconocimiento que desconoce (II)

Dijimos antes que en esta segunda parte hablaríamos de los alcances del debate que tendrá lugar sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, desde las propuestas de las políticas de reconocimiento y las propuestas de la intelligentsia de los pueblos sobre el país en el que se quiere vivir.

Decíamos que los estados y los intelectuales en Latinoamérica, luego de 40 años de indigenismo, rompieron con esa lógica de acción del estado con los pueblos indígenas en la década de los 80. Se abandonó esa política pública que perseguía “traer a la modernidad” a los pueblos indígenas, pero en ese trayecto los indígenas debían abandonar sus prácticas antiguas subsistentes. Se pretendía que dejaran de ser lo que eran; ese fue el enfoque central del indigenismo.

En Chile, para entrar en materia, los pueblos indígenas fueron “traídos a la modernidad” por diversos caminos: en el caso mapuche por la invasión militar del Ejército a su territorio (1881-1883), en el caso aymara por la anexión y chilenización de post-guerra (1879);  los pueblos australes por el genocidio y el aislamiento (1884) y el pueblo Rapa Nui por el enclaustramiento forzado que los obligó a abandonar la constelación Maori (1888).

El siglo XX comenzó antes para los pueblos indígenas, siguiendo la lógica de Hobsbawm, no fue un siglo corto sino más bien un siglo largo; aunque al igual que en el de Eric, esta fue una edad extremizada. Quizás el siglo no termina aún para los pueblos indígenas y continúa moviéndose entre dos extremos. No termina, por un lado,  la insistencia terca en la “modernización” de los pueblos por parte de Estado que implica sumisión y abandono de sus particularidades culturales, pero sobre todo de su condición territorial y política. Por otro lado, la persistencia de los pueblos indígenas para sostener sus prácticas culturas, sus prácticas políticas, sus territorios, su universo simbólico y sus recursos de vida. Los gobiernos ya no promueven el asimilacionismo indigenista sino la integración, que es casi lo mismo salvo que en esta última versión se puede conservar ciertos rasgos culturales.

Antes de entrar en el debate sobre el reconocimiento constitucional que se debate en Chile,  aventuremos una hipótesis: asistimos en América Latina a un proceso de transición de la relación de los estados con los pueblos indígenas. Transición que irá desde un estado monoétnico a un estado plurinacional. Desde una sociedad discriminatoria a una sociedad de la diversidad. De un estado de sometimiento y modernización forzada de los pueblos indígenas a uno de respeto. De la negación de los derechos, a los derechos limitados por los dispositivos institucionales del poder para luego avanzar hacia el ejercicio pleno de la libre-determinación y la autonomía. Del mero reconocimiento del otro a la transformación de las bases que fundan la relación de Chile con los pueblos indígenas. Del derecho individual como centro del edificio social a la validación de los derechos colectivos.  Un nuevo contrato social con los pueblos indígenas, para decirlo en términos liberales.

Ahora, la propuesta actual de reforma constitucional que busca el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile pretende, al igual que los anteriores intentos, el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas pero reafirma una “nación unitaria e indivisible”. Este es un dogma fundante  de la modernidad: una nación/un estado. No reconocerá derechos esenciales y es probable, que su estándar “democratizador” esté muy por debajo de lo que consigna el Convenio 169 de la OIT e incluso de los contenidos en la Ley Indígena de 1993. De esto nos enteraremos una vez que concluya en el parlamento su tramitación.

Lo que sabemos es que se han refundido tres propuestas: una de los senadores de derecha, una del Gobierno de Michelle Bachelet y otra de la Cámara de Diputados. Que sus objetivos principales, según la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, son: “otorgar reconocimiento constitucional a la existencia de pueblos indígenas en Chile, como demostración de respeto e interés de la nación chilena por sus tradiciones y su cultura y manteniendo la unidad de la nación; eliminar como factor de discriminación las consideraciones raciales o étnicas, y encomendar a la ley el desarrollo de lo que concierne a la protección de sus tierras y derechos de agua”.

