jueves, 19 de julio de 2012

Cuatro casos de semantización de la violencia política de Relación Pueblo Mapuche-Estado de Chile




No menos de 120 allanamientos en los últimos 10 años han debido padecer las comunidades mapuches, acompañados de una extrema violencia. Ellos han sido denunciados no solo por los propios afectados sino por organismos internacionales como UNICEF, quien manifestó “su preocupación frente a diversas denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza, por parte de efectivos policiales, en procedimientos efectuados en comunidades mapuche y por el impacto de los mismos sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes” (27/4/2012).

 Si se comparan los allanamientos focalizados que realiza la misma policía uniformada en la persecución de otros delitos como el tráfico de drogas en poblaciones urbanas,  es notorio el estado de alteración social que producen estas acciones en las comunidades mapuches.



Estas acciones represivas son ya habituales y organismos internacionales dudan de su origen legal y de su eficacia policial. Más bien ha comenzado a asentarse una sospecha: la de una intencionalidad punitiva en estas acciones represivas. Es decir,  la presencia de Carabineros en las comunidades no persigue delitos ni imputados sino un amendrentamieto  a los liderazgos mapuches movilizados y a los sectores más radicales de la protesta social de los comuneros. 

Aparejado a este intento de “represión extendida” se ha ido estableciendo un sistema de semantización del conflicto Estado de Chile-Pueblo Mapuche; la semantización de esta violencia está instrumentalizada por los medios de comunicación en Chile. En particular en medios como La Tercera y El Mercurio. Estos dos medios monopólicos (duopolio suele decirse) operan interviniendo directamente en la arena política del país. Es así, con los propios actores políticos de decisión donde operan. Ambos medios han mantenido su grado de influencia gracias a la “escucha” que hacer de ellos los actores y actrices en el poder. Los sectores medios, por ejemplo, volcados hoy a las redes sociales dan preferencia a otras fuentes de conocimiento noticioso.

Veamos ahora cuatro casos de formas de alteración del discurso político en la relación del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche:


1)      Primer Caso: el conflicto y la invisibilización de la responsabilidad del Estado

 
 Por qué razón opera aún la influencia de estos medios de comunicación, sencillamente porque el poder económico y político (cuando no oligárquico y plutocrático) se deja influir por ellos, en ellos publican sus dichos y en ellos se releen como una sala de chat, como un hashtag exclusivo del poder. El duopolio hace gala de eso y lo utiliza en contra de los sectores sociales que buscan realizar transformaciones. Desde esas páginas, se traspasa a los editores de televisión y de ahí a la “verdad social”. Hace unos años, en un breve análisis de discurso reconocimos un juego semiótico de Invisibilización en los procesos de semantización mediática de la violencia política (2003). En los medios de marras se solía, y se usa, la figura de “Conflicto Mapuche”. Esta figura omite uno de los términos. Porque un conflicto se constituye en una relación deteriorada entre dos actores o dos fuerzas antagónicas, al menos. Cuando se habla de Conflicto Mapuche sólo se habla de un término y, entonces, quien es el otro con el cual existe una relación deteriorada? Aquí una gráfica que puede ser útil para la visualización de las relaciones

Relación:    A    <------------ >   B

Conflicto:  A    <----------///----------> B                          

Situación de Semantización:  Pueblo Mapuche    <----------->  X  (incógnita)

Relación Conflicto: Pueblo Mapuche   <-------///------->    Estado de Chile


Al decir Conflicto Mapuche lo que hace el “duopolio” y sus lectores-seguidores es reproducir una forma de semantización de la violencia política,  y como diría el semiólogo Eliseo Verón, “toda semantización resulta de dos operaciones fundamentales realizadas por el emisor del mensaje: selección, dentro de un repertorio de unidades disponibles, y combinación de las unidades seleccionadas para formar el mensaje”. Los medios desarticulan las relaciones conflictuadas para dejar, como dicen los abogados, "todo el peso de la prueba" en una de las partes, con lo que consiguen amplificar a todo proceso que tenga por actor al elemento cuestionado, en este caso "el pueblo mapuche", y adjudicarle esa singularidad al conjunto de todo y cada uno de los elementos.