El propio informe considera que uno de los aspectos más controversiales fue el contenido de la expresión “pueblos indígenas”, las modalidades del ejercicio de los derechos y el alcance de la protección de las tierras y las aguas. En el acuerdo, que deberá comenzar a discutirse a fines de octubre, se cuenta uno sobre el Artículo 4° de la Constitución que declara que Chile es una república democrática. Luego, el número 1) del artículo único reemplaza este artículo por otro, compuesto de tres incisos. El primer inciso afirma que la Nación chilena es una, indivisible y multicultural. 

Luego sitúa el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no en los “propios pueblos” sino en sus comunidades, organizaciones e integrantes. Esta frase buscaría dejar claro, a juicio de la Comisión, que: “son éstos los sujetos de derechos, pues los pueblos en cuanto tales no detentan tal calidad” y para coronar la torta con esta guida “el inciso tercero especifica que los pueblos indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”

Si la hipótesis que proponemos existe y vivimos una transición, una propuesta de reforma constitucional debiéramos juzgarla bajo ese lente. Si está a favor de la profundización y extensión de los derechos de los pueblos indígenas o si está en el camino contrario y reflota el sentido de invisibilidad y negación de las facultades propias de los pueblos para darse la administración y destinos que mejor prefieran.

Fernando Quilaleo A.

Periodista

Octubre 20, 22.40 hrs.

El reconocimiento que desconoce (I/II)

La huelga de hambre concluyó.  Existe la necesidad de realizar evaluaciones de lo que significó el movimiento de protesta pacífica y por cierto obtener lecciones que le sirvan al país, sobre todo en su relación con los pueblos indígenas.

Por ejemplo el diputado UDI, Gonzalo Arenas: “si uno “escucha”, lo que viene en el debate sobre los pueblos originarios, queramos o no, ya no será una discusión sólo sobre tierras, sino también sobre derechos. En ese escenario, como país debemos generar consensos mínimos sobre qué estamos dispuestos a entender por pueblo Mapuche, por Nación Mapuche, por Derechos Colectivos, por Autonomía, por Autodeterminación”. Enhorabuena el reconocimiento, pero el debate sobre derechos, y por cierto la libre-determinación, comenzó a fines de los años 80,  cosa que habría que recordarle, también, a Carlos Peña que lo anuncia como pan fresco siendo hilo negro. La posición del diputado es un espejismo en el desierto del reconocimiento.

En los años 80 se vino abajo el prestigio del indigenismo  y se abandonó la idea de la integración. Con el cadencia de un día lunes y bajas repercusiones. Al mismo tiempo fue creciendo la idea que los estados, con el modelo indigenista, más perjudicaban y destruían que protegían. La misma década perdida de los 80 postergó el debate debido a las dictaduras militares  que con represión, muerte y más de cien mil detenidos desaparecidos en América Latina ahogó los intentos de cambios.

Se retomó la discusión en los 90, la OIT luego de un largo y profundo debate aprobó el Convenio 169; el movimiento indígena se rearticuló ya sin el peso de la noche de los santuarios ideológicos y los vientos de democratización y la globalización abrieron las puertas a los movimientos sociales y nacionales: ambientalistas, feministas, indígenas, pacifistas, animalistas, entre muchos otros.

Las democracias latinoamericanas avanzaron empujadas por las movilizaciones de los pueblos indígenas a cambios profundos de su vieja concepción de estado unitario y monocultural. Desde cambios declarativos sin solidez institucional hasta transformaciones estatales que dieron paso a estados plurinacionales.

¿Y Chile? El país se fue enredando en una política de acuerdos nacionales. Sacrificó los caros ideales del retorno a la Democracia en medio de un extraño caldo de gobernabilidad y reformas. Los movimientos sociales fueron despojados de su dinámica transformadora, se instaló una democracia parlamentarizada y la equifinalidad del éxito económico fue el curriculum oculto de gobierno y oposición.

En ese contexto, la neutralización de la capacidad de acción del movimiento indígena, y muy en particular, de movimiento mapuche fue realizado con la premisa de “tierras por paz social” como lo confirmaron sin temores los centros de estudios de derecha.

Así toda búsqueda de reconocimiento fue un intento de control amparado en el  bien del otro y el bien común. Hecho persistente bajo todos los gobiernos democráticos. Recordemos que hace unos pocos meses se intentó instalar por decreto una política de reconocimiento sin participación de los pueblos indígenas. A la antigua. Esto es bueno para usted, bébalo. Le hará bien. Se le quitarán buena parte de los males que le afectan. Aún persisten voces del recetario magistral del dispositivo de poder que ahora por lo medios siguen agitando el frasco e invitando a beber la poción.

Se buscó, y se busca, levantar una política de reconocimiento diseñada y fabricada, por la institucionalidad a la medida del otro. Sumisión envasada  que lo que reconoce es la incapacidad del otro de darse asimismo una organización fundada en sus propias dinámicas orgánicas y propone, una vez más, desde afuera una estructura estructurada.  Y estructurante! escucho gritar a Pierre Bourdieu, desde una gaveta.

Es decir el reconocimiento frío de la existencia del otro sin ninguna posibilidad de tocar el estado orgánico institucionalizado.  Así se ofrece un reconocimiento que desconoce el capital social acumulado por los pueblos indígenas. Convirtiendo a los pueblos en simples andamios de la estructura de las relaciones en las que están inmersos.  Más aún se busca desde la institucionalidad un reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas  sin reconocimiento de sus derechos, sin derecho a manifestarse por lo que les conviene y, sobre todo, sin que esos cambios alteren de alguna manera al que viene a reconocer.

El derecho a decidir de los pueblos indígenas sobre  lo que les conviene fue sacrificado antes de esta dinámica de imposición. Les fue sustraído en el juego democrático al otorgar capacidad de negociación y representación a otros fuera de sí en tanto pueblos. 

Qué posibilidades tienen los pueblos indígenas de oponerse a este tipo de reconocimiento que desconoce y que  fue formulado en beneficio común.

Asistimos a un debate desfasado en dos décadas.. Por un lado la política de reconocimiento que reproduce la relación de dominación-sumisión y, por otro, los intentos de levantar un futuro distinto.  La discusión de hoy, al interior de los pueblos indígenas, es la discusión sobre el futuro, de lo que Carlos Peña hablará en 20 años más en la columna dominical. Es la discusión del país en el que se quiere vivir, no en el que se quiere ser vivido.

Sobre las posibilidades y alcances de esta discusión que se dará y de la sociedad que habremos de construir hablará la segunda parte de este comentario.

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Fernando Quilaleo A.

Octubre 11 de 2010.

20.30



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La Invención del Terrorismo: la obsesión compulsiva de los fiscales

La huelga de hambre de 36 presos políticos mapuche durante más de 80 días ha permitido solidaridad a ras de piso, solidaridad del pueblo descamisado, solidaridad de mate amargo correteado. Que hace tomar conciencia crítica a la ciudadanía. Que transforma los días rutinarios, hace saltar de la silla, coger una bandera y echarse a la calle.

Los presos no reclaman una libertad incondicional, sino un juicio justo y en sus justas demandas por las que llevan adelante este movimiento de casi tres meses de ayuno están a: Fin a la  Militarización de las comunidades. Presencia de grandes contingentes de Carabineros, uso abusivo del control de identidad e interrogatorios y registros excesivos, torturas, interrogatorios de niños, detenciones en recintos educacionales y procesamientos; Aplicación de la Ley que Determina y Sanciona Conductas Terroristas, 18.314; Doble enjuiciamientos por un mismo hecho, existiendo casos que se encuentran en investigación tanto en la Justicia Ordinaria como Militar; Régimen Penitenciario exigiéndose el respeto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Cualesquiera que se haya dado el trabajo de leer  los abusos y trasgresiones al debido proceso de las causas emprendidas en contra de los, en su mayoría jóvenes,  presos mapuches sabrá indignarse y actuar, como nos enseña Amnistía Internacional. Las denuncias de la defensa en contra de la Fiscalía por el uso abusivo de las facultades que le otorga la Ley son abundantes: todos los juicios amparados en testigos sin rostros, testigos además subsidiados por la Fiscalía, uso abusivo de la prisión preventiva como forma de castigo sin juicio, persecución de los abogados defensores; montajes para inculpar,  entre otros.