En nuestro caso, lo que hacen los medios (a iniciativa del mass-duopolio) es ocultar a uno de los protagonistas de la relación conflictuada y devolver una visión distorsionada de la realidad y generando solo un responsable, obviando la responsabilidad del Estado de Chile.


2)      Segundo caso: el sistema político de la gobernabilidad

Si el conflicto estado de chile –Pueblo mapuche es un  conflicto esencialmente político, en que intervienen una serie de combinaciones de relaciones. Relaciones económicas,  culturales, identitarias, mediáticas, de poder, opresión y punitivas. En una palabra una serie combinada de relaciones de dominación política.

La política está ausente porque nuestro propio sistema nacional de distribución del poder ha entrado en una crisis profunda de legitimidad. Las críticas acceden desde todos los sectores de la ciudadanía. No por nada su nivel de confianza en la ciudadanía según diversas encuestas gira en torno al 20% y a un rechazo que supera el 60%. Sin embargo el sistema político nacional sigue amparado, ahora en una legislación dictatorial que permite se dice la “gobernabilidad”  más que la representación.

Así los diversos actores políticos nacionales, entre los que por cierto se cuentan los pueblos indígenas y, por cierto, el Pueblo Mapuche. Este sistema político de gobernabilidad heredado de la Dictadura y sobre el cual no ha habido ánimo de cambio sino más bien de sostenimiento, permite la existencia contenida y marginal de espacio críticos a su existencia. Pero en la periferia surgen expresiones cada vez más confrontacionales.

Cual es la reacción del sistema político: la criminalización de la protesta social y la judicialización de los conflictos. Sin embargo, los Tribunales son una alternativa cuando responden a las necesidades del poder como status quo y, por el contrario, cuando operan a favor de las comunidades amenazadas dejan de ser una alternativa. Véanse los casos de los conflictos ambientales en donde los tribunales fallan en contra de las grandes empresas o, más cercano a nuestro tema, en la aplicación del Derechos a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas contenidos en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de OIT. Aquí la Corte Suprema ha fallado a favor de las comunidades y ha obligado a las empresas a realizar consulta previa pero el Capital reclama q no posee claridad de las formas de Consulta. Lo que buscan es una legislación como la Ambiental, que aunque las comunidades se opongan en los procesos de participación ciudadana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto igual se lleva a cabo, contestando las observaciones. “creemos que debe haber un pronunciamiento por parte de la autoridad sobre la lógica en que se dará por cumplido el Convenio 169”, señalaron las Generadoras y en el Diario Financiero fueron más lejos y subtitularon “Aplicación del Convenio 169 de la OIT amenaza inversiones” (4/5/2012).

Los sectores políticos sistémicos son sensibles a estas opiniones, por diversas razones que no viene al caso detallar. Lo significativo es notar que el sistema político democrático ha sido sustituido en los hechos por un sistema que busca la estabilidad económico-política y la “gobernabilidad”. A ella responde más que a la necesidad del Bien Común o la Paz Social.

La política no se mixturizó de la rica tradición de gobierno indígena y, en particular, la mapuche. En este proceso de 200 años de república la política republicana mapuche fue dejada de lado y abandonada hasta el más extremo desconocimiento, pero hay chispazos y ciertas características se dejan ver todavía. Esas expresiones del pluralismo político no sistémico inquieta, tensiona y denuncia a la “gobernabilidad” de los consensos o los acuerdos. El sistema político nacional de la Gobernabilidad denuncia como “delincuentes comunes” a los mapuche en los años 90 (al Consejo de Todas las Tierras) y como “terroristas” a las comunidades en conflicto de la Coordinadora Arauco Malleco a partir del año 2000 (Salazar y Pinto, 1999).

Cómo es posible representar las características socio-culturales de los pueblos indígenas. El sistema político chileno, ya suficientemente consolidado no busca la expresión de estos y otros sectores sociales; sino la perpetuación de un modelo de consensos y gobernabilidad que margina y excluye a amplios sectores de la sociedad, entre ellos los pueblos originarios.