La sociedad puso en manos del Ministerio Público y de sus operadores, los fiscales, un instrumento poderoso y peligroso. Pero la Fiscalía es una institución apenas creada en la última década, Chile reformó su Justicia y creó un nuevo sistema procesal penal. Se dio un Ministerio Público encargado de perseguir los delitos, para evitarle a los jueces tener que ser ellos mismos  y ser la otra parte. Ese trabajo le correspondería a los novísimos fiscales. Ellos por sí y ante sí decidieron que a las protestas y movilizaciones mapuches debían aplicárseles la Ley Antiterrorista (LAT).

La LAT no busca reprimir el terrorismo, ella crear el terrorismo. Lo inventa para justificarse. Como en la sátira de José Saramago,  Ensayo Sobre  la Lucidez, el poder superado por un problema incomprensible del ejercicio democrático no encuentra más justificación que inventarse una historia y buscar culpables y para eso nada lo detendrá. Usará los medios de comunicación, la extorsión y la violencia desenfrenada. A su amenazado establecimiento opone la locura. En la novela del premio Nobel el poder hace explotar una estación del Metro y da muerte a 35 personas. Declara el Estado de Sitio en la Capital rebelde y decide abandonarla a su suerte y desorden. Pero mayor es la desgracia del poder: la ciudad no se desarticula y todo sigue adelante, a duras penas pero continúa, no necesita del poder. El Poder necesita justificarse, los ciudadanos no.

Los fiscales, y el Ministerio Público, no se han hecho responsables de la trasgresión de la confianza que la sociedad puso en sus manos. Han vulnerado la fe pública sobre la cual se funda el pacto social de la Justicia.

El Ministerio Público debe, con urgencia, analizar la actuación de sus investigadores y de su protocolo procedimental, conocido también como: criterios de actuación. No se puede poner en riesgo las libertades fundamentales, y los derechos que las viabilizan, por la desquiciada necesidad del poder de justificarse a sí mismo.

Foucault y Deleuze tenían razón, el dispositivo del poder genera instituciones para reproducirse. Autopoiesis. Dispositivo auto/re/productivo de control del otro que incluye discursos, instituciones,  decisiones, reglamentos, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, lo que se dice y lo que no. La agenda pública y la agenda de medios. Lo que vemos y lo que nos ocultan.  Pero también este dispositivo que prepara el camino para inventarse a sí mismo el terrorismo, ser los arquitectos y hacedores del “frankestein terrorista” que persiguen persiguiéndose ellos mismos.

Autoproducción de los fantasmas que serán perseguidos por ser los espectros de las pesadillas que necesitamos para probar que dormimos. Pero en ese ejercicio se devora por la cola. Los custodios de la justicia desgarran la imparcialidad porque no la ven enceguecidos en demostrar que deben encontrarla a como dé lugar. Echan a la caldera los maderos y las tablas del único barco en que nos trasportamos y del cual depende el viaje el de ellos y el nuestro.

La invención de la fiscalía del terrorismo que persiguen los hace ver su invención como una realidad fuera de ellos, que es alimentada y reproducida por los dispositivos del poder. Quizás no exista esa realidad fuera de ellos y sean ellos uno con el invento peligroso. Como dijo Córtazar en un palindrome, quizás debamos, Atar a la Rata.

Fernando Quilaleo

Octubre 1, 2010

23.30

PD: La huelga ha concluido en Concepción, Temuco y Valdivia. Se mantiene en Angol

02/10/10; 1.30 AM.

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