3)      Tercer caso de semantización: La invención del Terrorismo

La Fiscalía se ha inventado el terrorismo en un país donde no existe el terrorismo para justificar su persecución. En esta categoría han encajonado a los líderes mapuche y a otros dirigentes sociales. La Fiscalía, si bien contaba con una definición amplia del terrorismo, pero existe consenso societal que no existe terrorismo en Chile y más bien han sido los fiscales persecutores los que han generado dispositivos para hacer aparecer como si existiera, acusados incluso de montaje en casos como los comuneros mapuche, el joven paquistaní o el caso bombas. La concepción forzada que hace la fiscalía del terrorismo, amparada en la interpretación de la ley, los hace ver su invención como una realidad fuera de ellos, que es alimentada, y perseguida y reproducida por el mismo dispositivo (26/10/2010).

Ante cualesquier manifestación de la otredad marginada el sistema político de la Gobernabilidad no puede sino aplicar la violencia monopolizada por el Estado. Lejos del reconocimiento de la propia imposibilidad de solución, lo que hace mediante una semantización de esa violencia que el mismo sistema aplica es acusar a los otros de responder a esa violencia. Sin embargo esa respuesta seguirá creciendo y ganando legitimidad; a contramano la violencia monopólica del estado seguirá aumentando en una espiral sin fin.

Otros organismos internacionales ya lo habían advertido muchos años antes, por ejemplo Human Rights Watch “"Es profundamente lamentable que las autoridades hayan convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de contención a la violencia en el sur del país" (24/4/2004). Los gobiernos desoyeron las recomendaciones de un sinnúmero de observadores sobre la criminalización de la protesta social mapuche por ejemplo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. En su informe de 2003! el Relator Rodolfo Stavenhagen expresó su preocupación por la criminalización de las demandas mapuches e instó a las autoridades a buscar soluciones negociadas al problema amparado en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.


4)      Cuarto Caso de Semantización: la estructura compacta del pensamiento político mapuche

Entre muchas otras que sería posible referir, constatamos aquí tres operaciones discursivas que circulan en el contexto social mediático de las relaciones entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. No menos distintas son las circunstancias que les toca vivir a los pueblos aymara, kechwa y diaguitas con las mineras en el Norte, otros pueblos originarios y otros sectores sociales.

Tanto la negación de las responsabilidades de la sociedad chilena, como la creación ficticia de un enemigo poderoso para reprimir hasta el crimen y una política de consenso por la gobernabilidad que margina expresiones políticas críticas, son expresiones de este contexto comunicacional donde se mueve la opinión política de la sociedad, es decir es un particular  dispositivo de modelación/mediación mediante  el cual los ciudadanos y ciudadanas adquieren conciencia de los conflictos sociales y de las alternativas que pueden construir para resolverlos.

La sociedad chilena y, por cierto, los medios de comunicación suelen mirar como un todo compacto, monolítico y sin fisuras al movimiento mapuche. Pero esta quizás sea una forma más de semantización. Es plausible y, hasta, de sentido común que en un pueblo, por homogéneo que este sea, no es posible arribar a una sola postura común ni a un solo vehículo de transformación de sus condiciones, más aún cuando estas son de opresión. Hay cierta imposibilidad de expresión pública de estas diferencias en contexto de represión y pérdida de hegemonía. Es de mi interés mostrar aquí, en breve, las dos posturas fuertes dentro del programa político del movimiento mapuche: por un lado, la postura de llamada “autónoma de partidos” y, por otro lado, una “expresión participativa”.

La postura “autónoma de partidos” descree de las expresiones de participación política, de todo tipo de relaciones con el Estado. Plantea una dura crítica a sistema político partidario chileno y busca levantar una postura autónoma en tanto su relación a partidos, sistemas religiosos o culturales; consideran que han sido hasta ahora de sumisión y obediencia. Ha buscado formas de acción política directa y reconstitución de liderazgos ancestrales. En algunos casos se articuló en una expresión anti-capitalista, como es el caso de la Coordinadora Arauco Malleco (2012) o en la formulación de un “autogobierno mapuche del BioBio al Sur” en el caso del Consejo de Todas las Tierras (2009) o la “rearticulación como Nación desde los territorios ancestrales” en el caso de la Alianza Territorial Mapuche que ha llevado adelante los últimos procesos de movilización, como el de la comunidad Wente Winkul Mapu.

Por otro lado una serie de liderazgos políticos mapuches buscan generar cambios con propuestas mapuches que participan en los espacios estatales o sistémicos, e incluso desde el interior de las fuerzas políticas nacionales, intentando transformaciones a través de la incidencia y la participación política. Estas formas de expresión tienen ciertos avances en el nivel local a través de la elección de concejales y unos pocos alcaldes. En espacios como el Consejo Nacional de la Conadi, centros académicos; existe una presencia en el aparato interno de los partidos políticos y algunas expresiones mediáticas.

Ambas posturas coexisten y en algunos momentos establecen ciertos acuerdos en torno a objetivos comunes, como la defensa de la Tierra y el territorio, de la profundización de la identidad, de la conservación y rescate de las prácticas culturales, del uso y valoración del idioma, entre otras muchas. Sin embargo es en la relación con el otro nacional, con el estado de Chile, su sociedad y sus expresiones orgánico-institucionales donde se generan mayoritariamente los desacuerdos. En muchos casos son las organizaciones representantes de la primera tendencia “autónoma de partidos” las que aparecen como la representación más visible y legítima de las demandas y derechos de los pueblos indígenas. Incluso al interior de las mismas fuerzas políticas que no reconocen la necesidad de existencia de formas propia de enunciación política los pueblos indígenas ya sea autónoma de los partidos o ya sea en sus fuerzas partidarias.

Ambos sectores suman experiencias y desencuentros, al tiempo que el imaginario nacional las hace ver como una sola manifestación, de un solo pueblo, compacto e impenetrable, esta visión es una forma de adulteración del variado pensamiento político mapuche, una semantización que persigue, a nuestro juicio, una nueva forma de menosprecio.

Hay cierta coincidencia en los discursos sociales que la situación de las relaciones entre el pueblo mapuche y el estado de Chile debe tener una salida política. Sin embargo los partidos y el sistema político continúan alimentando lógicas de consenso y gobernabilidad más que de representación y transformación. En la posibilidad de abrir espacios de participación directa de estos sectores se juega buena parte del futuro de estas relaciones sociales en el país; no es muy claro aún si seguirán siendo de criminalización y represión o se buscará una alternativa de expresión, participación y cambios.

Fernando Quilaleo
Periodista.
30  junio. 17.30 hrs.



Referencias
-Fernando Quilaleo “el reconocimiento a la Autonomía: una posibilidad de superar la racionalidad wigka. En: Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Tendencias Internacionales y Contexto Chileno”. José Aylwin Editor. Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Temuco. 2003.  http://searchworks.stanford.edu/view/7540861
- Eliseo Verón:Ideología y comunicación de masas: La semantización de la violencia Política”, en VV.AA. Lenguaje y comunicación social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971 pg.8. Ver en: http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/veron.pdf. 

-Diario Financiero http://web.sofofa.cl/Noticias/tras-el-morro-comunidades-extenderan-consultas-a-tres-proyectos-mineros/
-Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile II, Actores, Identidad y Movimientos. Capitulo IV. “Las Etnias Indígenas”. LOM, 1999 Pg. 171.
 -http://www.elciudadano.cl/2010/10/26/28068/los-fiscales-y-la-invencion-del-terrorismo/
-http://www.biobiochile.cl/2012/04/24/unicef-preocupada-por-creciente-conflictividad-y-violencia-entre-estado-y-comunidades-mapuche.shtml
-  Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sobre su visita a Chile. E/CN.4/2004/80/Add.3 17 de noviembre de 2003.  http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/staven6.html
 - Fernando Pairican. 2012.  La Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) y su lucha contra el capital” http://www.werken.cl/?p=259

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